Por Mónica Oblitas //
En Bolivia, no todos los créditos se tramitan igual. Algunos requieren historial financiero, otros sólo un apellido. Y si no, que le pregunten a Rafael Ernesto Arce Mosqueira, quien con apenas 25 años compró un predio de más de 2.100 hectáreas en una zona de conservación por 3,3 millones de dólares. Lo hizo en noviembre de 2021, poco después de dejar el cargo de funcionario público y sin tener antecedentes empresariales conocidos. Un año y medio antes trabajaba en ENDE; antes de eso, era auxiliar en la ANH.
Con ese elevado perfil accedió a un crédito millonario y al predio “Adán y Eva”, clasificado como Bosque de Conservación y Manejo Sostenible, además de Tierra de Producción Forestal Permanente (¿no es difícil entender qué es PERMANENTE verdad?). Entre 2022 y 2024, desaparecieron 479 hectáreas de bosque primario. Paralelamente, se instaló un sistema de cultivo extensivo de soya y maíz, no contemplado en el plan aprobado por la ABT. Esa misma ABT, lenta conocida, procesó la solicitud de modificación del plan de uso del suelo en sólo cuatro días hábiles. En teoría, el plazo estándar es de hasta un mes. En la práctica, la mayoría de los ciudadanos tarda varios meses en obtener resoluciones similares. Aquí no hubo demoras. La resolución fue emitida sin observaciones. Una eficiencia poco común.
Mientras el país atravesaba su peor crisis ambiental en 2024, con incendios que superaron los 12 millones de hectáreas, “Adán y Eva” registró una media de seis focos de calor por día durante octubre y noviembre. Todo esto en el marco de la pausa ambiental decretada por el propio gobierno del presidente Luis Arce, padre del beneficiario.
Ninguna institución del Estado ha emitido hasta ahora una sanción formal. Tampoco se han respondido las solicitudes de información enviadas por los periodistas de Connectas, que investigaron este caso, a las autoridades competentes. Lo que sí se concretó fue la construcción de un puente a 15 kilómetros del predio, financiado por la UPRE, la Unidad de Proyectos Especiales, una entidad pública bajo tuición del Ministerio de la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia que, en 2022, aprobó el desembolso de 21,7 millones de bolivianos (3,1 millones de dólares) para la construcción del puente de sobre el río Piraí.
Mientras tanto, otro hijo del presidente, Marcelo Arce Mosqueira, no hace poco apareció mencionado en negociaciones no muy limpias vinculadas al litio y al gas.
Unas joyas los muchachos.
No hay duda de que, aunque el bosque y los intereses de los bolivianos retroceden, el apellido Arce avanza y hacia dónde lo hace dependerá de quienes votemos en las elecciones de agosto.
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