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Amparo Canedo, Guardiana y fotos El Deber (Bolivia)

Martes 28 de julio de 2020.- El 10 de marzo, Covid-19 se presentó en Bolivia y adelantó el futuro de los periódicos para obligarles a informar únicamente mediante sus web desde el 22 de marzo cuando empezó la cuarentena y los diarios ya no pudieron circular en papel. Quienes toman decisiones en los medios (y no únicamente en los impresos) mandaron a su casa a periodistas, a unos de vacaciones y a otros definitivamente. Y no solo disminuyó drásticamente la gente de las calles, sino también la publicidad.

Los medios, pero sobre todo los periódicos, ya estaban en esa fecha muy maltrechos. Más de uno venía de una guerra económica declarada por el Gobierno del MAS. Este les había quitado la propaganda y/o publicidad como castigo por hacer notar deficiencias o denunciar casos de corrupción. A ello se sumó la crisis política y social de octubre y noviembre del año pasado. En marzo de este año, sobre mojado llegó Covid-19 para desatar una tormenta.

Un mes después del inicio de la cuarentena en Bolivia, el 22 de marzo, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) advirtió el 20 de abril que los diarios en Bolivia estaban al filo del colapso.

Han pasado tres meses de esa advertencia, ¿cómo están ahora?, se le preguntó al presidente de la ANP, Marco Dipp: “El colapso sobre el que advertí al hacer una gestión ante el Gobierno ya ha comenzado a producirse y es inminente. No sé si vaya a tener reversa en muchas de las empresas. Cualquier día despertaremos con la noticia de que alguno de los medios decidió cerrar sus puertas”.

La ANP, fundada en 1970, representa básicamente a periódicos (algunos creados hace más de 100 años y otros hace 10). Estos son: Correo del Sur (Sucre), El Deber (Santa Cruz), El Día (Santa Cruz), El Diario (La Paz), El Potosí (Potosí), La Palabra del Beni (Beni), La Patria (Oruro), Los Tiempos (Cochabamba) y Opinión (Cochabamba), la Agencia de Noticias Fides (ANF) y las revistas América Economía y Energía Bolivia. La Razón no figura porque durante el Gobierno de Evo Morales decidió abandonar la ANP.

¿Gobierno de Áñez igual que el de Evo?

El presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, Pedro Glasinovic, cree que el Gobierno actual transitorio también tiene sus medios preferidos, que son los que no hacen críticas.

"Este gobierno –explicó Glasinovic a Guardiana– actúa igual (al anterior). Discrimina la oferta publicitaria a favor de medios que le son aliados de alguna manera, que replican la agenda gubernamental y no son críticos al Gobierno. Hay una cadena de televisión nacional que tiene más publicidad. Ha desaparecido la pauta para medios que el Gobierno los considera chicos. Esa es una visión obtusa porque desde el análisis no hay medio chico, cada medio tiene un público determinado. Por ejemplo, en una radio provincial, los receptores creen en ese medio porque hay una apropiación del medio. Por tanto, ese análisis está errado absolutamente”.

En los primeros seis meses de gestión de la actual presidenta Jeanine Áñez, el 96,59 por ciento de la publicidad estatal fue destinada a canales de televisión según una publicación de Los Tiempos del 17 de mayo (ver infografía). Del porcentaje contratado por el Gobierno de Evo Morales a los canales, 80 por ciento, este subió 16 puntos más.

La publicidad contratada durante los primeros seis meses de gobierno
de Áñez en una publicación del 17 de mayo de Los Tiempos.
Las listas negras de los gobiernos

De los medios de información en general, más de uno fue puesto en la lista negra por el Gobierno del MAS y públicamente los bautizó con el nombre de “El Cártel de la Mentira”. Y la administración de Morales encargó incluso un video sobre dicho supuesto cártel.

Hoy y sin hacerlo tan notorio, la administración de Áñez hace algo similar y uno de los motivos es el mismo: no se aceptan las críticas.

El 7 de mayo de este año, la entonces ministra de Comunicación, Isabel Fernández (ahora Viceministra de Comunicación), informó que durante los últimos nueve años del Gobierno de Evo Morales se invirtieron Bs 1.700 millones en propaganda gubernamental. 

Más del 80 por ciento de ese monto fue destinado a canales de televisión. Solo en 2019 se entregó a los mismos 248 millones de bolivianos, mientras a los periódicos se les dio 33,7 millones de bolivianos y a las radios 27,1 millones de bolivianos.

"En los medios impresos –dijo entonces Fernández– nos hemos llevado una gran sorpresa al comprobar que, por ejemplo, semanarios que no sé si muchos bolivianos los conocían, recibían muchísimo más dinero que diarios de circulación nacional". 

Si los gobiernos dan publicidad a quienes no les critican; si las empresas privadas no ponen mucha publicidad y la poca que contratan la retiran durante la pandemia; si hay que pagar salarios que con los años fueron subiendo tanto por la antiguedad del personal como por los incrementos anuales dispuestos por el Gobierno anterior, entre otros factores, la situación económica de los medios de información en general se complica.

Despidos y otras medidas en los diarios

A los despidos que ya se estuvieron produciendo en los últimos años con la figura legal de "retiro voluntario" se deben sumar los despidos realizados durante la pandemia. Están registrados en las federaciones departamentales de trabajadores de la prensa de Bolivia más de 520 trabajadores de la prensa despedidos en plena cuarentena.

Sin embargo, la Ley 1309 advierte que ningún trabajador o trabajadora puede ser echado de su centro laboral. Fue aprobada el 30 de junio por Eva Copa (MAS), presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y fue publicada por la Gaceta Oficial el lunes 6 de julio de 2020; aunque su aplicación es retroactiva.

"El Estado protegerá la estabilidad laboral de las y los trabajadores de las organizaciones económicas: estatal, privada, comunitaria y social cooperativa, y otros regulados por las normas laborales, para no ser despedidos, removidos, trasladados, desmejorados o desvinculados de su cargo, excepto los de libre nombramiento, durante el tiempo que dure la cuarentena hasta dos (2) meses después, debiéndose aplicar la presente ley de forma retroactiva a la promulgación".

Artículo 7 de la Ley 1309

Sin embargo, el Presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia cree que en todo caso, los empresarios dueños de medios están tomando el camino fácil de despedir a las y los periodistas; aunque tiene la esperanza de que de aquí a un tiempo se vuelvan a abrir fuentes laborales. Para el Presidente de la ANP, todo ya se ha precipitado.

Marco Dipp, presidente de la Asociación Nacional de la Prensa (foto: El Deber).

"Ya no hay ley que impida lo que se ve venir en el caso de la prensa escrita, lo que ya ha empezado a suceder: reducciones laborales, mora en los pagos y deudas de todos los medios de comunicación. Ha habido recortes de planillas enteras. Eso va a llevar a que se declaren en quiebra, se limiten a la mínima expresión o desaparezcan. Hasta la más sólida de este país lleva una mora importante en el tema laboral. Abarca a todos la situación. El futuro es incierto y puede ocurrir lo peor en cualquier momento".

Marco Dipp, presidente de la ANP

Frente a tal panorama, varios medios ya asumieron medidas de corte económico como deshacerse de parte del personal bajo la figura de "renuncia voluntaria"; disminuir, en diferentes porcentajes, los montos salariales o pagar a todos un mismo monto hasta que los diarios puedan circular en las calles nuevamente.

Sin embargo, no todas las partidas han sido tranquilas, consensuadas y legales. Hace poco se produjo un escándalo por 97 despidos en La Razón vía plataforma Zoom. Por ese motivo, el personal despedido presentó una denuncia formal ante el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, tal parece que los problemas no han terminado en este periódico porque este lunes publicó que de los 97 periodistas despedidos, 73 "se acogieron a la renuncia con plenos derechos", con lo que quedarían "solo 24 trabajadores desvinculados por fuerza mayor".

La periodista Eva Guadalupe Tapia Castillo, quien trabajó hasta hace poco en La Razón, publicó dicha captura de pantalla en el muro de su Facebook con el siguiente comentario: "

"Hoy #LaRazón publicó un editorial en el que dice que de las 97 personas despedidas vía Zoom, 73 se acogieron a la 'renuncia voluntaria'. Ahora quiero compartir lo que no dice La Razón sobre este tema. ¿Cómo puede ser que renunciaron si a todos nos despidieron el 1 de julio? Pues fácil, ya arrastrabámos tres meses sin sueldos y todos tienen la necesidad de buscar el efectivo. Cuando las personas se acercaban a preguntar de sus finiquitos, la empresa sacó su 'gran propuesta' que no era otra cosa que pago inicial de 20% del finiquito y el resto en cuotas de 12 a 24 meses. Para 'animar' a que se acojan a ese plan, se les ofreció uno, dos, hasta tres salarios de desahucio. Lo que tampoco saben es que el momento en que la empresa incumple con el pago total del finiquito, corre una multa del 30%, algo, que también les correspondería con el pago a plazos, pero que la empresa prefiere omitirlo. Ninguno quiso buscar la reincorporación, opción que quedó descartada desde un principio y el trámite para el pago justo es largo (proceso laboral). En medio de la complicación de la pandemia, obvio que la mayoría no tuvo otra opción que aceptar la propuesta. 'Necesito dinero, voy a ir a negociar', 'Tengo un préstamo que ya tengo que pagar'. 'Ya no tengo para comer, no puedo rechazar'. 'Dicen que peor sería si hacemos problema y más va a tardar', son algunos de los mensajes de mis compañeros con los que me adelantaban su negociación, razones que son absolutamente justificadas y respetables. Sin embargo, más de una veintena de extrabajadores, en el que me incluyo, continúan la pelea por lo que es justo y no lo hacemos porque nos sobre el dinero para subsistir mientras esto se soluciona (yo estoy echando mano de mis ahorritos y otros hasta de préstamos de familiares), lo hacemos por convicción de pelear por lo que legalmente nos corresponde. Es realmente una cabronada jactarse de cifras y el cumplimiento de las normas tras haberse aprovechado de la necesidad de los trabajadores. Y bueno, hace mucho tiempo que yo decidí no quedarme callada".

Otra medida asumida por los periódicos ha sido sacar su producto impreso por lo menos una o dos veces a la semana, a fin de poder publicar las publicidades aún existentes y tener, así, un ingreso.

El 17 de abril de este año, Los Tiempos de Cochabamba publicaba: "El periódico Los Tiempos, en su edición impresa, llegó hoy a diferentes lugares y zonas de la ciudad para reencontrarse con sus lectores, después de 26 días de haber suspendido este soporte debido a la cuarententa que rige en el país para contener la pandemia. Periodistas, fotógrafos y trabajadores del matutino distribuyeron gratuitamente los ejemplares y también los lectores pudieron encontrar la edición en los supermercados de la ciudad. Una edición especial con la información coyuntural y datos valiosos sobre cómo hacer frente a la pandemia".

Sin embargo, ni obsequiar periódicos ni intentar vender más publicidad para subirla a las plataformas digitales de estos han logrado cubrir, según las personas consultadas por Guardiana, el monto que necesitan estas empresas para cubrir sus planillas salariales, entre otros gastos. Así lo reconoció también el Presidente de la ANP. Por ese motivo, han tenido que acudir a préstamos bancarios.

Publicidad digital cubre solo 5%

Los medios digitales no soportan, en costos, grandes cantidades de gente ¿Qué significa esto? Medios como La Razón tenían 300 personas como personal. Eso solo para tener una idea. Si bien otros tienen menos y con el tiempo han ido disminuyendo, igual superan los 100 trabajadores en periódicos considerados grandes de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.

Dipp habla de 1.200 trabajadores de diez medios que pertenecen a la ANP y otros 1.000 de quienes trabajan en vinculación a los medios como, por ejemplo, canillitas que venden los periódicos, varios adolescentes que ayudan a mantener sus hogares.

"Los afiliados a la ANP teníamos unos 1.200 empleados, 10 empresas, teníamos porque han empezado a producirse recortes inevitables en todas las empresas. No me equivoco al decir que todas hemos ingresado en una mora de pagos salariales y otras obligaciones legales. El colapso que advertía al hacer una gestión con el Gobierno ya ha comenzado a producirse".

Marco Dipp, presidente de la ANP

Ni siquiera los periódicos grandes que cuentan con medios digitales de larga trayectoria y muchos seguidores han podido conseguir que más del cinco por ciento del dinero que necesitan para cubrir sus costos provengan de la publicidad que circula virtualmente.

"La publicidad ha crecido en lo digital, pero es mínima económicamente hablando porque no representa nada. Ningún efecto que pueda revertir la situación de los periódicos. Además, la publicidad digital tiene un costo bajo y nos enfrentamos a publicidad que viene de las multinacionales vía Google o Facebook, que no es la mejor".

Marco Dipp, presidente de la ANP

A ello habrá que sumar el problema de que los conocimientos y destrezas de antiguos periodistas que no se han venido capacitando se convierten en una limitante.

Si un medio digital puede ser exitoso con personal que oscila entre las 14 y las 35 personas máximo como ocurre con La Silla Vacía en el primer caso y El Faro en el segundo, se estaría hablando en Bolivia de casi una reducción de 70 por ciento de personal para que un periódico funcione solo en una web y deje a un lado el impreso.

Sin embargo, Pedro Glasinovic cree que ni los empresarios ni los lectores en Bolivia están acostumbrados totalmente a lo virtual y, por ello, considera que los medios impresos todavía tienen futuro, por lo menos inmediato. "Aún los empresarios quieren ver su publicidad en el papel".

Un apoyo que nunca llegó

El 6 de abril, la ANP envió una carta a la presidenta transitoria Jeanine Áñez, en la que expuso las dificultades de los medios impresos que perdieron el 95 por ciento de sus ingresos.

Pasaron 18 días antes de que tuvieran una respuesta, en este caso del ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, quien invitó a los representantes de dicha entidad a sostener una reunión para “conversar los temas de interés” del sector.

Hubo, al final, tres reuniones entre la ANP y el Gobierno actual. Ningún otro apoyo salvo liberar de aranceles la internación de papel periódico, eso es lo que consiguieron los periódicos. Al final, decidieron “tirar la toalla”.

¿Cuánto ayuda en los gastos de los periódicos dejar de pagar el impuesto por la importación de papel?, se le preguntó a Dipp: “No sé cuánto exactamente, pero representa  mínimamente. No tiene ninguna gravitación en este caso. Y eso beneficiará a importadores más grandes de papel que deben ser dos o tres. No tiene ninguna utilidad porque de qué nos sirve en este momento importar papel si no se distribuyen los periódicos”.

Algo similar le ocurrió a la Asociación de Periodistas de Bolivia según la explicación de su máximo representante Pedro Glasinovic. Hicieron gestiones para el pago de deudas por concepto de publicidad por parte del Gobierno a medios de información. No obtuvieron respuesta oficial.

Después, dicha asociación también realizó gestiones para que se dote a los periodistas de bioseguridad en instrumentos de trabajo porque “no tenían ni barbijos” y tampoco recibieron respuesta oficial ni del Gobierno ni de los propietarios de medios. Al final, esto se fue resolviendo de a poco, incluso con el dinero de los mismos periodistas.

Ley para transparentar publicidad estatal

No es la primera vez que un Gobierno maneja una lista negra de medios que no le agradan. Sucede ahora, sucedió en la administración de |14 años de Evo Morales y también ocurrió antes.

Pedro Glasinovic, presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (foto: Página Siete).

Por eso, se preguntó al Presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia si no habían pensado en la necesidad de que el país cuente con una ley que transparente el manejo de la publicidad o propaganda estatal tomando en cuenta que el dinero es de la población.

"No –respondió Glasinovic– hemos hecho algunos intentos en años anteriores cuando estuve como Presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz.  Incluso Andrés Gómez elaboró un proyecto para eso. Pero no hemos llegado más allá. Sería importante que se elabore una ley que determine cómo se debe distribuir la pauta publicitaria. Sería excelente. Pero no redactada desde el Órgano Ejecutivo, sino con la participación de periodistas, empresarios de la comunicación, Gobierno y Asamblea Legislativa, el asesoramiento de expertos en el tema y muniéndonos de documentos de otros países. Sería excelente porque así tendríamos una norma y no habría problemas y estamos dispuestos".

La propuesta de Andrés Gómez

La propuesta de Andrés Gómez Vela a la que hizo referencia Glasinovic se llama “Ley de Regulación de distribución de la publicidad estatal para preservar la Libertad de Expresión”. Es un anteproyecto que forma parte de una tesis de maestría de este periodista. En su elaboración registra como fecha diciembre de 2016.

Ese anteproyecto y otros que pudieran presentarse podrían ser analizados durante un proceso de consenso entre diferentes actores como lo planteó Glasinovic. La propuesta de Gómez tiene nueve artículos y, por su importancia, Guardiana reproduce los mismos.

El periodista Andrés Gómez Vela (foto: El Deber).
Ley de Regulación de distribución de la publicidad estatal para preservar la Libertad de Expresión

Por su extensión, solo se han copiado los artículos del anteproyecto de ley y un solo párrafo de una larga exposición de motivos que apela sobre todo a normativa tanto internacional como nacional vinculada al derecho a la libre expresión, entre otros.

"En el caso de la distribución de la publicidad y propaganda oficiales, se configura un caso de censura indirecta cuando la misma es realizada con fines discriminatorios según la posición editorial del medio incluido o excluido en ese reparto, y con el objetivo de condicionar su posición editorial o línea informativa".

Párrafo de la exposición de motivos del anteproyecto de ley

Artículo 1.- Objetivos de la Ley

a) Fijar las condiciones para el uso de dinero público en la publicidad y propaganda estatales, elaborada por los gobiernos nacional, departamental, municipal y autonomías indígenas; y toda institución que funciona con recursos estatales; y difundida a través de cualquier medio de comunicación social.

b) Transparentar el uso de recursos públicos en la contratación de medios de comunicación social para la difusión de publicidad estatal

Artículo 2.- Ámbito de aplicación de la Ley de Regulación dedistribuciónde la publicidad estatal para preservar la Libertad de Expresión.
  1. Se aplicará a la producción y distribución de publicidad institucional de los gobiernos nacional, departamental, municipal y autonomías indígenas; y toda institución que funciona con recursos estatales.
  2. Se comprenderá por publicidad institucional a la que tiene por objetivo promover la comunicación entre gobernantes y gobernados e informar a la sociedad sobre sus derechos básicos, por ejemplo, de acceso a la educación, salud, al agua; sobre actos y proyectos de los gobiernos y las instituciones estatales; también sobre sus obligaciones, pago de impuestos, participación en actos electorales; y otras actividades institucionales que contribuyan al pluralismo, la libertad, igualdad y la convivencia.
Artículo 3.- Prohibiciones
  1. Queda prohibido el uso de dinero y recursos públicos en beneficio de un partido, un jefe político o para promover la candidatura de un servidor público a cualquier cargo y en cualquier tipo de elección.
  2. En ninguna publicidad institucional debe aparecer ni la fotografía ni el nombre de algún servidor público con mensajes explícitos e implícitos que le atribuyan un servicio o un derecho en favor del ciudadano.
  3. Los servidores públicos encargados de los procesos de contratación de los servicios de producción y/o difusión de publicidad no deben discriminar a los medios de comunicación por su línea editorial y tampoco usar el dinero público como premio y castigo en beneficio de un partido o servidor público.
  4. Queda prohibido privilegiar a una sola empresa o grupo de medios de comunicación, salvo excepciones basadas en la cobertura geográfica.   
  5. Queda prohibido destinar dinero público a la propaganda en favor de un partido, ideología o jefe político en ejercicio de gobierno.
  6. La publicidad estatal no debe inducir al odio ni discriminación de ninguna persona o colectivo.
Artículo 4.- Procedimiento y requisitos

Las distintas reparticiones de los gobiernos nacional, departamental, municipal y autonomías indígenas deben incluir en su planificación anual las campañas publicitarias que realizarán en la gestión con los siguientes criterios mínimos:

  1. Objetivos.- Las campañas publicitarias definirán los objetivos que pretenden alcanzar.
  2. Públicos.- Identificarán al público meta al que se dirige.
  3. Presupuesto.- Establecerán el presupuesto tanto para la producción y difusión en los medios de comunicación, acorde a las tarifas del mercado mediático.
  4. Medios de comunicación.- La campaña fijará los tipos de medios (radio, televisión, periódicos, electrónicos) que usará para alcanzar sus objetivos.
Artículo 5.- Contenidos de la publicidad institucional

La publicidad elaborada con recursos públicos deben ser estrictamente institucionales y el presupuesto anual no debe exceder del 10 por ciento del total anual, salvo justificación definida bajo los parámetros del artículo 4 de esta ley.

Los productos publicitarios a ser difundidos deberán sujetarse a sus objetivos bajo los siguientes criterios:

  1. Contemplar como punto central de los mensajes los servicios prestados, los derechos promovidos o los productos ofertados sin fines de lucro a la comunidad.
  2. Promover de forma general el consumo de productos definidos por las políticas nacionales destinadas a acabar con la desnutrición, lucha contra la pobreza o enfermedades, lucha contra el contrabando.
  3. Fomentar la cultura de la prevención en temas como la violencia intrafamiliar, desastres naturales, medio ambiente, seguridad ciudadana, salud, educación, entre otros.
  4. Informar a la comunidad sobre los programas y planes institucionales destinados a mejorar la calidad de vida de la sociedad.
  5. Establecer mejores canales de comunicación entre gobernantes y gobernados para fomentar la participación ciudadana y el control social.
Artículo 6.- Transparencia y acceso a la información pública

Los gobiernos e instituciones públicas deberán informar, en sus páginas web, los siguientes aspectos:

  1. Las campañas realizadas.
  2. El tiempo de duración de las campañas.
  3. El presupuesto destinado
  4. Los medios de comunicación usados para la difusión.
  5. Los criterios de selección o elección de los medios.
  6. Los objetivos alcanzados o medición de resultados.

La información debe ser difundida cada tres meses y remitida a la Contraloría General del Estado Plurinacional sin previa solicitud.

Artículo 7.- Medios de Comunicación del Estado.

Los medios de comunicación del Estado no gozarán de ninguna preferencia y presentarán sus ofertas de servicio en condiciones de igualdad que los medios privados.

Artículo 8.- Medios de comunicación privados y comunitarios

La adjudicación de difusión de publicidad oficial a los medios de comunicación social privados y comunitarios contemplarán los siguientes parámetros:

  1. Generación de empleos.
  2. Cumplimiento de los derechos laborales y sociales de sus trabajadores y trabajadoras.
  3. Cobertura de públicos con necesidades comunicacionales.
  4. Transparencia en su estructura propietaria.
  5. Publicación de recursos recibidos por concepto de difusión de publicidad oficial.
  6. Cobertura geográfica y alcance de públicos.  
Artículo 8.- De la responsabilidad

Los servidores públicos que incumplan las disposiciones contempladas en esta ley serán procesados y sancionados por la vía habilitada para el efecto.

Artículo 9.- Del Control Social

Las organizaciones de periodistas podrán constituirse, en el marco de la Ley No 341 de Participación y Control Social, en actores orgánicos para transparentar el uso de los recursos públicos en la publicidad y propaganda estatales.

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