Por Guardiana (Bolivia)
Martes 18 de febrero de 2025.- Más de 70 organizaciones nacionales de la sociedad civil y una decena de instituciones de América Latina se declararon en alerta permanente para detener la violencia e impunidad de grupos legales y criminales, a los que señalan como promotores de la muerte violenta del indígena leco Francisco Marupa, en el norte del departamento de La Paz.
Esas organizaciones difundieron este martes un pronunciamiento en el que mencionan que “el asesinato de indígenas era una amenaza que se convirtió en realidad”. El cuerpo del agricultor leco, de 66 años, fue encontrado en su propio chaco, en la comunidad de Torewa, cerca del río Hondo. El documento agrega que “la denuncia advierte que sus agresores escaparon en la lancha del propio comunario”.
El lunes, el Fiscal Departamental de La Paz habló de la investigación, pero por otro delito: homicidio, cuya autoría es atribuida al ciudadano Julio L.T., de 36 años, quien se abstuvo de declarar. Este hombre fue enviado al penal de San Pedro de La Paz con detención preventiva por cinco meses. El informe forense indica que el deceso se debió a un traumatismo cráneo encefálico severo y shock hipovolémico.
"Que el sacrificio de su vida –dicen las organizaciones civiles– nos ponga en alerta permanente para detener la violencia, la impunidad de grupos ilegales y criminales que pretenden hacer prevalecer sus intereses económicos devastando nuestros bosques, contaminando las aguas, destruyendo los medios de vida y el inmenso patrimonio natural y cultural que es la esencia de nuestra Casa Común".
“Me enviaron a matarlo”
El pronunciamiento de las organizaciones recuerda que las primeras informaciones indicaban que el aprehendido habría afirmado: “me enviaron a matarlo”.
El viernes 14 de febrero, la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (Cipla), atribuyó a las bandas criminales avasalladoras la autoría asesinato de Marupa, de quien rescató su labor de protección y defensa del territorio y la biodiversidad del Parque Madidi.
En una carta dirigida a las principales autoridades del país, la Cipla afirmó: “Estas mafias criminales se dedican a la explotación ilegal de recursos minerales, contaminando nuestros ríos, practican la pesca y caza ilegal, atentando contra la biodiversidad del Parque Nacional y ANMI Madidi, practican el tráfico ilegal de tierra y la tala indiscriminada de nuestros bosques naturales”.
Versión del Ministro
El domingo 16 de febrero, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró en su página de Facebook que el "asesinato" fue motivado por problemas personales y descartó móviles por ajuste de cuentas, temas territoriales o acciones promovidas por la minería ilegal.
Un día más tarde, el fiscal de La Paz dijo que la hipótesis central son las rencillas personales, pero que las otras posibilidades también serán investigadas.
Pleno esclarecimiento
Las más de 70 organizaciones que firman el pronunciamiento demandan “el pronto y pleno esclarecimiento de la verdad histórica, aplicar la sanción legal contra los responsables materiales e intelectuales para actuar en justicia y poner un alto a la acción de grupos criminales”.
También exigen que el Estado garantice la protección a los pueblos indígenas y a los defensores del medioambiente.
“La impunidad en estos casos no solo perpetúa la violencia contra los pueblos indígenas y sus defensores, sino que también erosiona el Estado de Derecho”, advierte el pronunciamiento.
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