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Una vez conocidos los hallazgos preliminares de la auditoría que realiza la OEA, convenida con el Gobierno, el Presidente del Estado anunció la anulación de las elecciones generales de octubre y la realización de otras con la participación de nuevos actores, además de la designación de nuevos vocales de los tribunales electorales. También convocó a un diálogo a los partidos políticos y algunos sectores sociales, se entiende que es para asumir acuerdos. Y otra vez convocó a la pacificación.


Al respecto, cabe realizar algunas aclaraciones y precisiones sobre las determinaciones comunicadas por el Presidente del Estado y sobre los efectos de la información sobre los hallazgos preliminares establecidos en la auditoría.


Con relación a las decisiones del Presidente del Estado, comunicadas en su conferencia de prensa, complementadas en la entrevista en Radio Panamericana, las siguientes aclaraciones:


PRIMERO: El Presidente del Estado no tiene competencia para anular las elecciones generales. Esto debido a la fractura del sistema constitucional y el régimen democrático. Con las acciones, determinaciones y resoluciones adoptadas por el Tribunal Supremo Electoral, la competencia para declarar la nulidad de las elecciones generales es de la Asamblea Legislativa Plurinacional.


SEGUNDO: Para designar nuevos vocales de los tribunales electorales previamente se los tiene que destituir. El Presidente del Estado no tiene competencia para ello.


TERCERO: Las determinaciones comunicadas y la forma de convocatoria al diálogo y pacificación demuestran que el Presidente del Estado no tiene una verdadera voluntad política de encontrar soluciones al conflicto social y política que se ha generado por la ruptura del sistema constitucional y del régimen democrático, como consecuencia del desconocimiento de la voluntad ciudadana.

A estas alturas, la ciudadanía ya perdió toda confianza y credibilidad en el Presidente del Estado, debido a que desde el año 2008 al presente, no ha cumplido con su palabra empeñada de respetar la voluntad ciudadana, además de la forma en que ha encarado esta crisis social y política, convocando a los movimientos y organizaciones sociales afines al MAS a salir a las calles a defender “el voto de los campesinos” que, en su criterio, se estaría desconociendo. Con esto se ha generado la violencia con resultados lamentables de tres personas muertas y más de 300 personas heridas.


Para solucionar el conflicto generado y pacificar a la sociedad, el Presidente debió convocar a una cumbre social y política con todos los actores centrales, es decir, una cumbre con la participación del Gobierno Nacional, los ciudadanos y ciudadanas movilizados en las calles, exigiendo el respeto de su voluntad política y el restablecimiento del sistema constitucional y el régimen democrático, los partidos u organizaciones políticas que intervinieron en las elecciones del 20 de octubre; para lograr acuerdos mínimos que sean plasmados por las vías institucionales previstas en la Constitución y las leyes.


Sobre los hallazgos preliminares de la auditoría realizada por la OEA, cabe señalar que, debido a la contundencia de pruebas técnicas y documentales existentes y las entregadas por ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, los técnicos que realizan el trabajo han constatado que hubo un fraude electoral, realizado a través de acciones que encuadran en los tipos penales de los delitos electorales.

Corresponde advertir que los hallazgos son preliminares emergentes de la revisión del TREP y del Cómputo Oficial, faltando aún realizar la revisión del proceso electoral en su conjunto, cuyo resultado confirmará las graves infracciones de la Constitución y la Ley del Régimen Electoral.


Para restablecer el sistema constitucional, el Estado de Derecho y el régimen democrático con una base constitucional, debieran adoptarse las siguientes medidas urgentes:


En primer lugar: Lograr un acuerdo político social. Sobre esa base se podrán adoptar las siguientes medidas. Siendo evidente que el proceso electoral fue realizado con evidentes infracciones a los principios fundamentales y valores supremos, y la violación de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante Resolución Legislativa, debe declarar la nulidad de las elecciones generales; destituir a los vocales de los tribunales electorales por causales sobrevinientes y disponer la remisión de antecedentes al Ministerio Público para que se instaure la acción penal en contra de los autores materiales e intelectuales; y luego designar nuevos vocales de los tribunales electorales de entre ciudadanos y ciudadanas notables que devuelvan la credibilidad y confianza, asimismo garanticen independencia e imparcialidad.


En segundo lugar: La Asamblea Legislativa Plurinacional debe, mediante una Ley corta, reformar parcialmente la Ley Nº 026 del Régimen Electoral para acortar los plazos establecidos para la Convocatoria a Elecciones Generales. También debe abrogar la Ley del Régimen Electoral o, cuando menos, disponer la suspensión temporal de aplicación de los artículos 28 y 29 que regulan la realización de elecciones primarias para definir el binomio presidencial. Finalmente, debe asignar presupuesto para la realización de las elecciones.


En tercer lugar: Una vez se haya tomado posesión del cargo a los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral, se debe convocar a las nuevas elecciones generales con estricto respeto y cumplimiento de las reglas preestablecidas en la Constitución y las leyes.


En cuarto lugar: Ante la renuncia de Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera, a los cargos de Presidente y Vicepresidente del Estado, deberá aplicarse la sucesión constitucional establecida por el artículo 169.I de la Constitución. Debe quedar claramente establecido que la sucesión respecto a los presidentes de las cámaras legislativas no es a la persona, sino al cargo de Presidente o Presidenta de la Cámara.

Así, si renuncia el Presidente de la Cámara de Senadores, debe convocarse al Primer Vicepresidente, de renunciar el primer Vicepresidente, debe convocarse al Segundo Vicepresidente.


Finalmente, como parte del acuerdo político, se deberá concertar la conformación de un Gobierno interino, si las elecciones no se realizan antes del 21 de enero.

*José Antonio Rivera es un abogado constitucionalista. Este artículo de opinión lo escribió este domingo después de la renuncia de Evo Morales como un aporte a quienes le preguntaban sobre los pasos a dar a futuro. Él lo compartió en las redes sociales.

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