Por Carlos Tellería para Guardiana (Bolivia)
Lunes 4 de julio de 2022.- El domingo 5 de junio cumplió tres años, 19 días después de que su mamá Jhenny Villa López, de 21 años, fuera asesinada con un arma punzocortante por su pareja Sergio Erick Huallpa Quispe, de 29, en la comunidad de Ironcollo, municipio de Quillacollo, en Cochabamba. El feminicida fue condenado a 30 años prisión en el penal de El Abra. Dos semanas antes, ella tenía la nariz fracturada por un golpe del agresor.
El niño de tres años y su hermana de cinco hoy viven bajo el manto de su abuela materna Atiliana López Balderrama, quien contó a Guardiana que su familia no recibe ayuda del Estado para velar por las necesidades de alimentación, ropa y atención en salud de sus nietos huérfanos.
Pero sí gozan del apoyo de instituciones no estatales. La abuela explicó que, por ejemplo, la Fundación Voces Libres le ha estado ayudando económicamente e incluso le ofreció un préstamo de 2.000 bolivianos sin intereses para contar con un negocio de venta de comida, una actividad a la que se dedica desde hace tiempo. Jhenny tenía una tienda en Ironcollo en la que también vendía pollos a la broaster para mantener a su familia.
Pero Atiliana asegura que aún no ha calculado todavía cuánto dinero se necesita para mantener a los nietos: “No le puedo decir… compro a diario pan cinco bolivianos, un kilo y medio de carne para dos días. Sale nomás la platita. Compro leche con su mantequilla y mermelada para las wawas”.
Dos años de espera
Personas como Atiliana podían haber empezado a recibir ayuda económica desde hace dos años para mantener a los huérfanos de feminicidio si es que para entonces se hubiese aprobado un proyecto de Ley que entregó la Defensoría del Pueblo a la Asamblea Legislativa para la entrega de asistencia integral por parte del Estado a hijas e hijos víctimas de feminicidio menores de 18 años. Sin embargo, este proyecto fue desahuciado en dos oportunidades.
Como las y los legisladores no se ponían de acuerdo (se sabe que fue sobre todo porque se creía que no se tendría dinero para destinar a tal pago), la Defensoría planteó a los gobiernos municipales un proyecto de ley municipal modelo para que la atención integral llegue a los beneficiarios niñas, niños y adolescentes (NNA), eludiendo así la burocracia en el Órgano Legislativo nacional.
La asistencia no llega
La propuesta surtió efecto hasta cierto punto. El primer gobierno local en sumarse a la iniciativa fue el del Municipio de Uriondo (Chuquisaca), que promulgó la Ley Municipal 23/2020, el 25 de agosto de 2020. Luego se fueron adhiriendo otras 19 alcaldías. La última fue la del Municipio de Villa Vaca Guzmán del departamento de Chuquisaca, el 20 de junio de 2022.
Este avance es una victoria a medias porque esos gobiernos locales no están en condiciones de entregar la asistencia a niñas, niños o adolescentes (NNA) menores de 18 años, víctimas de feminicidio: tienen su ley promulgada, pero ninguno de los 20 tiene el reglamento aprobado y en 15 de ellos tampoco hay población beneficiaria, informó la Defensoría del Pueblo a este medio. Todos se comprometieron a elaborar registros de la población beneficiaria.
Ni Cochabamba ni Oruro
Hasta la fecha, ninguno de los 48 gobiernos municipales de Cochabamba tiene un solo municipio que hubiera promulgado la ley autonómica en beneficio de las niñas, niños y adolescentes huérfanos por casos de feminicidio. Similar situación se presenta en los 35 municipios del departamento de Oruro.
La Defensoría del Pueblo, en junio pasado, informó que se realizan gestiones con más de 153 alcaldías, de las más de 339 que existen en el país.
Según datos de la Fiscalía General del Estado, Cochabamba es el departamento que se ubica en los primeros lugares en la estadística de los feminicidios: en 2020 ocupó el segundo puesto con 19 casos; en 2021, pasó a la tercera posición con 15 y, en los primeros seis meses de 2022, volvió a la tercera ubicación con ocho casos.
En cambio, Oruro ocupó el cuarto lugar en 2020 y 2021, con 13 y 10 feminicidios, respectivamente. Entre enero y junio de este 2022 no tiene registrado ni un solo caso.
¿Por qué no hay reglamentos?
La intervención de la Defensoría del Pueblo ahora apunta a trabajar en la implementación de las leyes municipales con un reglamento modelo y la asistencia técnica para la organización de un registro, diseño y ejecución de la política integral. En una primera etapa trabajó en la socialización de la norma. Se ha trabajado con 154 gobiernos municipales.
En respuesta a un cuestionario, la Defensoría explicó a Guardiana que en muchos municipios priorizaron temas relacionados con la pandemia. Y al momento de elaborar el reglamento tropezaron con limitaciones técnicas porque que es la primera vez que como gobierno municipal tienen que tomar medidas como el registro, acreditación y supervisión de la situación legal de la población beneficiaria para la entrega de la asistencia económica y alimentaria, y otras medidas como descuentos en impuestos municipales, en el servicio de agua potable, alumbrado público y otros.
Con o sin sentencia ejecutoriada
Una diferencia sustancial existe entre el proyecto de ley entregado a la Asamblea Legislativa y el proyecto planteado a los municipios. En el primero se señala que la noma será aplicable para las hijas e hijos víctimas de feminicidio cuando su progenitor cuente con sentencia condenatoria ejecutoriada como autor, cómplice y/o instigador del delito contra la mujer asesinada.
En cambio, si bien en el segundo se dispone que la asistencia será entregada a las hijas e hijos de agresores con sentencia condenatoria ejecutoriada, también abre la posibilidad de que tal ayuda sea entregada en caso de que el progenitor o responsable del delito todavía se encuentre procesado, sin condena.
Vacío en la Ley 348
El feminicidio de la periodista Hanalí Huaycho el 11 de febrero de 2013 fue la gota que colmó la paciencia en cuanto a la violencia hacia la mujer. Las autoridades ejecutivas y legislativas de entonces apuraron el paso y en menos de un mes, el 9 de marzo, ya estaba promulgada la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348).
Esta norma toma en cuenta la situación de los huérfanos que dejaban los feminicidios, pero no hace referencia directa a un apoyo integral:
Artículo 36. (Protección a niñas y niños). Si a consecuencia de un delito de feminicidio cometido por el cónyuge o conviviente, quedaran hijas e hijos menores de edad huérfanos, éstos serán puestos de inmediato bajo custodia de los abuelos u otro familiar cercano por línea materna, con el acompañamiento de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en tanto se establezca la guarda legal, debiendo acceder toda la familia al sistema de protección de víctimas y testigos del Ministerio Público y al sistema de atención que esta ley prevé.
Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348)
Propuesta de la Defensoría
Este vacío llevó a la Defensoría del Pueblo a presentar una propuesta. En julio de 2019, entregó a la Asamblea Legislativa el Proyecto de Ley de Medidas de Asistencia Estatal Integral para Hijas e Hijos Víctimas de Feminicidio. Este documento no fue aprobado por los legisladores desde entonces. En abril de 2021 hubo otro intento para que ingrese en agenda, pero también fracasó.
Pero gracias a gestiones realizadas por la diputada del Movimiento al Socialismo (MAS), María Alanoca Tinta, en marzo de este 2022 se consiguió que el proyecto vuelva a ser tomado en cuenta. Puede leer la solicitud aquí.
La Defensoría del Pueblo informó el 6 de abril de 2022 que la propuesta se encuentra en tratamiento en la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados.
Guardiana intentó vanamente contactarse con la presidenta de dicha comisión, Lidia Tupa. Incluso dejó mensajes en su página de Facebook, por donde ella habitualmente hace conocer sus tareas legislativas. No hubo respuesta.
Beneficios en las leyes
El proyecto de ley preparado por la Defensoría incluye una serie de beneficios:
- Entrega de un bono económico equivalente al 20 por ciento del salario mínimo nacional para cada hijo o hija víctima de feminicidio, menor de 18 años.
- El acceso y permanencia en el sistema educativo a través de la implementación de becas y seguimiento psicopedagógico del desenvolvimiento académico desde el Ministerio de Educación.
- Inamovilidad laboral en el ámbito público y privado de las personas que tengan responsabilidad legal de cuidado de niñas, niños y adolescentes víctimas de feminicidio.
- Descuentos en las tarifas de servicios públicos de energía eléctrica, agua y gas domiciliario y en las tarifas de transporte público interdepartamental terrestre, férreo y aéreo.
- Subsidio de asistencia al desarrollo nutricional con la entrega de alimentos sanos y suficientes distribuidos de manera mensual.
- Se dispone que de forma bimestral, la Defensoría de la Niñez de los municipios realicen la valoración y seguimiento psicosocial de las hijas e hijos de víctimas de feminicidio.
La propuesta modelo para los gobiernos municipales incluye lo siguiente:
- Asistencia económica mensual del 20 por ciento del salario mínimo nacional para cada hijo o hija menor de 18 años.
- Asistencia alimentaria mensual con la entrega de un paquete de alimentos al mes.
- Promover la inserción laboral de las y los responsables de las y los hijos de víctimas de feminicidio.
- Descuento del 20 por ciento en impuestos de vehículos e inmuebles.
- Se establecerá la exención de impuestos, tasas y patentes municipales a las y los responsables de los niños y adolescentes.
- Descuento del 20 por ciento en el pago de servicios municipales de agua potable, alumbrado público del inmueble y otros a la población beneficiaria y a las personas responsables.
Mas de 500 huérfanos en 6 años
Un cuadro elaborado por la Defensoría, sobre la base de datos proporcionados por el Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, la Coordinadora de la Mujer e investigaciones independientes da cuenta de que entre 2016 y mayo de 2022 han sido registrados 528 niños, niñas y adolescentes (NNA) víctimas de feminicidio.
Se aclara que del seguimiento realizado en notas de prensa hasta el 17 de junio se tiene un total de 48 feminicidios y 55 hijas e hijos víctimas de este delito.
Si algunos o algunas de esas víctimas cumplieron 18 años ya no podrán recibir la asistencia prometida, advirtió la Defensoría.
La vida continúa…
La abuela Atiliana dice que no conoce de las iniciativas que aguardan la voluntad de los legisladores nacionales ni de los gobiernos municipales para ayudar en la crianza de los nietos que hoy están a su cargo, con ayuda de su familia.
Recuerda que también debe pagar 700 bolivianos mensuales por el alquiler de la vivienda que ocupan en la zona Ironcollo Norte. A esto hay sumar entre 80 y 90 bolivianos por la factura de luz, y otros 20 por el agua.
Mientras tanto los hijos de Jhenny tratan de salir adelante. El niño de tres años no se da mucha cuenta de lo que ha pasado. Resultó ser el enfermizo de la familia. En cambio su hermana de cinco años recibe atención psicológica en la Defensoría de la Niñez de Quillacollo, una vez por semana. Es que la pequeña fue testigo de la violenta muerte de su mamá, acuchillada por su pareja 13 veces y tenía además un corte en el cuello.
Suele ir los días martes, pero una vez faltó a la cita con la psicóloga porque estaba con dolor de estómago. “No puede olvidar la chiquita, siempre habla de su mamita, todos los días habla”, cuenta doña Atiliana.
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