Por Guardiana (Bolivia), foto de CPILAP
Domingo 7 de septiembre de 2025.- La Central de Comunidades Indígenas Tacana II Río Madre de Dios (CITRMD) denunció avasallamiento de tierras y el impulso para la apertura ilegal de caminos que afectarían al Parque Madidi, al área de conservación del Bajo Maddi, al propio territorio tacana en el municipio de Ixiamas, provincia Iturralde, en el norte de La Paz, y a la zona de tránsito de pueblos indígenas no contactados.
La denuncia está dirigida al Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, en una carta en la que dirigentes de esa organización expresan su preocupación por los riesgos que esas acciones representan para la biodiversidad, sus modos de vida y el derecho a existir de los pueblos no contactados.
Precisamente los pueblos no contactados están reconocidos en la Constitución Política del Estado, vigente desde 2009.
Artículo 31.
Artículo 31 de la CPE
I. Las naciones y pueblos indígena originarios en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario y no contactados, serán protegidos y respetados en sus formas de vida individual y colectiva.
II. Las naciones y pueblos indígenas en aislamiento y no contactados gozan del derecho a mantenerse en esa condición, a la delimitación y consolidación legal del territorio que ocupan y habitan.
La carta al Defensor, con fecha 5 de septiembre de 2025, menciona que dichas acciones promovidas por grupos de avasalladores, a los que dicen haber identificado, contradicen las normas como la Ley 1333 de Medio Ambiente y atropellan el derecho a la autodeterminación y a la consulta previa libre e informada.
El numeral 15 del artículo 30 de la Constitución señala textualmente que los pueblos indígena originario campesinos tienen derecho:
“A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan”.
Artículo 30, numeral 15 de la CPE
En la carta, firmada por representantes de las comunidades tacana Las Mercedes, El Tigre, Toromonas y Puerto Pérez, se exige al Defensor de Pueblo asumir medidas urgentes y necesarias para detener esas acciones y que se realice un proceso transparente.
“Confiamos en que priorizará la protección de nuestro entorno y el respeto a los derechos de los pueblos no contactados y comunidades indígenas”.
Los representantes advierten que de no ser atendida su demanda, será responsabilidad de las autoridades competentes lo que pueda suceder a futuro y se reservan el derecho a tomar acciones ante las amenazas de los avasalladores.
La carta fue compartida este fin de semana tanto por la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap) y como por Fundación Tierra.
La organización denunciante es la misma que, el pasado 20 de agosto de 2025, celebraba haber recibido la documentación de la titulación colectiva de sus tierras (272.379 hectáreas) después de 24 años de lucha, que beneficia a más de 208 familias que ya “cuentan con seguridad jurídica sobre el espacio donde desarrollan sus actividades de caza, pesca, agricultura y recolección”, según Fundación Tierra.
Esta organización difundió la información, el 26 de agosto, en su página virtual y en sus redes sociales.
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