Hoy llega marcha indígena a destino final para reclamar deudas pendientes

Por Marco A. Loayza Cossío y Guardiana, y fotos de Yolvik Chacón Valero (Bolivia)

Miércoles 29 de septiembre de 2021.- Hoy los más de 300 marchistas que un 25 de agosto de este año partieron a pie desde Trinidad en el Beni estarán pisando la plaza 24 de Septiembre de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, destino final de esta movilización. En el día 36 de la caminata, la movilización ha llegado a la capital cruceña, donde se hará conocer al Gobierno un pliego de más de una decena de puntos, los cuales no los terminaron de pulir totalmente ayer; aunque se sabe qué temas figuran en su lista como el avasallamiento de territorios, salud, educación, representación indígena a nivel político y la anulación de leyes y decretos que perjudican no solo a los indígenas de tierras bajas, sino que están afectando de manera significativa al medio ambiente del que viven todas y todos los bolivianos. La noche del miércoles, niños, mujeres, hombres y adultos mayores durmieron en la Universidad Nacional Ecológica. A esta forma de protesta la bautizaron este año como "Gran Marcha de los Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonia de Bolivia".

Siempre quedarán en los albores de la historia la primera marcha de 1990 por la “Dignidad y el Territorio” que contenía, entre sus demandas, la realización de una Asamblea Constituyente que refunde el país con la participación de los pueblos indígenas, y la octava, aquella que fue reprimida con dureza el año 2012 en Chaparina y marcó un antes y después en la presidencia de Evo Morales Ayma y el Movimiento al Socialismo (MAS).

A pesar del error cometido en esa oportunidad, poco se ha aprendido y avanzado en el respeto a los pueblos indígenas, principalmente del Oriente, Chaco y la Amazonia. Se vuelve a escuchar en sus demandas el tema de tierra y territorio, agregando la defensa de sus recursos naturales renovables y no renovables, y su propia identidad y cosmovisión.

Estas reivindicaciones desde un punto de vista objetivo son completamente válidas. Si bien en Bolivia se han titulado más de 268 territorios indígenas, 58 en tierras bajas, hay una afectación directa a estos, con el añadido de que muchos se encuentran en áreas protegidas y parques nacionales que, dada la política extractivista implementada con mucha fuerza desde hace una década aproximadamente, nos muestra un panorama sombrío cuyo desenlace puede ser la extinción de muchos pueblos y naciones indígenas originarias.

Cooperativas depredadoras con beneficios

Veamos el sector minero, donde la política gubernamental se ha centrado en el sector cooperativista y no en el estatal, otorgando facilidades, apoyo, fondos, incentivos y participación directa en instancias gubernamentales. Las cooperativas actualmente no pagan impuestos, solo regalías.

La mayor parte de la minería aurífera en Bolivia estaría promovida por estas cooperativas (97% de producción y 90% de mano de obra). Solamente el 15% de estas son legales (1.400) y el 85% restante realiza actividad irregular sin autorización ni medidas de cuidado ambiental.

Se estima que los ingresos de la minería legal rondan los 1.800 millones de dólares anuales; sin embargo, como se dijo, no pagan impuestos, solo regalías que rondan los 30 millones de dólares al año. Gozan de múltiples subvenciones y beneficios de parte del Estado, con un alto peso político por su gran capacidad de convocatoria y movilización, así como presión a las estructuras gubernamentales en desmedro del medio ambiente y de los derechos del resto de la sociedad. 

La contaminación provocada por mercurio que utilizan estas cooperativas está ocasionando daños a la población indígena que no tiene relación con la minería (Lecos, Mosetenes, T’simanes, Uchupiamonas, Tacanas). Estudios recientes muestran que las mujeres Essa Ejja tienen niveles de mercurio 7,6 veces por encima de los valores admitidos por la OMS/OPS.

De la misma manera, afecta a grandes porciones de áreas protegidas como el Madidi, uno de los ecosistemas más diversos del planeta.

No es todo, la minería aurífera cooperativista, de acuerdo al experto Héctor Córdova, tiene un efecto directo en el cambio de cultura, de objetivos, ambiciones “que hacen desaparecer, en muchos casos, la esencia colectiva de la comunidad”, aspecto que nos muestra una especie de neocolonización, que rompe las bases fundamentales y la cosmovisión de pueblos indígenas.

Otro ejemplo lo tenemos en la explotación del Mutún que, si bien por años se ha intentado y hasta ahora no se ha logrado, de acuerdo al CEDIB, su desarrollo tendría impactos ambientales en áreas protegidas cercanas como San Matías, Otuquis, Kaa Iya y Tucabaca, y en una región tan importante y frágil como es el Pantanal Boliviano.

Explotación petrolera

En ese mismo sentido va la explotación petrolera. En el marco de la Ley 3058, se otorga a YPFB  “prioridad y de manera directa“ áreas reservadas para que por sí o en asociación realice en ellas actividades petroleras, muchas de ellas en áreas protegidas y, por supuesto, territorios indígenas sin necesidad de procesos de licitación, ofreciendo incentivos económicos y condiciones de recuperación acelerada de inversiones para que las empresas privadas las exploren y luego las exploten en asociación con YPFB. Es así que esa entidad tiene 98 áreas petroleras que se superponen en 11 territorios protegidos, en ese sentido, la explotación al más puro estilo neoliberal que tanto se criticaba actualmente se ha profundizado, además con mayor hipocresía.

De acuerdo a información del Sernap, se calcula que dentro de las 22 áreas protegidas de interés nacional, viven aproximadamente 220.000 habitantes de pueblos indígenas originarios, compatriotas a los cuales las actividades mineras e hidrocarburíferas afectan su forma de vida y sus medios de subsistencia en su cosmovisión, condenándolos a salir de sus territorios o a abandonar sus formas tradicionales.

Esta especie de neocolonización usa algunas de las estrategias de siglos pasados, donde se presiona primero con prebendas a algunos miembros de pueblos indígenas, se los divide como recién ocurrió con el pueblo Mosetene en la zona norte del departamento de La Paz, donde una empresa china impulsó problemas internos a cambio de dinero y la apertura de caminos para sus productos agroecológicos, todo bajo la mirada cómplice de entidades gubernamentales que dieron concesiones mineras en el sector que es un Territorio Colectivo de Origen. Obviamente, si el pueblo indígena se resiste, seguramente se pasará a otro tipo de presiones.

El agronegocio

Ni qué decir de la vulneración de territorios indígenas por parte del agro negocio que el Gobierno Nacional y el sector agroempresarial impulsan: la agricultura soyera, la exportación de carne vacuna a China y la producción de agro combustibles (etanol y biodiesel). Sin duda, el agronegocio boliviano se constituye en una de las mayores megainversiones que impactan sobre la vida y territorios de los pueblos indígenas, particularmente de las comunidades indígenas de las tierras bajas, especialmente ayoreas, según Fundación Tierra, que además agrega en un reciente estudio los siguientes datos relevantes:

“Dentro de la frontera agrícola hemos identificado la existencia legal de 1.468 comunidades que juntas ocupan 2,4 millones de hectáreas. La mayoría son comunidades campesinas o interculturales (1.044) reconocidas legalmente en el marco de la ley de tierras de 1996 (Ley INRA), otras son comunidades de las colonias campesinas (142) fundadas en el marco de los planes de asentamientos humanos de la Reforma Agraria de 1953 y, por último, las comunidades indígenas de tierras bajas (282) tardíamente reconocidas por el Estado y mayormente en las zonas de ampliación de la frontera agrícola. Sobre todo, las comunidades de la 'zona núcleo', y entre ellas mayormente las comunidades indígenas, son las más afectadas por el despojo de sus tierras para el cultivo de soya transgénica. No es un proceso violento de despojo y expulsión, sino mediado por mecanismos de mercado y uso del poder económico. Los indígenas ceden sus dominios territoriales en forma de alquiler de tierras o pagos por el uso de la tierra. Los inversores expanden su presencia deforestando más tierras, controlando más comunidades, adoptando acuerdos contractuales con familias en lugar de la organización comunal y finalmente, mediante la compra-venta de tierras a pesar de que ello es ilegal en Bolivia”.

Fundación Tierra

Vulneración de derechos colectivos

Un elemento de enorme relevancia se presenta en el hecho de que todas estas actividades de explotación vulneran un derecho colectivo presente en la normativa internacional y nacional de derechos humanos: la consulta previa libre e informada. En ningún caso se observa que se cumpla la misma. El articulo 30, numeral 15, de la Constitución Política del Estado señala claramente uno de los derechos de los pueblos indígenas:

Los pueblos indígenas tienen derecho “a ser consultados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan”.

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia

De la misma manera se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos al señalar en el caso del Pueblo Saramaka contra Surinam: “[…] cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que tendrían un mayor impacto dentro del territorio Saramaka, el Estado tiene la obligación, no solo de consultar a los Saramakas, sino también debe obtener el consentimiento libre, informado y previo de estos, según sus costumbres y tradiciones”.

Como se puede observar, la situación por la que están atravesando los pueblos indígenas, principalmente de tierras bajas, no es fácil. Están siendo afectados por diversos frentes: minería, hidrocarburos, agronegocio, explotación maderera, megaobras y las comunidades interculturales. Estas son parte de un debate pendiente, puesto que la presencia de los anteriormente denominados “colonizadores”, también es un factor de riesgo para los pueblos indígenas originarios, bajo esa artificial conceptualización que ha realizado la Constitución Política del Estado, de “pueblos indígenas originario campesinos” es un elemento a ser tomado en cuenta y del que poco se discute, y está presente ahora en las causas de la actual movilización: el avasallamiento de tierras por parte de neocolonizadores con la aquiescencia del INRA.

Por desgracia, las organizaciones indígenas y originarias se encuentran divididas. En tanto esto ocurra, la agenda de sus reivindicaciones quedará subordinada a otras de tipo partidario que les son ajenas y, por lo tanto, el tema de la protección de sus territorios y su forma de vida seguirá siendo una deuda pendiente del Estado boliviano para cumplir lo que señala la Constitución y la normativa de derechos humanos. Esperemos que la marcha indígena que llega a Santa Cruz permita poner en la agenda pública los temas fundamentales antes analizados, antes que otros con los que se está intentando desmerecer su legitimidad y sus reclamos.