A más de un mes de la “llegada de la Biblia a Palacio Quemado”, consigna imperante entre quienes buscaron la salida de Evo Morales del Gobierno, se han suscitado diferentes hechos que han generado repudio, entre ellos la llegada de un Gobierno “transitorio” con Biblia en mano y la presencia de coaliciones de sectas religiosas en él, pactando carteras de Gobierno en representación de personas fundamentalistas, conservadoras, homofóbicas y racistas, tal como los ministros de la Presidencia y de Gobierno, Jerjes Justiniano y Arturo Murillo, respectivamente. El primero fue defensor de la “manada” violadora, mientras que el segundo mandó a matarse a las mujeres que reivindican la despenalización del aborto. Estos son solo dos ejemplos de las personas que “transitoriamente” hoy dirigen el país.
Lo preocupante de este contexto político, orientado a cumplir y hacer cumplir “la voluntad de Dios” a como dé lugar, es su repercusión en otros escenarios de la esfera pública, posicionando discursos religiosos y fundamentalistas.
El proceso judicial por el feminicidio de Ivana Arroyo, en Tarija, es una muestra de ello. El 26 de noviembre de 2018, la vida de esta mujer de 29 años fue cegada con un golpe certero a la altura de su vientre. Su victimador fue Marcelo Ostria, un “exmister” con fuertes influencias económicas. Llama la atención que en los alegatos finales del juicio que tuvo lugar el 21 de noviembre, la defensa del acusado por feminicidio citó varios versículos bíblicos, en una clara convocatoria a “perdonar ofensas en nombre de Dios”, expuesta de manera textual y de rodillas por el propio acusado al momento de su intervención.
El fundamentalismo que te hace creer que por amor puedes, incluso, matar siempre ha tenido sus raíces en la opresión a las mujeres, a quienes sitúa por debajo de los hombres. En este caso concreto, el fundamentalismo, ahora bochornosamente institucionalizado y en alianza cómplice con el poder económico, ha tenido como consecuencia la modificación del delito penal de feminicidio a lesión seguida de muerte, a pesar de que Ostria mató con un golpe certero a Ivana, la dejó agonizar, luego pretendió deshacerse del cadáver e hizo maletas para huir, dejando el cuerpo de Ivana abandonado en su propio domicilio. Y así, fue sentenciado solo a ocho años de prisión. Anteriormente ya se había fugado de la cárcel, pero fue recapturado. Con todos estos antecedentes, las juezas Juana Abán y Elisa Flores sostuvieron que no hubo feminicidio.
Similar alianza “fundamentalismo-justicia y poder económico” se presentó en el feminicidio de Dayana Alemán, suscitado en febrero de 2017. Tras casi tres años del hecho, finalmente este tiene una sentencia: el acusado, Elías Garzón, es absuelto de culpa.
Se sabe que a lo largo del proceso judicial se presentó una serie de irregularidades vinculadas con un soborno económico a autoridades judiciales, las cuales, al inicio del proceso, liberaron al acusado y luego lo volvieron a encarcelar. También hubo un intento de soborno denunciado por la primera autoridad departamental del Ministerio Público de ese entonces; y amedrentamientos a la familia. Por último, irregularidades que también salpicaron al Consejo de la Magistratura, apuntando como autor intelectual al consejero Omar Michel, en un intento de tráfico de influencias para favorecer al feminicida, hecho que salió a la luz pública.
Lo último son solo algunos antecedentes de este caso, que además se pierden en una frustrada auditoría del proceso judicial anunciada por el Consejo de la Magistratura y que nunca fue concretada.
Duele pensar que estas expresiones puedan establecerse como amenaza del reflejo, de un intento de retroceso en torno a los derechos de las mujeres, las poblaciones vulnerables, TLGB, campesinos e indígenas, con relación a los avances conseguidos en materia normativa, ya que estos mismos grupos que hoy ostenta la Biblia en sus cargos públicos, en varias ocasiones han indicado que la Ley 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, era “injusta” para los hombres, y a título de su invento de “ideología de género” desconocían de manera pública las luchas por la igualdad y contra la violencia de género. Así, el proceder de los operadores de justicia en estos dos casos no es casual.
Esta arremetida encabezada por grupos fundamentalistas no puede ser entendida si no es analizada también desde el contexto de una estrategia internacional, que impera en el contexto latinoamericano, a través de los grupos denominados “Con mis hijos no te metas” o de lucha contra la falsa “ideología de género”, que busca establecer en los poderes políticos personas contrarias al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de las personas TLGB y a la igualdad género y a una vida libre de violencia.
En esa línea, buscan reducir cualquier avance en ese sentido, cumpliendo una agenda para contrarrestar derechos fundamentales de las personas -tal como se ha expresado en diferentes países--, teniendo un alcance político, ideológico y territorial profundamente trabajado, imponiendo una cultura foránea de creencia religiosa, en alianza con el sistema capital y patriarcal en desmedro de las libertades de las personas y de la población vulnerable económicamente, como es el caso de las familias de las víctimas de feminicidio citadas en este artículo.
En este contexto, el 25 de noviembre, Día de la eliminación de toda forma de violencia contra las mujeres, debimos lamentar que en Bolivia se manifiesta una justicia abusadora y golpeadora, amparada institucionalmente en el poder político que vuelve a asesinar mujeres, al transar económicamente sobre la vida de las víctimas, cuando la vida de las mujeres no se vende ni se negocia.
*Cintia Mamani Rodríguez es Técnica facilitadora del Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina de Tarija.
Comentarios