Se plantea que la población penal trabaje en la construcción y ampliación de cárceles

Por Guardiana (Bolivia), foto de ABI

Miércoles 12 de marzo de 2025.- La Defensoría del Pueblo y 23 organizaciones civiles plantean recurrir a la mano de obra de los propios privados de libertad para la construcción y ampliación de infraestructura penitenciaria. Ésta es una de las medidas propuestas con el fin de frenar y reducir el crecimiento de la población penal, mejorar las condiciones de vida y la seguridad en las cárceles.

Esta sugerencia es una más de la serie de recomendaciones que serán presentadas en el VII Consejo de Seguridad Penitenciara, a realizarse en la ciudad de Santa Cruz este 13 y 14 de marzo de 2025.

La propuesta conjunta de las organizaciones y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura fue expuesta este miércoles en La Paz y contiene tres temas principales: crecimiento de la población privada de libertad; servicios estatales deficientes; y violencia.

Medida de emergencia

El punto referido al uso de la mano de obra de la población penal está incluido en el grupo de los temas relacionados con los servicios estatales deficientes.

Considerando la escasez de recursos –señala una nota de prensa de la Defensoría– “se plantea como medida de ‘emergencia’ la construcción y ampliación de infraestructura recurriendo a mano de obra de los mismos privados de libertad, en aplicación del Decreto Supremo N° 5251 de 16 de octubre de 2024, aclarando que esta medida debe ser absolutamente voluntaria y en el marco de la reinserción social”.

Otras de las medias recomendadas es evitar retrasos en el pago de los prediarios y “garantizar que el examen médico inicial sea máximo dentro de las primeras 48 horas de ingreso al centro penitenciario”.

Detención preventiva y amnistía

Entre otras de las acciones recomendadas es que sean impulsadas medidas estructurales como la aplicación de alternativas a la privación de libertad, limitando –por ejemplo– el uso de la detención preventiva, la aprobación de un decreto presidencial de amnistía.

También se propone “considerar la realización de jornadas de descongestionamiento una vez por trimestre, cuidando que no se limite a la aplicación del procedimiento abreviado y considerando medidas sustitutivas a la detención preventiva y la aplicación de beneficios penitenciarios”.

Frente a la violencia

En el tema relacionado con la violencia, la propuesta identifica como problemas principales las deficiencias en seguridad, el autogobierno y la falta de rehabilitación y reinserción social.

Se plantea, como una medida de urgencia y estructural, la separación y clasificación de las personas privadas de libertad de acuerdo a la naturaleza y gravedad del delito, con el objetivo de separar a personas altamente peligrosas de las que quieran trabajar en su reinserción social, a fin de mejorar la seguridad penitenciaria.

También se propone fortalecer el papel de los gobiernos departamentales y municipales en los programas penitenciarios que aporten a la reinserción social.

¿Quiénes hicieron la propuesta?

La propuesta contó con el aporte de diversas instituciones como el ITEI, la Fundación Construir, Comunidad de Derechos Humanos, Asuncami, Cladem Bolivia, ADESPROC LIBERTAD GLBT, PROGETTOMONDO, Realidades, Fundación Kallpa, Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, Colectivo Plurales, Red Iberoamericana Libertades Laicas, Colectivo Angirü, Oficina Jurídica para la Mujer, Colectivo GLBT del Sur, TLGB Tarija, Asamblea Permanente de derechos Humanos – Beni, Igual, Veeduría Ciudadana de los Derechos Humanos, Movimiento de Mujeres Libertad, Colectivo Wiñay Wara, Asociación de viudas, huérfanos/as, heridos/as, detenidos "Víctimas de la Masacre de Senkata" de la Ciudad de El Alto y La Paz, Pastoral Carcelaria Católica de Bolivia, Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los DDHH, y la Coalición Ciudadana Contra la Tortura.