Por Guardiana (Bolivia), foto de Fundación Voces Libres
Miércoles 29 de octubre de 2025.- En su última sesión de trabajo, el Senado sancionó la noche de este miércoles el Proyecto de Ley 024/2024-2025 que dispone la entrega de beneficios a las hijas e hijos de víctimas de feminicidio, entre ellos un bono económico mensual, un subsidio alimentario y acceso a la educación, salud y vivienda, entre otros. Cumplido ese requisito, el documento ahora puede ser promulgado por el Órgano Ejecutivo.
Este proyecto (Protección Integral y Reparación para Hijas e Hijos Huérfanos de Feminicidio y otros delitos contra la vida) fue aprobado en primera instancia por la Cámara de Diputados, el pasado jueves 23 de octubre.
Entonces, la Alianza por los Huérfanos de Feminicidio en Bolivia informó que desde la aprobación de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348), el 9 de marzo de 2013, los feminicidios han dejado al menos 1.600 niños, niñas y adolescentes huérfanos. No sólo esa cantidad será protegida con la ley, sino también quienes queden desamparados a futuro por el mismo tipo de delito.
Esa alianza —conformada el 10 de octubre de 2023— aglutina a más de 40 instituciones que defienden los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Según la Fundación Voces Libres, sólo se necesitan 2,2 millones de dólares al año para proteger, reparar y sostener a estos huérfanos de feminicidios. Esa suma es equivalente a la décima parte del 1% del aporte del Tesoro General de la Nación al presupuesto nacional.
TRABAJO DESDE 2019
La travesía por conseguir apoyo estatal para niñas, niños y adolescentes huérfanos víctimas de feminicidio comenzó el 24 de julio de 2019. Ese día, la Defensoría del Pueblo presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que naufragó en el intento.
Como la iniciativa no recibió el apoyo esperado, la Defensoría elaboró un proyecto de ley piloto propuesto a los gobiernos municipales que puedan hacerse cargo del apoyo a los huérfanos de feminicidios.
La propuesta surtió efecto hasta cierto punto. La Alcaldía de Uriondo (Chuquisaca) fue la primera en sumarse a la iniciativa. Promulgó la Ley Municipal 23/2020, el 25 de agosto de 2020.
Luego se fueron adhiriendo otras 19 alcaldías. Se conoció que, hasta el 20 de junio de 2022, ya sumaban 20 los gobiernos locales que se adhirieron a la iniciativa defensorial. El último de ese grupo de municipios fue el de Villa Vaca Guzmán (Chuquisaca), el 20 de junio de 2022.
En julio de ese año, la Defensoría del Pueblo informó a Guardiana que, si bien aquellos gobiernos locales habían promulgado una ley local, ninguna —hasta esa fecha— tenía aprobado el reglamento, y que en 15 de ellos tampoco había huérfanos de feminicidio que pudieran ser beneficiados.
Puedes leer más sobre la iniciativa de la Defensoría en este enlace: Huérfanos de feminicidio, a un paso de recibir apoyo económico en 20 municipios.
MÁS FRACASOS
En mayo de 2021, la Asociación de Víctimas de Feminicidio e Infanticidio de Bolivia hizo lo propio, pero también fracasó.
Y llegó el turno de la diputada oficialista Betty Yañíquez Lozano, quien en noviembre de 2022 presentó el anteproyecto de ley de atención integral a huérfanos, hijas, hijos víctimas colaterales de feminicidios. Tampoco tuvo éxito.
Se informó el 9 de marzo de 2023 de una propuesta elaborada por la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Mayor de San Andrés y la diputada Bertha Acarapi.
En enero de 2024, el Comité de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades de la Cámara de Diputados se reunió con la Alianza por los Huérfanos de Feminicidio en Bolivia para coordinar acciones.
EN LA CONGELADORA DEL LEGISLATIVO
El 11 de abril de 2024, el proyecto de ley fue presentado al entonces presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari Martínez. En esa fecha se le puso el sello con la inscripción PL-388/23. La nota de presentación fue firmada por las diputadas Pamela Alurralde Barea, Alessandra Zenteno Cardozo y Betty Yañíquez Lozano.
El documento quedó en la congeladora durante más de siete meses.
El 18 de noviembre de 2024, la diputada Pamela Alurralde envió una carta de solicitud de reposición del proyecto de ley. Esta vez la nota estaba dirigida al nuevo presidente de Diputados, Omar Yujra Santos. Para entonces la numeración en el sello de recepción cambió: ya era el Proyecto de Ley 024/24 (PL 024/2024-2025).
Finalmente, el proyecto pasó a manos de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Superadas las trabas burocráticas y reuniones de socialización de la nueva norma en construcción, el documento fue aprobado por unanimidad el 6 de octubre de 2025 para que pase a consideración del pleno camaral.
(foto de la Comisión DDHH).
Finalmente, el documento fue incluido en la agenda de la sesión 189 de la Cámara de Diputados, y fue colocado en el punto 16 de los 17 temas a ser considerados este 22 de octubre.
¿QUÉ DICE EL PROYECTO?
Señala que la finalidad es implementar acciones efectivas para garantizar el acceso a medidas de protección social, servicios de atención y reparación integral para las y los beneficiarios de esta ley, con el propósito de restablecer sus proyectos de vida.
BENEFICIARIOS Y NO BENEFICIARIOS
La población beneficiaria está conformada por huérfanos menores de 18 años al momento de producirse el delito; hijas e hijos mayores de edad hasta los 25 años que realicen estudios superiores; mayores de edad con discapacidad que no puedan trabajar; menores de edad en centros de acogida; e hijas e hijos con tutela o guarda bajo régimen de familia sustituta.
Quedan excluidos de estos beneficios las y los adolescentes que hubieran participado como coautores, cómplices o instigadores del feminicidio perpetrado a su madre o tutora. Esto será determinado a través de sentencia ejecutoriada.
BONO Y ALIMENTOS
Una de las primeras medidas mencionadas es el pago de un bono económico mensual no inferior al 20% del salario mínimo nacional. En este 2025, el salario mínimo es de 2.750 bolivianos; entonces ese bono inicialmente sería de 550 bolivianos.
La norma dispone la entrega mensual de un subsidio alimentario a cada familia que esté a cargo de las o los beneficiarios. Quienes se encuentren realizando estudios superiores en el sistema universitario público podrán acceder al comedor de manera gratuita.
ACCESO A LA EDUCACIÓN
El Estado garantizará el acceso y permanencia de las y los beneficiarios al sistema educativo plurinacional. Podrán ingresar de forma directa y gratuita a universidades públicas, a los institutos de formación policial, militar y las escuelas superiores de formación de maestros.
Además, los centros y escuelas de formación superior, así como las universidades privadas, establecerán políticas permanentes para garantizar una cantidad de becas de formación completa para las y los beneficiarios.
ACCESO A LA SALUD
El Estado garantizará que el Sistema Universal de Salud (SUS), el seguro social a corto plazo y los servicios de salud privados brinden atención médica y psicológica de emergencia y permanente, así como tratamiento inmediato y continuo si fuera necesario, para restablecer la salud física y emocional de las y los beneficiarios.
La prestación de servicios de salud será gratuita, y queda expresamente prohibida la negación de atención bajo responsabilidad civil, penal y administrativa. Los establecimientos privados deberán adoptar tarifas diferenciadas con descuentos para estos casos.
Quien tenga la guarda o tutela legal de las hijas e hijos huérfanos víctimas podrá asegurarlos a su cargo, como sus dependientes.
ACCESO A LA VIVIENDA
La entidad estatal de vivienda debe dar prioridad en la asignación de viviendas sociales a las y los beneficiarios, a través de las o los guardadores o tutores que los tengan a su cargo. Ojo, está prohibida la transferencia hasta que las y los huérfanos alcancen la mayoría de edad y se puedan transferir a su nombre. Mientras tanto, se incluirá una cláusula de usufructo a favor de las y los beneficiarios en la minuta.
PROTECCIÓN DE BIENES SUCESORIOS
El proyecto de ley ordena que una vez producido alguno de los delitos previstos, una comisión interinstitucional (Policía, SLIM, Defensoría de la Niñez o Fiscalía) realizará el inventario de bienes muebles e inmuebles de la propiedad común o en posesión legítima, y deben retener retener los documentos de propiedad, hasta que sean determinados los derechos sucesorios sobre dichos bienes y se disponga la reparación del daño.
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