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El enésimo lío por la explotación de litio se ha desatado. El debate sobre la rentabilidad del proyecto es lo que más centra a quienes andan cercanos al poder. Claro, semejantes contratos tienen más sabor a empeño de un riñón de la madre Patria a cambio de dinero para paliar el desastre económico. Los mal pensados sumarán al cálculo algunas caídas extra, obviamente no especificadas, para la campaña de permanencia en el poder, cueste lo que cueste. Pero lo que también atiza el escándalo son los riesgos ambientales, sobre todo los relacionados a la contaminación de acuíferos.

Estalló una ola de movilizaciones, evaluaciones y foros críticos a los contratos con la empresa rusa Uranium One Group y el consorcio chino Hong Kong CBC.  Frente a las observaciones ecologistas, el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, ha asegurado que los proyectos serán “altamente eficientes” y el “impacto ambiental, mínimo”. Aseveraciones llamativas pues en el llamado “Triángulo del litio”, tanto en Chile como en Argentina, donde las regulaciones son más estrictas, surgieron sentidos problemas. Basta revisar las crisis de acuíferos en los salares de Atacama y del Hombre muerto, respectivamente. Valga sumar que las aprobaciones de los proyectos en tierras vecinas no precisaron movidas furtivas de parlamentarios ni de otros secretismos tan preocupantes como acelerados.        

Las susceptibilidades se multiplican en un país y bajo un gobierno que hace tres meses batieron su propio récord de ecocidios. Las más recientes evaluaciones, encaradas por la Fundación Tierra, por un lado, y una investigación auspiciada por el diario El Deber, por el otro, marcan un registro terrorífico. Se quemaron entre 13 y 14 millones de hectáreas de tres tipos de bosques con áreas en algunos casos únicas en el mundo. Y, al parecer, el tema, poco a poco, está pasando a segundo plano. Tanto que más de uno de los precandidatos presidenciales no sólo lo ignora o desprecia, sino que hasta parece alentar más y mejores quemas.

Jorge Tuto Quiroga, por ejemplo, menciona en su creciente campaña su proyecto “Dos Paraguay”, o sea, más transgénicos y deforestación. Ni se inmuta por el singular calentamiento climático de las tierras cruceñas: 83 por ciento más que el promedio mundial, según otra investigación de Fundación Tierra. Tampoco parece haberse enterado del feroz debate que hoy afecta precisamente a Paraguay por las consecuencias de sus políticas agroindustriales.

Allí, este verano, según un reportaje de la Deutsche Welle, se vivió bajo un rango de entre 40 y 47 grados centígrados de temperatura. Hubo sensaciones térmicas mayores y los expertos recordaron que el límite humano antes de riesgos mórbidos son los 50 grados. Paraguay “parece atrapado entre la alerta mundial y la lógica del crecimiento económico sin límites”, señala la investigación. Eso, al margen de diversas alertas sociales y políticas que se vierten en años recientes en el país hermano.

No sería raro que Tuto también plantee “Dos Salar del Hombre muerto” o cosas parecidas, si llega al poder. El resto de los precandidatos no anda muy lejos. Sorprende incluso que quien se mostró más ecologista resultó Luis Fernando Camacho. Y sorprende porque mientras fue activista anti MAS sí se movilizó contra los incendios, pero cuando fue Gobernador miró hacia otros lados.

Así parece estarse completando una especie de mega ecocidio nacional, con marcados auspicios para el futuro y desesperadas acciones en el presente. Porque no sólo los nuevos temores surgen por el caso del litio y los salares. Esta semana, también, se confirmó cómo la empresa YPFB Chaco realiza exploraciones en el núcleo de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía. El denominado “pulmón de Tarija”, por los particulares servicios ambientales que esta zona tropical brinda al valle chapaco, finalmente fue perforado. Así lo denunció Jorge Campanini, investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) y confirmaron luego parlamentarios y activistas.

La desesperada búsqueda de hidrocarburos forzó aquella profanación de un santuario natural con llamativas muestras de violencia a lo largo de meses y meses. Y otra vez queda clara la impunidad. Ah, por si faltara, en la semana también se supo del ingreso de cooperativistas mineros al Parque Nacional y Reserva Integrada de Cotapata, y fenómenos similares pasan cada nada. Así, ¿se podrá confiar en que los proyectos del litio serán tan inocentes como los pinta el ministro Gallardo?

La desconfianza se ha vuelto virtualmente absoluta. La lista de marcas antiambientales del presente tiene rasgos de una depredación incontenible. La amenaza sobre el salar y la herida en Tariquía completan el circuito nacional. No hay departamento donde no se estén cometiendo graves delitos ambientales con afanes extractivistas. Bolivia hoy es un territorio que se asemeja a aquellos sometidos a un ataque militar de esos que apuestan a la “tierra arrasada”.

Como es sabido, el concepto de “tierra arrasada” se refiere a una estrategia de guerra en la que un ejército destruye todo a su paso. El objetivo es privar al enemigo de recursos esenciales como alimentos, infraestructura, suministros y refugios. Nada más parecido al recordar ríos cargados de mercurio o metales pesados, lagunas y lagos desaparecidos o ultra contaminados, megaincendios, reservas violentadas, nevados debilitados por taladros… Y, claro, no faltan quienes ahora se desesperan porque le haya llegado su hora nada menos que a los salares. 

Hace algunos días, al reflexionar sobre semejante panorama, alguien con aire conmovido y cierto tono de ironía preguntó: “¡¿Qué le ha pasado a este pueblo, Pachamama mía?!”.

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