¿No somos iguales ante la ley? Al parecer no, cuando unos bloquean las carreteras, sitian nuestras ciudades, agreden y dicen tener derecho a protestar debido a la crisis económica y disfrazan con ese discurso político su defensa de Evo Morales, expresidente que legalmente no puede volver a ser candidato. ¿Dónde está su grandeza como líder indígena? ¿No debería ser el servicio al bien común la prueba más clara de un buen servidor público y no el “servirse” de los beneficios y privilegios que le da administrar el dinero de todas y todos los bolivianos?
La tensión social que vivimos es resultado de la batalla entre la legalidad y la imposición por la fuerza de un sector que no representa a toda la población boliviana. No es un tema racial, de clase ni de posición política, sino de pluralismo, diversidad, tolerancia, respeto, principios y derechos.
Los bloqueos en carreteras, los saqueos a comercios y la violencia que ya causaron heridos y una persona fallecida sólo son el inicio de una batalla que primero fue discursiva con un liderazgo indígena que siempre minimizó su falta de representación del resto de la población mestiza del norte, del sur, del oriente y del occidente.
Qué pronto se olvidó de forma “conveniente a sus intereses” que Bolivia es un país plurinacional y multilingüe. Se capitalizó simbólicamente lo pendiente, la exclusión, indignación y marginación de los sectores indígenas y el desencanto de las clases medias urbanas de los partidos políticos tradicionales en los años los ochenta el siglo XX (esos de los que formaron parte Jorge Quiroga, Doria Medina, Manfred Reyes Villa y Jhonny Fernández). En este nuevo siglo, esos sectores sociales nuevamente están siendo manipulados para beneficiar a intereses políticos y económicos.
La población boliviana sufre hoy las consecuencias de una crisis económica propiciada por los gobiernos de turno que, a pesar de una “relativa bonanza” económica por la venta de gas al Brasil y Argentina al empezar la década del 2000, no supieron administrar adecuadamente esos ingresos y fueron “invertidos” en empresas públicas no rentables, un creciente aparato estatal y en desmedidos actos de corrupción que beneficiaron a unos cuantos sujetos que han y siguen traicionando el país y al juramento que hicieron para prestarle sus servicios.
De igual manera, el gobierno de Jeanine Áñez (con supuesta línea política de derecha) también gobernó el 2020 para enriquecerse mediante actos de corrupción como la compra de respiradores que no servían. Fue un mal gobierno para administrar la salud pública durante la cuarentena por Covid-19, qué fácil y rápido clausuraron el año escolar a falta de algún grado de inteligencia para buscar soluciones ante esa crisis sanitaria. Esa gestión gubernamental tampoco estuvo a la altura ante la oportunidad de encaminar de mejor manera el rechazo ciudadano al gobierno de Morales el 2019 y como consecuencia, ganó otra vez el MAS con el liderazgo de Luis Arce.
Lo que existe desde 2005 —y antes, tema aparte— es un discurso político peligroso y manipulado que alimenta el resentimiento, la sed de venganza, los prejuicios y el odio entre las y los bolivianos. Mientras unos dicen cuestionar la pobreza en la que estamos, se culpa a Arce como actual gobernante y se le pide su renuncia, pero se olvida que su postulación fue impulsada por Evo Morales desde el Movimiento al Socialismo el 2020. Ahora se ha promovido a Andrónico Rodríguez como un liderazgo joven, pero que sigue respondiendo a la misma lógica maniquea de sus dos antecesores en ese partido político.
Del otro lado, candidatos de oposición que no convencen, en especial los candidatos a vicepresidentes elegidos desde el que habla de “lo sexy” de la gestión pública hasta el que confiesa “que aprenderá” en el camino, como si la situación político-económica del país estuviera para darle el volante a quien no sabe conducir. A ellos se suman los varios senadores y diputados de oposición, quienes siguen ejerciendo sus cargos, pero ya son candidatos por otras fuerzas políticas. Ya nadie se sonroja porque “el fin justifica los medios”. Todos los políticos buscan tener poder para despilfarrar y guardar en sus bolsillos el magro presupuesto del país. En lugar de invertir recursos para construir hospitales, comprar medicamentos, refaccionar escuelas o al pago de personal médico, el dinero “mal habido” paga la compra de tierras para el hijo del presidente Arce en áreas protegidas de reserva natural, la compra de inmuebles en el extranjero para los hijos de Morales o para garantizar la “buena vida” de los funcionarios públicos en función de gobierno.
Esa infame situación me recuerda nada menos a la vida de lujos y placer de la nobleza francesa antes de la revolución que terminó enviando a la guillotina a esos “ilustres” nobles. ¿Tendremos que llegar a tanto? ¿Cuántas personas deben perder la vida para que un atisbo de humildad y responsabilidad asome en esos autoproclamados líderes políticos y sus seguidores? Al parecer no importa mancharse las manos con la sangre inocente de otros compatriotas si eso permitirá acceder a la administración pública.
Por otro lado, a nombre de la libertad de expresión se cuestiona al gobierno por su incapacidad y corrupción desmedida –en la que debe incluirse toda la gestión del MAS en los últimos 20 años– pero ese derecho a decir y a protestar tiene límites que a menudo se olvidan.
El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Sin embargo, el artículo 29 también dice: “En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática”.
Esa norma legal y moral está vigente, Bolivia también diseñó su Carta Magna en ese marco, pero qué poco conocimiento se tiene de ella. Se reconoce la libertad de expresión como un derecho y con él el de la protesta; pero se ha olvidado que también implica responsabilidades con el resto de los conciudadanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2013 precisó las limitaciones a la libertad de expresión que son: el derecho al honor, la difamación, la obscenidad, la pornografía, los secretos comerciales, el etiquetado de alimentos, los acuerdos de confidencialidad e información clasificada, el derecho a la privacidad, el derecho al olvido, el perjurio, la incitación al odio con la intención de cometer delitos, a la apología nacional, racial o religiosa , la instigación a la discriminación y/o violencia y la sedición (alzamiento colectivo y violento contra la autoridad).
El artículo 123 del Código Penal Boliviano definía la sedición como “la acción pública y abierta de oponerse a la autoridad del gobierno, ya sea para deponer a funcionarios, impedir su posesión, oponerse a leyes o decretos, o perturbar el orden público” con pena de reclusión en la cárcel de 1 a 3 años. Sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a solicitud de los exparlamentarios del MAS Adriana Salvatierra, Sonia Brito y Franklin Flores, lo declaró inconstitucional en 2022 y ese delito fue expulsado del ordenamiento jurídico boliviano, por lo que ninguna persona puede ser procesada o perseguida por este delito, pero sigue vigente el de terrorismo.
En redes sociales, los sectores movilizados denominados “evistas” porque respaldan a Evo Morales amenazan con quemar las casas de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, quemar medios de comunicación, tomar unidades militarles y tomar los aeropuertos. Han bloqueado carreteras, impedido el acceso a alimentos y servicios, han golpeado y saqueado negocios cuando la población ha cuestionado sus abusos. ¿Cuál es será le límite de esa violencia?, ¿es sedición o es terrorismo?, ¿hasta cuándo y cómo se puede frenar ese levantamiento que incluso está usando armas?
En el contexto de tensión política y social en que vivimos, es evidente la falta de un liderazgo serio que temple y dé certezas de algún principio de autoridad. Se prioriza el cálculo político y mientras tanto existen miles de bolivianos que pasan hambre, no pueden comercializar los productos que le dan el sustento diario y la población se siente secuestrada por una fuerza política irracional y por intereses sectarios que organizan “cumbres políticas” para salir en la foto sin dar soluciones urgentes.
Una sociedad en caos, sin reglas que se respeten, es más fácil de convulsionar y controlar. En medio del conflicto se negocian acuerdos y ¿la población? La respuesta es que espere, que aguante. Ya que se ha socavado la institucionalidad de la justicia, la credibilidad en los medios de comunicación, se debilitó la justicia moral de la Iglesia Católica y negoció con las Fuerzas Armadas y la Policía para ser aliados políticos coyunturales, ¿qué le queda por hacer a la población?, ¿podremos esperar alguna respuesta desde la academia, desde las organizaciones de la sociedad civil?, ¿qué hacer y a quién le toca frenar la vulneración de los derechos humanos elementales en Bolivia?
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