Nayib Bukele llegó al poder en 2019 como el símbolo de una política distinta: joven, disruptivo, hábil en el uso de redes sociales y con un discurso frontal contra la vieja clase política. Su imagen de outsider lo convirtió en una referencia de cambio, incluso fuera de El Salvador, donde muchos lo consideraron un ejemplo de liderazgo democrático moderno.
Seis años después, el debate ya no gira en torno a su estilo, sino a la naturaleza de su proyecto de poder. Con apoyo de la Sala de lo Constitucional en 2021 y, más recientemente, de una Asamblea Legislativa alineada con su gobierno, El Salvador pasó de una prohibición absoluta de reelección inmediata a la posibilidad de reelección presidencial indefinida. No se trata de un simple ajuste legal: es un cambio que sustituye un diseño institucional pensado para garantizar alternancia por uno que permite la continuidad sin límite temporal.
El Salvador había establecido límites claros. La prohibición de reelección inmediata respondía a una lógica común en las democracias presidencialistas latinoamericanas: evitar la concentración de poder y asegurar la renovación periódica de liderazgos.
La decisión judicial de 2021 rompió ese esquema con el argumento de que la soberanía popular justificaba habilitar la candidatura de un presidente en ejercicio. Y la reforma legislativa de 2025 completó el giro: lo que era una prohibición absoluta se transformó en una facultad abierta para permanecer indefinidamente en el poder.
El impacto no es meramente formal. Cuando un Estado modifica sus límites de poder en función de la coyuntura y del liderazgo de turno, altera la naturaleza misma de su régimen político. Las constituciones dejan de ser marcos estables y se convierten en instrumentos maleables, adaptados a la conveniencia de quienes gobiernan.
Bukele conserva niveles altísimos de aprobación, principalmente por su política de seguridad y el debilitamiento de las pandillas. Sus seguidores afirman que si el pueblo respalda su gestión, no debería haber impedimentos para que continúe. Este argumento, la popularidad como fuente suficiente de legitimidad, suele aparecer en democracias jóvenes y en contextos de crisis.
Sin embargo, el constitucionalismo moderno se construyó precisamente para resistir esa lógica. Las reglas de alternancia no existen por desconfianza hacia el pueblo, sino por el reconocimiento de la tentación del poder de perpetuarse cuando cuenta con respaldo social. Por eso las constituciones fijan límites temporales: no importa cuán popular sea un gobierno, debe dejar espacio a otros proyectos políticos y liderazgos.
Esto no significa proscribir proyectos o ideologías, ni imponer que la izquierda, el centro o la derecha roten por obligación cada cinco años. Significa que las y los actores políticos deben permanecer sólo el tiempo que la Constitución permite y, si ésta prevé su retorno, puedan intentarlo respetando esas reglas. Así ocurre en países como México, donde la presidencia tiene un techo absoluto, no se repite, pero los proyectos políticos pueden continuar con otros liderazgos, o como en Chile y Uruguay, donde un expresidente puede volver, pero sólo después de un período fuera del cargo.
Este giro salvadoreño no se explica únicamente por su dinámica interna. Bukele ha recibido apoyo explícito de líderes internacionales influyentes, entre ellos Donald Trump, quienes destacan su estilo directo y sus resultados en materia de seguridad. Esa narrativa refuerza la idea de que la “eficiencia” puede justificar la concentración de poder.
Pero el prestigio de un liderazgo personalista nunca debe ocultar el efecto institucional: la fragilidad que deja un sistema político cuando un solo proyecto se convierte en el eje de la vida pública al margen de límites temporales. El verdadero desafío de cualquier democracia no es resolver un problema coyuntural, sino hacerlo sin destruir el marco de reglas que garantiza su propia permanencia.
El caso salvadoreño resuena en Bolivia, donde la discusión sobre la reelección dejó huella con el referéndum de 2016 y el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional de 2017, que habilitó la reelección indefinida con el argumento de que era un derecho humano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos desestimó esa interpretación, pero el daño ya estaba hecho: un límite explícito del texto constitucional fue dejado de lado por la voluntad política del momento.
El constitucionalista Farit Rojas Tudela advirtió alguna vez que leer y aplicar la Constitución puede ser incómodo, porque obliga a aceptar límites que el poder no siempre desea. Esa incomodidad, sin embargo, es una virtud democrática: obliga a gobernar dentro de reglas fijas. Hoy, en Bolivia, se percibe una contradicción inquietante: quienes antes defendían la alternancia interna celebran ahora la reforma salvadoreña como ejemplo de liderazgo moderno.
Rechazar la perpetuidad cuando afecta al adversario, pero aplaudirla cuando ocurre en otro país y la protagoniza un líder afín, revela que para ciertos sectores la Constitución no es un pacto a respetar, sino un obstáculo a superar.
El Salvador ilustra cómo un proyecto nacido como alternativa al viejo orden político puede terminar consolidando un poder sin límites. El riesgo no está sólo en la figura de Bukele, sino en la transformación del marco institucional que lo hizo posible. Cuando el poder decide reescribir sus propios límites, la democracia se convierte en una formalidad vacía.
En Bolivia, la tentación de flexibilizar o ignorar la Constitución no es nueva. Hoy, con autoridades prorrogadas más allá de su mandato, no cuesta imaginar que aceptarían reescribir la Carta Magna sin pudor, porque lo último que hacen es leerla y aplicarla como está escrita.
Las constituciones no están hechas para complacer al poder, sino para incomodarlo. Defenderlas, aquí y allá, es la única forma de garantizar que el ejercicio del poder siga siendo temporal, responsable y sometido a reglas claras. Sólo así se puede ser, parecer y no perpetuarse.
__________________________
La opinión de cada columnista de Guardiana no representa la línea editorial del medio de información. Es de exclusiva responsabilidad de quien firma la columna de opinión.
Comentarios