A pesar de que el diagnóstico de crisis insostenible del sistema de justicia es ampliamente compartido por los actores nacionales y organismos internacionales especializados, la reforma judicial continúa siendo uno de los desafíos elusivos que el sistema político le adeuda a la democracia boliviana.
A nivel externo, es necesario recordar que en los últimos dos años diversos organismos internacionales y no gubernamentales han desarrollado informes sobre la situación de derechos humanos en Bolivia. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y su GIEI-Bolivia, además del reciente pronunciamiento del Comité contra la Tortura de la ONU, así como reportes independientes de Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional han reiterado su preocupación sobre la falta de independencia y autonomía del Órgano Judicial y del Ministerio Público, recomendando todos llevar a cabo una reforma urgente del sistema de justicia, a fin de garantizar su independencia y el respeto al debido proceso.
En febrero tendremos la visita oficial del Relator Especial de Naciones Unidas sobre Independencia de los Jueces y Abogados, Diego Garcia Sayán, quien tiene el mandato de elaborar un Informe sobre la situación de la independencia judicial en Bolivia, conforme los criterios establecidos en los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura adoptados por las Naciones Unidas en 1985.
A nivel interno existe también una amplia coincidencia sobre la cuestión judicial. En el debate electoral previo a las Elecciones Generales de octubre del 2020, un aspecto donde hubo consenso transversal entre los candidatos presidenciales fue en la necesidad de una reforma profunda del sistema de justicia. Las tres organizaciones políticas que tienen hoy representación en el Legislativo se pronunciaron a favor de revisar el sistema de elección por voto popular establecido para la elección de las más altas autoridades judiciales.
Luego, una de las premisas que anunció el Gobierno del presidente Luis Arce en sus inicios fue “la transformación de la justicia para que esta sea independiente al servicio de la población”. Para eso el Ministro de Justicia identificó tres temas prioritarios que requieren de una reforma constitucional: 1) garantizar que las altas autoridades judiciales sean electas de forma transparente y basadas en mérito; 2) rediseñar el Tribunal Agroambiental, y c) revisar el rol del Consejo de la Magistratura.
Al efecto, en noviembre de 2020 el Ministro de Justicia conformó una comisión plural de asesoramiento, integrada por 11 juristas con destacadas credenciales profesionales, encomendándoles la misión de elaborar una propuesta de reforma del sistema de administración de justicia, que sirva de base para los consensos políticos necesarios para viabilizar un proceso de reforma parcial de la constitución. Sin embargo, esta iniciativa naufragó por la falta de apoyo político y cuestionamientos que vinieron desde el interior del propio partido de gobierno.
Al poco tiempo, se anunció también el envío al Legislativo de cinco proyectos de leyes de emergencia en materia judicial, con reformas a la justicia constitucional, Consejo de la Magistratura, Derechos Reales, adopción de menores y carrera judicial, que no han sido siquiera considerados.
Posteriormente, el Ministro de Justicia y Transparencia esbozó una propuesta basada en seis ejes para la reforma judicial: el balanceo del conflicto, sistema de acceso a la justicia, carrera judicial, soluciones TIC, desarrollo normativo y transparencia institucional. Mientras se socializaban esas propuestas, el Ejecutivo presentó el Proyecto de Ley 212 para Garantizar el Acceso y Administración de Justicia Pronta, Oportuna, Gratuita y Transparente, con Independencia y Autonomía”, planteando varias modificaciones a la Ley de Órgano Judicial, así como incluyendo la participación del Ejecutivo en los procesos de designación de algunos funcionarios judiciales.
Por otra parte, desde la sociedad civil, un grupo plural de 10 juristas independientes, integrados por académicos, activistas de derechos humanos, mujeres y representantes indígenas presentaron públicamente una propuesta de reforma constitucional del sistema de justicia, convocando a la ciudadanía a impulsar una iniciativa popular para que esta propuesta sea aprobada por referéndum constitucional.
Por último, el Ministro de Justicia ha comunicado la conformación de un grupo de trabajo integrado por tres expertos internacionales de gran trayectoria en la región, que darán recomendaciones y orientaciones para avanzar en este proceso. Asimismo, se ha anunciado la convocatoria a una próxima Cumbre Nacional de Justicia. Si bien, todo espacio de diálogo democrático es positivo, este mecanismo está desgastado a la luz de los resultados de las cumbres previas, cuyas conclusiones no siempre se han cumplido.
Resulta paradójico que exista tan amplio consenso político sobre la necesidad de la reforma, preocupación externa, apoyo de la cooperación internacional, propuesta ciudadana y demanda social, sin embargo y pese a estas condiciones no se logra avanzar en la construcción de una hoja de ruta o agenda mínima para viabilizar la esperada reforma de la justicia.
Al parecer, los acuerdos que se requieren no son solamente en el qué reformar, sino principalmente en el cómo. La clave está en diseñar la gobernanza de la reforma, que incluya aspectos críticos sobre quién lidera la reforma, quién facilita los consensos y cómo se articulan las visiones de todos los actores, con sentido plural e inclusivo; que establezca compromisos, pero también metas con indicadores concretos y su mecanismo de evaluación y seguimiento; además, que reciba el soporte técnico, profesional e independiente necesario para construir una política de Estado de largo plazo.
La crisis judicial es de tal magnitud, que no se resuelve con reformas parciales o iniciativas reactivas e intermitentes, se debe acometer con decisión una reforma profunda que permita recuperar la agenda de independencia, transparencia, probidad y ética judicial, que hoy se constituye en el corazón de la reforma. Sin esto, no serán sostenibles ni duraderas todas las iniciativas que se propongan.
Ramiro Orías es abogado y Oficial de Programa Sénior de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF). Las opiniones del autor son de índole personal y no comprometen a las instituciones a las que pertenece.
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