Luego de los lamentables hechos de Llallagua y sus alrededores, con muertos, heridos y detenidos, al parecer fue inevitable que, en represalia, el Gobierno ingrese a la zona y afecte una de las actividades económicas del sector como es el cultivo de marihuana. Según la información periodística, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) encontró más de 60 carpas solares con esos cultivos, que en total sumaban 14,5 toneladas de la planta en la zona de Lagunillas y posteriormente se conoció que se usaba riego de los programas gubernamentales para hacerla crecer.
La zona tiene una de las historias más ricas de nuestro país, cuenta con cinco franjas étnicas que resistieron la colonización española: Sakaka, Chayanta, Puqu Wata, Macha y Tinkipaya. Incluso lograron el reconocimiento ancestral de ésta, cuyas autoridades les otorgaron un escudo de armas. Así, en el siglo XVI, la nación Charca estaba organizaba en dos grandes parcialidades: Sacaca y Chayanta. Sacaca, a su vez, tenía tres parcialidades: Hila, Pagre y Sullca, en tanto que eran parte de Chayanta los Chullpas, Laymes, Carachas, Chayantacas y Sicoyas, manteniendo a duras penas su organización y forma de vida a pesar de los ataques de las autoridades coloniales.
También pusieron un alto a la Ley de exvinculación de 1874, que en los albores de la República intentó romper la vida colectiva de los pueblos indígenas, bajo la idea liberal de propiedad privada individual, vendiendo la tierra a hacendados, provocando el latifundio. Sin embargo, los ayllus del norte de Potosí se mantuvieron firmes: no dejaron ingresar a los funcionarios gubernamentales encargados de la labor. Más adelante, hicieron lo mismo con el sindicalismo impuesto por la revolución de 1952, que también intentaba realizar un proceso nacionalizador y supuestamente civilizatorio. Ellos, siempre orgullosos de haber sido los “guerreros del inca”, con quien las crónicas señalan que conquistaron varios pueblos del actual Ecuador y norte del Perú, no dejaron su larga vida comunal.
Estos pueblos siempre tuvieron una tradición guerrera; pero también les sobrevino desde siempre una historia de pobreza y abandono por parte del Estado Republicano primero y ahora por parte del Estado Plurinacional, puesto que las pruebas nos muestran que hasta hoy el masismo los vino utilizando únicamente para sus intereses políticos, pero les otorgó muy poco para su desarrollo económico, humano y social.
No dejemos de lado observar que en la medición de pobreza multidimensional, Potosí alcanza el 26%, comparado con el promedio de Bolivia que es del 16%. Su población entre 1 y 14 años está decreciendo y reporta una de las tasas de emigración más altas del país. Los trabajadores potosinos en el área rural y los que laboran en el comercio informal tienen ingresos menores al salario mínimo, y la tasa de desempleo urbano supera a la media nacional. La incidencia de la pobreza y pobreza extrema en Potosí llegó al 67,4% y 49,5 %, respectivamente. Para mayor claridad, en la zona potosina 7 de cada 10 personas son pobres moderados y 4 pobres extremos, alarmante.
En ese sentido, no sorprende que la salida para los ayllus guerreros haya sido la actividad ilícita: narcotráfico, contrabando, comercio de autos ilegales (chutos) y todo lo que esas actividades traen como daños colaterales, dinero mal habido, prostitución, alcoholismo, trata y tráfico, posible relacionamiento con la mafia internacional, seguramente chilena, colombiana y mexicana, como se dijo en los últimos días.
Lo que es evidente es que estas actividades no son de ayer, ya llevan varios años, y obviamente la falta de acciones del gobierno masista son más que claras, lo que demuestra una clara complicidad y por ahí incluso la participación directa e indirecta en toda la cadena delictiva. Uno puede oler una especie de acuerdos en los cuales se habría dicho: "Me comprometo a no molestarte (ni Policía ni Fuerzas Armadas); pero tú me apoyas política y económicamente en el desarrollo del 'proceso de cambio'". Ahora, paradójicamente, en las movilizaciones contra el mismo gobierno azul.
Otro elemento a tomar en cuenta es que, con mucha probabilidad, la participación en las actividades delictivas sigue la tradición colectiva de estos pueblos; es decir, una especie de distribución igualitaria de beneficios, donde seguramente algunos miembros de las comunidades trabajan la producción, otros el transporte, unos cuantos la comercialización e incluso la seguridad. Una nueva forma de Ayni (reciprocidad) y Mink’a o Minga (trabajo comunitario), pero buscando que algo de beneficio llegue para todos y todas de acuerdo a su trabajo. Esto se pudo evidenciar en estas últimas movilizaciones evistas, que siguieron el ejemplo de las luchas de Felipe Quispe, “El Mallku”, que movía a sus bases de manera similar; aunque con reivindicaciones algo más legítimas y legales.
De acuerdo a varios estudios, la misma organización existiría en el trópico de Cochabamba, donde el narcotráfico es una de las actividades que se habría nacionalizado, y requiere la participación militante de manera vertical de los sindicatos cocaleros y gran parte de la población del sector, que no le queda más que luchar por esa forma de vida que le permite sobrevivir. Pero por el otro lado, de manera negativa, la ata corporativamente a la reina, al estilo de una colmena de abejas. Por ello, es inevitable la obligatoriedad de movilización, multas y hasta pérdida de tierras si no lo hace, pactos de silencio y hasta actividad ilícita (uso de armas, explosivos, violencia), cuando se lo ordenan; aspectos que la población urbana no llega a comprender a cabalidad, pues está más sumida en una forma de vida más individual y muy diferente.
En ambos casos, es justamente esa característica que le da título a esta columna. Los diferentes gobiernos que intentaron erradicar la coca y reducir el narcotráfico en el trópico de Cochabamba fracasaron y fracasarán, y ahora, se abre otro frente con relación a la marihuana en el norte potosino y sur orureño, donde de la misma manera se vislumbra poco éxito gubernamental.
Se podría usar el discurso de que a estos sectores, así como otros en nuestra amplia geografía, no se les otorgó otras alternativas económicas y planes adecuados de desarrollo, pero quizá no sea completamente verdad, para ejemplo usamos lo analizado por Ovidio Roca, que indica:
En el Chapare se producen al menos 1.200 kilos de hoja secas por hectárea. Con 100 kilos de hojas de coca más ciertas sustancias químicas esenciales y precursoras, se obtiene 1 kilo de clorhidrato de cocaína. Es decir que se producen 12 kilos de cocaína por hectárea. El precio promedio de un kilo de cocaína en el mercado internacional es de 28.000 dólares. Por lo que la producción de coca en una hectárea, vendida en el exterior, genera 336.000 dólares. Si se dedican 20.000 hectáreas con dos cosechas, aunque generalmente son tres, por la producción de cocaína, tendríamos un ingreso en el mercado internacional de 6.720 millones de dólares anuales. Si los productores bolivianos recibieran sólo el 30% de esta cifra, su ingreso sería de 2.016 millones anuales.
Con semejantes cifras, sería muy difícil que poblaciones enteras de los sectores que referimos quieran cambiar de actividad y volver a la pobreza extrema en la que vivían. Seguirán con una sistemática y organizada democratización del delito, lo contrario tendría un costo social demasiado alto.
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