Por Rafael Sagárnaga López //
Érase un tiempo (años 2006-2011) en el que la rivalidad rayaba en el odio y la violencia que hasta sangre al río llevó. El Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), con su aureola del Socialismo del Siglo XXI, se enfrentaba a la “Media Luna”, “latifundista”, “neoliberal” y “proimperialista”. La pugna se fue caldeando en base primero a una guerra de denuncias. Entre 2007 y 2008, el relanzado Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA) hizo sorprendentes revelaciones sobre la propiedad de la tierra. Pero, además, esos datos se complementaban con la propiedad de los medios de comunicación, de los bancos y las relaciones políticas del pasado. Se llegaba a una sonada conclusión: 15 familias eran dueñas del poder en Santa Cruz.
Allí destacaba, por ejemplo, la familia Monasterios-Nieme que, según la denuncia documentada, detentaba más de 70 mil hectáreas en el agro. También poseía una conocida red de televisión nacional (Unitel) y algunos de sus miembros habían llegado a importantes cargos políticos en décadas pasadas. Su poder económico tenía como emblema nada menos que al Banco Ganadero (BG). Sin duda, constituían uno de los paladines de la “Media Luna”. El oficialismo no ahorró epítetos varias veces sea contra el canal, contra algunos funcionarios o contra los propios empresarios. Es más, fueron objeto de confiscaciones de algunos miles de hectáreas, decretos coercitivos y organizaciones sociales encaminadas a tomar tierras.
La postura masista se radicalizó luego con el fortalecimiento de los derechos de los pueblos indígenas y la prohibición de transgénicos. Más aún: en 2008, uno de los principales centros de comercialización y procesamiento de los granos, Gravetal, fue adquirido por afines al régimen con capitales venezolanos. Los tambores de guerra sonaron cuando se realizó la Asamblea Constituyente.
Como es sabido, desde el lado medialunero, las autoridades regionales, para variar ganaderas y terratenientes de origen, respondieron con similar artillería. Denuncias que acusaban al régimen de responder a Cuba y Venezuela, y buscar el fin de la democracia. Masivos cabildos, paros, tractorazos, quema de instituciones... Surgieron traspasos de acciones a empresas internacionales y hasta amenazas de secesionismo. Se organizaron foros con representantes de la derecha internacional y hubo fervorosas expresiones de defensa de la propiedad privada y la libre empresa. Incluso USAID financiaba parte de las campañas, en apoyo a la democracia.
Las distancias quedaron marcadas a fuego tras los conflictos del año 2009 que se cobraron cerca de 20 muertes. Una tensa coexistencia pacífica parecía llegar a su fin y a los primeros entendimientos en 2016 cuando hubo una cumbre entre autoridades y terratenientes con acuerdos y promesas. Pero la caída de Evo Morales y el fugaz interregno de Jeanine Áñez sólo reabrieron las distancias. La disputa sumó hace dos años y medio el arresto y secuestro del mismísimo gobernador cruceño Luis Fernando Camacho.
Y, de pronto, una curiosa relación. Una de las familias conocidas del masismo, en ese entonces, por el resto de la década y más allá, ha sido la familia Arce-Mosqueira. Empezando por el hoy Presidente y otrora Ministro, varios de sus miembros detentaron cargos en importantes instituciones públicas del área económica y productiva. Instituciones, claro, siempre beneficiadas por la propaganda que los medios de comunicación gubernamentales brindan.
Fue don Luis Arce, la cabeza de la familia, quien se definió como miembro del Partido Socialista 1. Es el mismo quien, en un viralizado video, reflexiona y recuerda a Fidel Castro, mientras sugiere seguir ese ejemplo. Y, claro, ha hecho por demás gala de su afecto a Venezuela, Cuba, Irán, etc.
Es decir, cualquiera pensaría, sea en 2006 o, incluso, en 2022, que un abismo irreconciliable separaba los intereses del MAS y de la otrora “Media Luna”. Mucho más impensable resultaría el hecho de que entre representantes de una y otra orilla surgiesen generosos acercamientos y gestos de confianza. Peor aún que lleguen a tener actividades afines y guarden silencios intrigantes como de mutua conveniencia. ¿Fue en 2021 cuando apareció cupido y les mostró el paraíso?
Parece que algo así pasó. La vida da sorpresas, y el muy probable final de los gobiernos masistas suma un idílico ingrediente. Desde hace unas semanas, diversos reportajes, notas y análisis multiplican revelaciones nada menos que sobre un millonario emprendimiento agropecuario de la familia Arce-Mosqueira en pleno agro cruceño: la hacienda “Adán y Eva”. O sea, adiós a seguir la línea de Fidel. Pero no sólo eso, sino que cuenta con un afable gesto de confianza del Banco Ganadero, propiedad de la otrora vilipendiada familia Monasterios-Nieme: ¡Créditos de más de 9 millones de dólares a Rafael y Camila Arce Mosqueira, los hijos del Presidente, de 25 y 20 años, respectivamente! ¡Créditos avalados sólo gracias a la solvencia del proyecto y no de los jóvenes deudores, sin significativos ingresos o propiedades conocidas!
Una ola de afectos filiales, institucionales, financieros y empresariales resalta a ojos vista. El INRA, la Autoridad de Bosques (ABT) y otras instituciones del Estado actuaron con una velocidad y eficiencia sin precedentes. Tal es así, que la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), dependiente del Ministerio de la Presidencia, facilitó la construcción de un puente de 134 metros, paso que completaba la vía de ingreso que le faltaba a Adán y Eva. Y, por supuesto, los créditos del Banco Ganadero hacen gala de una buena fe rara vez vista, por decir lo menos.
¿Amor a primer proyecto entre los exrivales y virtuales enemigos? A veces sucede. ¿Conversión forzosa en tiempos del fin… de ciclo? Perdónalos Fidel desde donde estés.
Los reportajes y análisis suman detalles que alertan sobre ciertos antecedentes del acercamiento millonario. Por ejemplo, los recursos que la banca recibió nada menos que de la Gestora Pública de Seguridad Social, donde supuestamente el Banco Ganadero fue uno de los más beneficiados. También suma la tardanza y lenidad del Gobierno para actuar cuando se produjeron los megaincendios que ampliaron la frontera agrícola a favor de la agroindustria. Esos que arrasaron con más de 12,6 millones de hectáreas de bosque y convirtieron al país en subcampeón mundial de la deforestación.
Todo coincide además con dos cumbres y cinco reuniones que realizaron el presidente Arce y los empresarios del agro desde abril de 2023 a la fecha. En esos encuentros se consolidaron 17 acuerdos y la creación de un “gabinete agropecuario”. Se inició el seguimiento concreto en materia de biotecnología (transgénicos), créditos, exportaciones y seguridad jurídica en el campo. Es decir, parece haberse consolidado un final de la historia que empezó con tanta beligerancia y distancias hace ya casi 20 años. Y, para tanto amor, habrá habido que casarse.
Pero fue un amor secreto consolidado hace ya más de tres años con los primeros trámites para el crédito. Un final de historia poco festivo, mejor dicho, bastante furtivo. Tanto que la única aclaración sobre el caso la vertió el propio Luis Arce Catacora. Pero sólo pareció revelar que no fue un muy buen alumno en la universidad cuando cursó la materia de Evaluación de Proyectos. Por lo demás nadie del INRA, de la ABT, de la UPRE ni siquiera de la Fiscalía ha hecho siquiera declaraciones sobre el caso. Y tampoco nadie del BG. Ahhh, tampoco dijeron nada los candidatos presidenciales invitados al foro agropecuario, todos de la orilla antimasista. ¿Por qué tanto olvido?
Poco o nada para la celebración. Queda claro que los costos y riesgos medioambientales, económicos y sociales les preocupan poco y van a cuenta de la sociedad boliviana en su conjunto. Riesgos para todos, pero especialmente para trabajadores, jubilados, productores campesinos, empresarios del ecoturismo, la silvicultura, los pueblos indígenas y decenas de pequeños municipios. Al parecer es el final de un cuento de (agro) terror.
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