A menos de un mes de las elecciones generales del 17 de agosto de 2025, Bolivia se encuentra en un momento definitorio. No se trata únicamente de acudir a las urnas. El proceso electoral que se avecina está marcado por peligros concretos que amenazan su legitimidad y legalidad. Estos riesgos no son hipotéticos ni meramente técnicos: están ya presentes en las decisiones institucionales, en los discursos políticos y en las omisiones del Estado. No encender las alarmas ahora sería una irresponsabilidad histórica.
Tres factores destacan con nitidez. El primero es la exclusión de connacionales del voto en el exterior. La Constitución y la Ley 026 garantizan este derecho a las y los bolivianos que viven fuera del país, y establecen que deben habilitarse asientos electorales en todos los países donde Bolivia tenga representación diplomática permanente y ciudadanos inscritos en el padrón. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral ha anunciado que sólo se votará en 21 países, excluyendo a 11 más donde también hay presencia consular y población boliviana registrada. Esta decisión, justificada por la supuesta falta de recursos, desobedece el mandato constitucional y legal.
Lo más grave es que esta exclusión se produce por el incumplimiento del Poder Ejecutivo, que no ha garantizado los recursos necesarios, y con la anuencia del Órgano Electoral, que no ha interpuesto acciones de cumplimiento ni activado con firmeza su responsabilidad institucional. Más allá de comunicados titulados “acuerdos multipartidarios por la democracia”, muchos de esos pactos quedaron archivados, y el silencio de quienes saben lo que ocurre pero prefieren callar es ensordecedor. Se privilegia una visión contable por encima de un derecho fundamental, como si el voto de un boliviano en la India valiera menos que el de uno en España, estableciendo jerarquías entre ciudadanos y transformando el voto universal en una ficción segmentada.
No hay siete millones de dólares para garantizar el derecho al voto en el exterior, pero sí hubo nueve millones para operaciones financieras destinadas a beneficiar a los hijos del Presidente. Esa contradicción erosiona la legitimidad del proceso antes de que se emita siquiera el primer voto.
La Ley 026 es categórica: obstaculizar un proceso electoral es delito. Sin embargo, mientras se anuncian investigaciones contra actores políticos por declaraciones, no se sanciona a quienes, desde el Ejecutivo, omiten cumplir con la obligación de transferir los recursos indispensables para que todas y todos los ciudadanos ejerzan su derecho al sufragio. Se castiga la crítica, pero se tolera la omisión.
El segundo riesgo es el deterioro de las actividades previas al día de votación. Las elecciones no empiezan el 17 de agosto. Requieren planificación, contratación de notarios, capacitación presencial de jurados, logística robusta, materiales electorales listos, transporte seguro y coordinación interinstitucional constante. Pero hoy, muchos de estos elementos están en duda. Por eso, desde el Gobierno se escucha con insistencia la demanda de que la Policía y las Fuerzas Armadas “cumplan su rol”. Es posible que en varias regiones no se logre capacitar a los jurados, entregar oportunamente el material electoral, instalar las mesas de votación, o que las actas no lleguen a tiempo a los tribunales departamentales para su cómputo. También hay incertidumbre sobre si el nuevo Sistema de Resultados Preliminares (SIREPRE), antes denominado TREP, funcionará adecuadamente, si fracasará por falta de preparación en campo o, incluso, si será suspendido 24 horas antes de la jornada electoral, como ocurrió en 2020. A esto se suman amenazas de boicot y una débil presencia institucional.
Lo más alarmante es que no hay previsiones claras en la normativa electoral para responder a estas contingencias, más allá de las amenazas de sanciones penales. Si no se instalan mesas, si los jurados no se presentan o si el material no llega, ¿qué ocurrirá? ¿Cómo se subsanará? ¿Qué normas operarán? La respuesta es incierta. Y esa incertidumbre no sólo es jurídica: es política. No se debe olvidar que los vacíos normativos, sumados al desconocimiento de la normativa boliviana, permitieron en 2019 que la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (MOE) se adelantara con un informe que hablaba de “inconsistencias graves”, las cuales luego fueron amplificadas como “fraude”, un extremo que nunca se probó ni en cancha ni en mesa, pero que rompió a la sociedad y marcó profundamente la dignidad de miles de personas.
Este vacío se cruza con un escenario en tensión creciente. Evo Morales y el evismo han anunciado que no participarán en estas elecciones, ni siquiera con candidaturas legislativas. El fallo de los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional impidió formalmente que Morales sea candidato a la presidencia, pero al mismo tiempo dejó abierta la posibilidad de que postule como senador o diputado. Esa decisión fue interpretada por muchos como un intento de tenderle un “puente” institucional: una vía para permitir su participación parcial, y con ello, su eventual aceptación del proceso y de sus resultados si lograba ser electo. Pero Morales no cayó en esa trampa. Optó por no participar de ninguna forma, apostando a deslegitimar el proceso en su conjunto. Ya no se trata de ganar, sino de cuestionar la validez de todo el sistema, construir el relato de un fraude estructural y debilitar al próximo gobierno desde su primer día.
Esta táctica no es nueva. Se ha utilizado en varios países cuando fuerzas desplazadas del poder optan por impugnar todo el sistema. En Argentina, sectores del kirchnerismo denunciaron fraude como estrategia de resistencia. En Ecuador, el correísmo denunció proscripción tras su inhabilitación. En Colombia, sectores de derecha rechazaron el marco institucional tras la firma de los Acuerdos de Paz. El patrón es claro: cuando no se puede ganar, se busca que el tablero pierda legitimidad.
Pero en Bolivia, la exclusión no se limita al evismo. También otros actores, como Jaime Dunn de Ávila y su entorno político, conocidos como “dunistas” en referencia a su liderazgo, han sido también marginados del proceso mediante decisiones administrativas, judiciales o electorales. La sensación de haber sido expulsados del sistema democrático no es patrimonio de una sola corriente. Esa percepción generalizada alimenta la desafección política. Muchos atribuyen el 31% de votos blancos, nulos o “no sabe/no responde” que reflejan las encuestas a esta exclusión difusa, que en el fondo expresa una ruptura del pacto democrático.
El tercer factor de riesgo es la desinstitucionalización. En medio de una crisis profunda, ni siquiera una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, controlado por magistrados que han extendido su mandato contra toda legalidad, puede generar certidumbre. Cualquier intento de convalidar una elección marcada por exclusiones, omisiones o participación parcial, nacerá sin legitimidad. Una sentencia puede imponer formalidad, pero no confianza. La legitimidad no se decreta: se construye con actos institucionales sólidos, con procedimientos creíbles, con justicia efectiva y actores confiables.
Bolivia atraviesa una multicrisis: económica, institucional, judicial y política. Apostó por el calendario electoral como vía de salida. Pero si esa salida se convierte en un proceso débil, sesgado y excluyente, no reconstruirá nada. Por el contrario, añadirá otra fractura a un país ya profundamente dividido.
Por eso, más que preguntarnos quién ganará las elecciones del 17 de agosto, deberíamos preguntarnos qué quedará en pie después de ellas. Porque lo que está en riesgo no es sólo el resultado, sino el pacto mismo que permite que el voto tenga sentido. Cuando se excluye, se omite y se permite que el proceso electoral se fragmente antes de que inicie, lo que se rompe no es sólo un reglamento ni una etapa técnica: es la confianza, la pertenencia y la fe en la democracia. Y sin eso, ninguna elección sana es posible. Aún estamos a tiempo, pero ese tiempo se agota. Lo urgente ya no es votar. Es evitar que, cuando llegue ese día, ya estemos votando sobre los escombros.
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