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La Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos que agrupa a más de 50 organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional en Bolivia, comprometidas con articular esfuerzos, integrar conocimientos y acciones para acompañar la reforma integral al sistema de justicia en Bolivia, en el marco de la normativa que regula ampliamente las facultades de control social y participación ciudadana, se ha propuesto instaurar la práctica de promover reportes alternativos a los informes de gestión de las instituciones que intervienen en la administración de justicia, con el fin de publicar anualmente un balance sobre el estado de situación de la justicia que identifique barreras de acceso, buenas prácticas, avances y desafíos en el marco de la agenda post Cumbre de Justicia Plural y los desafíos comprometidos por el Estado.

En esta línea el Informe sobre el Estado de la Justicia en Bolivia 2018 recopila datos de información publicada por las instancias que intervienen en el sistema de justicia.

El informe está estructurado en cinco secciones de análisis y un apartado de recomendaciones: i) El Estado Actual de la Administración de Justicia, ii) La administración de judicial penal, iii) El acceso a la justicia de mujeres que sufren violencia, iv) La situación de la independencia judicial, así como, v) La transparencia y el acceso a la información pública. El documento toma como fuentes de información los informes de gestión, estadísticas y otro tipo de datos publicados por las instituciones que intervienen en la administración de justicia, reportajes periodísticos e información producida por las instituciones que forman parte de la Plataforma.

La apuesta de este primer documento alternativo desde la sociedad civil es motivar al Estado a mejorar la calidad de la información en justicia puesta a disposición de la ciudadanía para evaluar la gestión del Órgano Judicial, Tribunal Constitucional Plurinacional, Ministerio Público y otras instancias cuyo trabajo se relaciona con los servicios judiciales, reiterando en este punto que los estándares internacionales sobre acceso a la información pública comprometen a los Estados a cumplir con el principio de transparencia activa en pro de garantizar un entorno para el efectivo uso, interpretación, difusión y empleo de la información en el marco del ejercicio de los derechos ciudadanos.

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