El 21 de enero, el Estado boliviano se sometió por cuarta vez al proceso de revisión del Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el que los Estados miembros evaluaron el cumplimiento de las recomendaciones realizadas a Bolivia durante el ciclo anterior, en 2019. En esta ocasión, mediante un diálogo interactivo, se emitieron más de 270 nuevas recomendaciones. La delegación boliviana, presidida por el ministro de Justicia, César Siles, presentó su informe ante el Consejo de Derechos Humanos, donde participaron un total de 98 Estados miembros de la ONU.
Entre las numerosas recomendaciones, alrededor de 35 estuvieron referidas a la protección de defensores de derechos humanos, la libertad de asociación y reunión, la independencia judicial y la implementación del Acuerdo de Escazú. Aunque representan una oportunidad para avanzar hacia mayores estándares de derechos humanos, también ponen de relieve importantes desafíos estructurales y contextuales.
Uno de los temas más recurrentes en las recomendaciones es la necesidad de proteger a los defensores de derechos humanos y periodistas. Países como Alemania, Liechtenstein y Canadá destacaron la importancia de implementar políticas públicas específicas y mecanismos de protección efectivos. Estas recomendaciones también subrayan la urgencia de investigar casos de intimidación, acoso y violencia contra estos actores clave, y garantizar que los responsables rindan cuentas.
Sin embargo, persisten obstáculos importantes en esta área y al país le queda mucho que avanzar en estos temas. Bolivia carece de un marco legal que garantice la seguridad de los defensores y periodistas, y la impunidad en los casos de agresiones sigue siendo una constante. Además, no se ha prestado suficiente atención a grupos específicos, como las mujeres defensoras de derechos humanos y líderes indígenas, quienes enfrentan vulnerabilidades particulares. Esto evidencia una necesidad urgente de diseñar estrategias diferenciadas con enfoque de interseccionalidad que aborden estas problemáticas.
Las recomendaciones también enfatizan la protección del derecho a la asociación y a la protesta pacífica, elementos fundamentales en una democracia. Costa Rica y Suecia han recomendado a Bolivia que revise leyes restrictivas, como la Ley 351, y elimine los obstáculos legales y administrativos que dificultan el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, se ha sugerido que se fortalezcan las capacidades de las fuerzas del orden para garantizar que las manifestaciones se gestionen de manera respetuosa con los derechos humanos.
A pesar de estas recomendaciones, el contexto boliviano muestra una resistencia institucional para adoptar protocolos internacionales en la gestión de manifestaciones pacíficas. La falta de diálogo con la sociedad civil y el uso de medidas represivas en protestas recientes han generado preocupación entre organismos internacionales y organizaciones locales. Superar estos desafíos requiere no sólo modificar normativas, sino también cambiar actitudes institucionales hacia la protesta como un derecho legítimo.
En relación con la libertad de expresión y de prensa, varios países han planteado la necesidad de fortalecer los marcos legales para garantizar un entorno seguro para periodistas y medios de comunicación. Entre las recomendaciones destacan la implementación de políticas para combatir discursos de odio, desinformación y violencia política, especialmente en entornos digitales. Además, se ha señalado la importancia de promover la diversidad y pluralidad en los medios, asegurando que representen la realidad multicultural del país.
Sin embargo, Bolivia enfrenta desafíos significativos en este ámbito. Los periodistas, particularmente aquellos que cubren temas sensibles como la corrupción y los conflictos sociales, suelen estar expuestos a acoso y amenazas. Además, el control de la información en plataformas digitales plantea nuevos riesgos, como la censura y el hostigamiento en línea. Abordar estas cuestiones requerirá un enfoque integral que combine protección legal, fortalecimiento institucional y capacitación técnica.
El Acuerdo de Escazú, aprobado por Bolivia, representa una oportunidad para avanzar en la protección de los derechos ambientales y de los defensores del medio ambiente. Países como España y Canadá han recomendado su implementación plena, destacando la importancia de garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia ambiental. Este acuerdo también es relevante en el contexto de las crisis ambientales que enfrenta Bolivia, como los incendios forestales y la explotación de recursos naturales.
A pesar de su potencial, la implementación del Acuerdo de Escazú enfrenta varios desafíos. La creación de un Comité Plurinacional y una hoja de ruta aún están en etapas iniciales, y persiste una falta de claridad sobre los recursos necesarios para su ejecución. Además, la protección de los defensores ambientales sigue siendo insuficiente, a pesar de los riesgos crecientes que enfrentan debido a conflictos socioambientales. La puesta en marcha de este acuerdo será fundamental para mejorar la transparencia y fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales.
El fortalecimiento de la independencia judicial es otro eje central de las recomendaciones. Tanto los países participantes en el EPU como el Relator Especial de Naciones Unidas han subrayado la necesidad de garantizar procesos judiciales independientes y basados en méritos. Asimismo, se ha recomendado combatir la corrupción dentro del sistema judicial y asignar recursos adecuados para su funcionamiento.
El sistema judicial boliviano enfrenta una crisis estructural que compromete su capacidad de garantizar justicia de manera imparcial. El abuso de la prisión preventiva, la falta de recursos para jueces y tribunales, y la politización de los procesos judiciales son problemas recurrentes. Además, el Relator Especial ha señalado la necesidad de fortalecer la jurisdicción indígena y la justicia de paz, áreas clave en un país con una gran diversidad cultural y territorial. La implementación de estas recomendaciones no solo requerirá reformas legales, sino también un compromiso político sostenido para cambiar las prácticas y actitudes que perpetúan estas deficiencias.
Las recomendaciones del EPU constituyen un mapa valioso para que Bolivia avance en el fortalecimiento de sus derechos humanos. Sin embargo, su implementación efectiva requiere superar barreras estructurales, políticas y culturales que limitan el progreso en áreas clave. El compromiso político, la participación activa de la sociedad civil y una asignación adecuada de recursos serán determinantes para que estas recomendaciones no solo se traduzcan en documentos, sino en mejoras concretas para la población boliviana.
Aún queda por delante la etapa en la que Bolivia deberá posicionarse respecto a estas recomendaciones, indicando cuáles acepta y cuáles anota (rechaza). Es fundamental que el Estado brinde su apoyo a todas las recomendaciones del EPU y que este compromiso sea genuino y operativo. Para ello, resulta clave la elaboración de un Plan Nacional de Derechos Humanos que sea construido de manera conjunta entre el Estado, las organizaciones de la sociedad civil y otros sectores vinculados a los derechos humanos. Asimismo, se requiere que el Sistema de Información Pública para el Monitoreo de Derechos Humanos (SIPLUS) se mantenga actualizado para facilitar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos. También es necesario que las recomendaciones se difundan ampliamente, y que la Comisión para la Presentación de Informes de Estado sobre Derechos Humanos abra canales de diálogo efectivos y promueva un proceso de implementación que permita enfrentar los desafíos planteados por el EPU.
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