La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes es el único instrumento internacional de derechos humanos, centrado específicamente en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas jóvenes.
Fue firmado en la ciudad de Badajoz, España, en octubre de 2005, y entró en vigor el 1 de marzo de 2008. Posteriormente con la intención de ampliar y especificar derechos contemplados en el señalado documento, en función de las realidades juveniles contemporáneas, en 2016 se procedió a su actualización a través de un Protocolo Adicional, que fue firmado el mismo año en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia.
Cabe resaltar, sin embargo, que nuestro país realizó una reserva en su aprobación en relación a la objeción de conciencia contra el servicio militar, aspecto que sería importante retomar en su discusión. Considerando las posibilidades de que pueda abrirse la Constitución en un futuro próximo, vendría muy bien, y principalmente a los jóvenes, librarse de esa, por decir lo menos, incómoda obligación.
La Convención en examen señala en su preámbulo que los Estados deben considerar a los jóvenes “sujetos de derechos, actores estratégicos del desarrollo y personas capaces de ejercer responsablemente los derechos y libertades que configuran esta Convención; y para que todos los países de Iberoamérica, sus pueblos e instituciones se vinculen a este documento, lo hagan vigente en la práctica cotidiana y hagan posible que se lleven a la realidad programas que den vida a lo que esta Convención promueve en favor del respeto a la juventud y su realización plena en la justicia, la paz, la solidaridad y el respeto a los derechos humanos”.
Es importante señalar que nuestro país cuenta con una norma específica sobre la juventud, la Ley 342 de febrero de 2013, en consonancia con el instrumento internacional anterior. Y considera entre sus preceptos los derechos y deberes de la Juventud; marco institucional y políticas públicas a su favor, además de instancias de representación, participación y deliberación de este gran grupo poblacional, en las entidades territoriales autónomas, organizaciones y agrupaciones, participación política, políticas socioeconómicas, salud, educación, deporte y cultura.
Debemos recordar que la Constitución Política del Estado, en su artículo 59.V., establece que el Estado y la sociedad garantizarán la protección, promoción y activa participación de las y los jóvenes en el desarrollo productivo, político, social, económico y cultural, sin discriminación alguna. Esto sin dejar de lado que la misma norma fundamental determina que una persona alcanza la ciudadanía y mayoría de edad a los 18 años de edad, lo cual significa que somos capaces plenamente de ejercer derechos y adquirir obligaciones.
Como se observa, existe un amplio espectro de normativa a favor de la juventud. También es claro que al ser una gran porción de electorado, de casi dos millones, todos los partidos y agrupaciones ciudadanas, alianzas, etc., se preocuparon en las últimas justas electorales por llegar de una u otra forma a ellos y ellas; les prometieron programas de empleo y emprendedurismo, mejores condiciones para que puedan ejercer sus actividades educativas, de salud y hasta recreacionales.
Es decir, se les quiere conquistar, sin embargo, al momento de confiarles obligaciones, ahí surgen los problemas, y por qué, pues porque Bolivia todavía es un país adultocentrista y adultista. Para que entendamos ambos conceptos, debemos indicar que el primero la Unicef lo define como una desigualdad social, porque en la mayoría de las sociedades tener más edad equivale a tener mayor jerarquía, con las consecuencias claras de que niños, niñas, adolescentes y jóvenes cuentan con menos poder y menos posibilidades de incidencia y participación en el Estado y la sociedad. Por consiguiente, el adulto se cree superior en todos los sentidos. Además, estos factores se profundizan en cuanto a temas culturales, sociales y de poder adquisitivo.
Por su parte, el adultismo es definido por la misma entidad internacional como cualquier comportamiento, acción o lenguaje que limita o pone en duda las capacidades de los adolescentes o jóvenes por el solo hecho de tener menos años de vida.
Hace unos días, se nombró en el cargo de Viceministra de Deportes a una muy joven deportista de 19 años, quien había sido parte de la selección boliviana de fútbol femenino. Finalizado el acto de posesión, inmediatamente comenzó una serie de furibundos ataques, críticas y descalificaciones en los medios de comunicación y, sobre todo, en las redes sociales. El común denominador fue su juventud, su inexperiencia y supuesta falta de capacidad técnica, dicho esto en distintos tonos, desde jocosos hasta otros que realmente no pasarían un test de discriminación y hasta racismo.
Realmente los que hemos tenido la dicha de trabajar con jóvenes en nuestra vida profesional podríamos afirmar que todos esos puntos en contra siempre son rebatidos con responsabilidad, entusiasmo, ideas frescas, valentía y algo que siempre pondero de los y las jóvenes, su buena fe y falta de malicia en realizar las actividades que emprenden.
Realizando un pequeño repaso de los titulares de esa cartera de Estado ahora dependiente del Ministerio de Salud y Deportes, se puede recordar que se tuvo a Tito Montaño, jugador de fútbol de diversos equipos profesionales; sin embargo, seguramente casi nadie prestó atención a su profesión de economista. También se tuvo al ciudadano Milton Navarro, de quien se desconocía completamente su experiencia en temas deportivos, siendo ingeniero civil de profesión, y en este último caso no se vio críticas tan denodadas por su designación, evidentemente porque no tenía 19 años.
En todo caso, muchas personas tenemos fe en la juventud. Por ello, esperemos que la designación de la novel Viceministra de Deportes sea de buena fe por sus instancias partidarias y de gobierno, con el ánimo de empujar a la juventud a asumir papeles importantes en nuestra sociedad. Y que desde esa cartera de Estado vele realmente por el deporte amateur, por aquellas disciplinas en que muchos bolivianos y bolivianas tienen logros importantes y que más se deben a sacrificios personales y familiares. Ojalá apoye financieramente a nuestros/as campeones/as, para que no se vean en la necesidad de migrar a otros países donde les ofrecen mejores condiciones y pueda construir políticas adecuadas para el fomento deportivo ahora que la salud es elemento fundamental para luchar contra la pandemia.
Realmente esperamos que la carga que se deposita en sus hombros sea retribuida adecuadamente, sino el adultocentrismo y adultismo que reina en nuestro país habrá ganado el partido y la juventud no habrá avanzado en el importante rol que tiene en cualquier sociedad.
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