En la gestión 2024, se registraron más de 18.904 accidentes de tránsito en Bolivia, es decir 52 accidentes por día, por los que se pagó en atenciones médicas, muerte e incapacidad permanente la suma de 101.034.480 bolivianos, según información de Univida. Realmente es una cifra alarmante. Y la Dirección Nacional de Tránsito, dependiente de la Policía Boliviana, informó que en la misma gestión se reportaron 1.480 muertes en esos hechos, cuatro personas por día. La verdad, horroroso.
Del total de accidentes, Univida informó que cerca del 50%, 9.450, se produjeron en Santa Cruz. En Cochabamba hubo 3.046 siniestros; en La Paz, 3.788; en Potosí, 1.250; en Tarija, 311; en Oruro, 721; en Chuquisaca, 274 y en Beni, 24 (la suma da un poco menos de 18.904).
Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en promedio la región pasó en los últimos cinco años de 15,68 a 17,66 fallecidos por cada cien mil habitantes, siendo superada sólo por África, lo que muestra que la problemática no es sólo nacional, sino regional.
Para esa organización internacional los siniestros de tránsito y los daños a la salud que generan constituyen un problema social y de salud pública que tienen causas múltiples que van desde infraestructura vial que no ofrece un nivel de seguridad adecuado, en particular para los usuarios vulnerables, vehículos inseguros o que carecen de dispositivos de seguridad mínimos recomendables, hasta normas que no propician conductas seguras en la vía pública. Asimismo, la respuesta del sistema de salud en ocasiones no es adecuada y oportuna para atender las necesidades urgentes de los lesionados.
Este primer periodo del año 2025, hemos visto una cantidad inusual de accidentes de tránsito, con lamentables pérdidas humanas, pero lo más grave es darse cuenta de que generalmente las causas eran totalmente prevenibles; sin embargo, éste es un problema de los muchos que tenemos y que son un secreto a voces y para los que ningún nivel gubernamental responde adecuadamente.
En Santa Cruz y Cochabamba, donde se reporta la mayor cantidad de siniestros, al parecer las autoridades municipales se han concentrado en facilitar la velocidad y el flujo expedito de los vehículos, algo que no es extraño para nadie hasta con comentarios jocosos, por ejemplo sobre la alta velocidad por parte de los conductores en la capital cruceña que deja sin aliento a cualquier visitante de occidente o, en su caso, ya no se ven las bicicletas de antaño en la región valluna, convirtiéndose en una ciudad hecha para autos.
Toda esa infraestructura ha olvidado a los peatones y su seguridad e incluso ha dejado de lado a los mismos pasajeros de vehículos y justamente el reporte de Univida lo confirma.
Por otra parte, obtener licencia de conducir en nuestro país es uno de los trámites más fáciles que existe, de ahí que incluso menores de 20 años ya tienen licencia profesional y muchas veces han provocado accidentes graves. Ni qué se diga de la renovación del documento. Se pensaba que con la entrada en el sistema del Segip estos problemas serían tomados con mayor seriedad, pero los exámenes de vista y oído salen sin los análisis adecuados, incluso vía corrupción. Por otra parte, las pruebas de conducción son de 10 minutos en un lugar cerrado, sin realmente observar si esa persona tiene las habilidades necesarias para manejar en la calle, cumpliendo todas las normas sobre la materia.
La calle, en muchos lugares del país con urbes cada vez más apretadas, se han convertido en lugares selváticos donde reina la ley del más fuerte y agresivo, por eso usted verá cada vez más vehículos, especialmente minibuses, que hacen colocar los famosos “mata burros” que ya por el nombre uno puede argüir por dónde va la cosa.
No creo que exista alguien que no se haya quejado alguna vez de la forma de conducir de muchas personas, especialmente del transporte público, que de manera grosera rompen las reglas de tránsito, lo que tiene mucha relación con nuestra costumbre nacional de no cumplir la ley u omitirla según nuestros intereses. De paso, esas personas son maleducadas con transeúntes y pasajeros, son violentas, belicosas, indisciplinadas y para colmo machistas.
Mucha culpa también la tiene el sistema educativo, puesto que la “educación vial” no está presente en ninguna materia. Cómo se envidian videos en los que se ven cómo son la primaria y secundaria en otros países, fundamentalmente asiáticos, donde se enseñan las normas de tránsito, los deberes y derechos de los conductores, pero principalmente de los transeúntes, construyendo una “cultura vial” que brindará bastante seguridad.
Tampoco las autoridades de los diferentes niveles del Estado ponen mucho énfasis en la fiscalización, mediante controles serios a los conductores, uso de cámaras de seguridad vial, alcoholímetros en puestos de control, multas significativas, controles por GPS, inflexibilidad en el uso de seguridad personal (cinturones, cascos, luces, etc.), que son alternativas usadas en varios países y que han resultado exitosas y con relativamente bajos costos.
El ciudadano debe tener la sensación de que conductas inadecuadas no van a quedar impunes. Hasta que no haya ese mensaje claro y diáfano de que hasta aquí hemos llegado, no se verá una reducción o se producirán incrementos asociados al aumento de la movilidad.
Lo anterior tiene relación con el derecho a la seguridad, que es un derecho humano reconocido en diversos instrumentos internacionales e implica la protección del individuo de su integridad tanto física, psíquica como moral, la protección de sus bienes y el entorno en el que desarrolla sus actividades.
El derecho de la seguridad incluye medidas de protección contra la violencia, el abuso, la tortura, la desaparición forzada y otros actos de violencia. También incluye la obligación de las autoridades de garantizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía, investigar y perseguir los actos delictivos y brindar justicia a las víctimas.
En consecuencia, la falta de condiciones adecuadas en las calles y carreteras que ponen en riesgo la vida, la salud, la integridad personal, están vulnerando la seguridad, pero al Ministerio de Gobierno encargado de este rubro al parecer le interesa más pelear con el exjefazo que construir una política pública adecuada para esta problemática.
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