Las elecciones presidenciales celebradas el 17 de agosto de 2025 en Bolivia no sólo sorprendieron a la ciudadanía; también marcaron un punto de quiebre desde la vigencia de la Constitución Política del Estado de 2009. Por primera vez, se realizará un balotaje en el que no participará el Movimiento al Socialismo (MAS), partido que durante más de tres lustros ordenó la política nacional y concentró las disputas electorales en torno a su figura. El conteo del SIREPRE, el Sistema de Resultados Preliminares administrado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), con el 95% de actas computadas, ofrece una fotografía clara de la elección. Aunque son todavía datos preliminares y no oficiales, su magnitud otorga certeza sobre una tendencia irreversible: Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), encabeza con 1.625.882 votos, seguido por Jorge “Tuto” Quiroga, de Libre, con 1.356.370. Debajo de ellos emerge el dato que redefine la discusión pública: el voto nulo, con 1.252.449 papeletas, por encima de Samuel Doria Medina, de la alianza Unidad, que obtuvo 1.004.846. Ese número —no un porcentaje, un número— convierte al nulo en la tercera fuerza nacional, desplazando a las candidaturas tradicionales a un plano que ya no pueden explicar con viejas narrativas.
La importancia de este resultado radica en su doble dimensión normativa y política. Conforme a la Ley 026 del Régimen Electoral, los votos nulos no cuentan para la asignación de cargos ni para el cálculo de mayorías, pero sí forman parte de los votos emitidos. De modo que 1.252.449 ciudadanos decidieron anular su voto; no se equivocaron ni cometieron un error técnico: eligieron rechazar la oferta política. El derecho a votar incluye también el derecho a no convalidar. Este caudal no puede ser tratado como ruido estadístico, sino como un pronunciamiento político que podría condicionar la legitimidad del futuro gobierno.
Este fenómeno tuvo impulso político deliberado. Evo Morales, atrincherado en su fortín del Chapare cochabambino, promovió el voto nulo como herramienta de castigo y de boicot al sistema sin él. Lo hizo para debilitar a Luis Arce, borrar del mapa a su delfín Andrónico Rodríguez y enterrar al MAS como alternativa de poder. La estrategia fue eficaz: Arce no compitió, Andrónico apenas sumó 415.611 votos y Eduardo del Castillo alcanzó sólo 159.769. La otrora maquinaria arrolladora quedó dividida, debilitada y desplazada de la centralidad política. Morales ya no construye liderazgo: actúa como el sepulturero de su propio proyecto, confirmando la paradoja de un caudillo que sobrevive políticamente destruyendo lo que él mismo encumbró.
Mientras tanto, la oposición ratificó su incapacidad para convertir la “unidad” en algo más que una consigna. Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga no lograron confluir en un proyecto común. El desenlace es evidente: quien encabezaba las encuestas terminó relegado al cuarto lugar detrás de los votos nulos. Quiroga, en cambio, mostró una sorprendente resiliencia: el expresidente, considerado por muchos como parte del pasado político y ubicado en el espectro de la derecha dura, acumuló 1.356.370 votos y se ganó un lugar en la segunda vuelta. Pero la irrupción determinante fue la de Rodrigo Paz. El PDC, que durante años se movió en la marginalidad del sistema, capitalizó el desgaste del oficialismo y la dispersión opositora. Y lo hizo con un fenómeno sociopolítico de fondo: mesas históricamente dominadas por el MAS se inclinaron esta vez por el PDC, arrastradas más por la figura de Edman Lara, candidato a la Vicepresidencia, que por el propio Paz. Esa transferencia territorial confirma que la política boliviana no se decide únicamente en la arena mediática o en la confrontación ideológica: también se juega en el tejido comunal, en las redes sindicales y en el peso de liderazgos regionales.
En este punto cabe una crítica severa a las encuestadoras, que durante meses insistieron en un escenario que nunca existió y sostuvieron con cifras artificiales la supuesta primacía de Doria Medina. No se equivocaron por márgenes de error, sino por construir un relato que condicionó la agenda pública. Mientras los sondeos lo colocaban establemente por encima del 25% de la intención de voto, en la jornada real apenas alcanzó 1.004.846 sufragios, quedando incluso detrás de 1.252.449 votos nulos. La diferencia no es estadística: es política. Se engañó al electorado, se debilitó el derecho ciudadano a decidir con información veraz y se favoreció a determinados actores. Las empresas de sondeos terminaron actuando más como jugadores políticos que como observadores técnicos, y el resultado del 17 de agosto demuestra que la democracia no puede seguir secuestrada por mediciones complacientes, diseñadas muchas veces para influir y no para informar.
El mérito institucional de este proceso recae en el Órgano Electoral Plurinacional. El TSE organizó la elección prácticamente solo, sin apoyo real del Ejecutivo ni del Legislativo. Pese a esa soledad política, los vocales cumplieron con su deber: garantizaron integridad, cadena de custodia, inmediatez y transparencia. Lo hicieron incluso frente a tensiones internas, como la actitud del vocal Tahuichi Tahuichi Quispe, que apostó públicamente por el fracaso. El cuerpo colegiado demostró que, cuando la política abandona al árbitro, el árbitro puede sostener la democracia cumpliendo con rigor y sobriedad. La implementación del SIREPRE permitió entregar resultados preliminares rápidos y confiables, disipando sospechas que en el pasado alimentaron la desconfianza.
En contraste, la jurisdicción constitucional arrastra un problema de legitimidad. Los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional intentan hoy presentarse como “constructores de la democracia”, cortejando a las nuevas fuerzas políticas. Pero lo hacen después de haber extendido sus mandatos mediante decisiones judiciales cuestionadas. Ese gesto, por más que se lo revista de argumentación jurídica, erosiona la confianza en la institución encargada de custodiar la Constitución. Si el país transita hacia una nueva etapa de recomposición política, el primer paso es que los intérpretes supremos de la norma básica dejen de comportarse como actores interesados en perpetuarse.
El camino al 19 de octubre, fecha del balotaje, será estratégico y complejo. Se enfrentarán Rodrigo Paz y Jorge Quiroga, sin Samuel Doria Medina y sin el MAS en la boleta como alternativa de poder. Los votos de Doria Medina, de Manfred Reyes Villa y de Andrónico Rodríguez serán objeto de intensas negociaciones. Pero la verdadera llave está en otro lado: 1.252.449 votos nulos. Si ese caudal se mantiene o incluso aumenta en la segunda vuelta, el próximo presidente podría asumir con menos respaldo válido frente a un rechazo masivo que alimente un discurso de deslegitimación desde el primer día. La ausencia de una izquierda competitiva multiplica ese riesgo: muchos electores que no encuentren eco en Paz o en Quiroga pueden optar por volver a anular su voto como señal de protesta.
Desde la perspectiva del derecho electoral, el desafío no se resuelve con discursos. Exige cumplimiento estricto de las reglas, transparencia radical en cada etapa del cómputo y una rendición de cuentas que no se esconda detrás de tecnicismos. El TSE ha demostrado que puede sostener la confianza; pero deberá redoblar el estándar en la segunda vuelta. También dependerá de la conducta de los actores políticos: admitir los resultados, procesar denuncias dentro de la institucionalidad y, sobre todo, ofrecer propuestas concretas a los más de un millón de ciudadanas y ciudadanos que eligieron anular. Ignorar a ese bloque es garantizar que el próximo mandato nazca debilitado.
La elección de 2025 volteó la mesa. El MAS desapareció del centro de la escena; la oposición compite en un balotaje inesperado y el árbitro electoral se fortaleció en medio de la tormenta. Pero la democracia boliviana sigue bajo tensión: no basta con contar votos, hay que reconstruir legitimidad. La cifra de 1.252.449 votos nulos es un recordatorio de que una porción decisiva de la ciudadanía no se siente representada. Si el 19 de octubre confirma un presidente con mayoría válida y una oposición democrática, Bolivia habrá dado un paso adelante. Si, en cambio, los votos nulos superan esa cifra y se consolidan como el relato de la deslegitimación, el nuevo gobierno comenzará su gestión con una fractura difícil de sanar.
A esta hora, lo que sabemos es suficiente para un diagnóstico honesto: el MAS quedó fuera del balotaje porque se fracturó y porque más de un millón de ciudadanos prefirieron anular antes que convalidar o reemplazar su proyecto. La oposición llegó dividida, pero un exmandatario y un candidato inesperado disputarán la Presidencia. El TSE cumplió, el TCP se debe un espejo, y el país vuelve a recordarnos que el voto —válido o nulo— es el único lenguaje que obliga a escuchar. Lo que venga después del 19 de octubre dependerá menos de la épica de los candidatos que de la humildad institucional para reconstruir confianza. Porque la mesa ya se volteó; ahora toca enderezar las reglas y convencer a más de un millón de electores de que la democracia todavía merece su apoyo.
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