Por Equipo SOS Digital //
Cada día hay mujeres que denuncian ante la justicia o ante los medios que son víctimas de violencia digital; pero sus posibilidades de conseguir justicia son mínimas.
Lamentablemente, con frecuencia hay mujeres cuya dignidad es mellada cuando se comparte en redes sociales sus imágenes íntimas sin que ellas den consentimiento para eso. Son también muy frecuentes casos de extorsión por material íntimo al que el o los agresores tienen acceso de alguna manera y amenazan con publicarlo si no se realizan actos contra la voluntad de las mujeres. La captación para trata de personas a través de Internet también es un fenómeno continuo y su meta son principalmente niñas y adolescentes. Probablemente, los delitos digitales más comunes son la difamación y la calumnia, tan normalizados que no faltan las voces que defienden erróneamente la libertad de expresión de los agresores.
Bolivia no tiene un reconocimiento legal de estos delitos digitales; aunque a pesar de ello las instituciones públicas atienden casos de violencia digital de género. Lo lamentable es que realizan estas atenciones sin protocolos ni guías porque al no haber un reconocimiento legal, los organismos no han desarrollado estas herramientas. Es una historia de avasallamiento de la realidad sobre el sistema judicial en busca de justicia para las víctimas. El resultado es una continua revictimización y, finalmente, una altísima impunidad de la cual disfrutan los agresores.
Si bien desde el lado de la sociedad civil exigimos que se desarrolle este marco legislativo y se dé una atención correcta y sensible a las víctimas, además de que el sistema les dé certeza para la reparación integral del daño causado por los agresores, también sabemos que los SLIM, DNA, Policía e incluso la Fiscalía y los tribunales están sobrecargados de trabajo y prácticamente no se abastecen con todos los casos no digitales que deben atender. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿Esto significa que las víctimas de Violencia de Género Facilitada por la Tecnología (VG FT) deben resignar sus esperanzas de acceder a la justicia? Y sobre todo: ¿Existen otros caminos que no sea sólo el penal para asegurar justicia para las víctimas de VG FT?
Para intentar una respuesta a estas dos preguntas es necesario tomar tres caminos paralelos. Por un lado, fortalecer el sistema de atención a víctimas de VG FT con un marco normativo explícito, vías de acción claras y personal capacitado; por otro lado, explorar caminos no punitivos para algunos casos de VG FT en los que el deseo mayor de las víctimas es que sus imágenes dejen de circular y no necesariamente envolverse en casos judiciales que pueden llevar años y que, probablemente, les provocarán situaciones dolorosas de constante revictimización. Finalmente, es absolutamente necesario incrementar el presupuesto municipal, de la Policía y del sistema judicial para mejorar en las atenciones. Sólo como un ejemplo, el presupuesto del sistema judicial del 2024 (que incluye a la Fiscalía, Órgano Judicial, Ministerio de Justicia con todas sus dependencias y Tribunal Constitucional) representa el 0,46% del presupuesto general del Estado, lo que es absolutamente insuficiente para pretender asegurar un acceso satisfactorio a la justicia en cualquier caso de violencia de género.
_______________
La opinión de cada columnista de Guardiana no representa la línea editorial del medio de información. Es de exclusiva responsabilidad de quien firma la columna de opinión.
Comentarios