Detectan al menos 6 puntos negativos para Bolivia en los contratos por el litio

Por Guardiana (Bolivia); foto de ABI

Jueves 13 de febrero de 2025.- Un grupo de 37 organizaciones e instituciones civiles detectaron al menos seis observaciones a los contratos que el gobierno de Bolivia firmó con las compañías Uranium One Group, de Rusia, y CBC, de China, para la explotación de litio en el Salar de Uyuni, en Potosí. Una de esas críticas afirma que los costos de producción son más altos que los ingresos por comercialización y que nada garantiza ingresos justos para el país.

Un pronunciamiento colectivo difundido este jueves señala que “el litio en Bolivia es uno de los recursos naturales estratégicos de propiedad estatal, protegido por la Constitución Política del Estado, actualmente expuesto al riesgo de una explotación insostenible sin generar desarrollo para el país”.

El documento recuerda que el Salar de Uyuni está protegido por normas ambientales, entre ellas las leyes de la Madre Tierra, de Bofedales Altoandinos y de Sitios Ramsar. Eso no es todo: Bolivia también debe cumplir compromisos internacionales como el Acuerdo de Escazú y el Convenio 169 de la OIT que garantizan acceso a la información y consulta a pueblos indígenas.

Bochornosa sesión

Los contratos fueron firmados en noviembre de 2024, pero se necesita la aprobación de la Asamblea Legislativa para que entren en vigencia. El viernes de la semana pasada, la Comisión de Economía dio su visto bueno al contrato con la empresa china en una sesión a puertas cerradas que culminó en horas de la madrugada con denuncias de soborno.

Esa aprobación desató la protesta de representantes de potosinas que habían pedido que el trámite quede en suspenso. El rechazo no fue escuchado por los legisladores de dicha comisión que, incluso, anticiparon que la próxima sesión para aprobar el contrato con la empresa rusa se la realizaría en la ciudad de Potosí.

Además, la publicación América Económica informó este miércoles que el gobierno boliviano tiene prevista la "firma de nuevos contratos de explotación e industrialización de litio con las empresas EAU Lithium PTY de Australia y Alemania, Geolith Actaris de Francia, Citic de China y Tecpetrol de Argentina". Citó como fuente de la noticia al gerente de contratos de la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Alfonzo Pérez.

Por el diálogo y la concertación

Las organizaciones que suscriben el pronunciamiento se adhieren a las preocupaciones expuestas por instituciones especializadas y hacen un llamado a las autoridades y legisladores para abrir espacios de diálogo y concertación.

“En consideración a que el Estado –agrega el documento– requiere desarrollar la explotación del litio y su industrialización en alianza con empresas que permitan escalar el negocio a mercados internacionales, los contratos pactados deben ser justos, transparentes y sostenibles”.

Algunas de las observaciones

• Los contratos firmados por el Gobierno con las empresas Uranium One Group y CBC dejan el peso de los riesgos en el Estado boliviano, incluso con aplicación de penalidades (cuando no se abastezca con la suficiente cantidad de salmuera residual).
• Si bien se establece que las inversiones corren por cuenta de las empresas rusa y china, cada una con aproximadamente 1.000 millones de dólares, esos montos deberán ser devueltos con la producción de carbonato de litio. De la misma manera, en ambos casos, los operadores de las plantas son las empresas rusa y china, y sus costos también serán cubiertos con la producción.
• Las estimaciones de las utilidades están sobredimensionadas, porque se las calcula con una cotización superior a 25.000 dólares por tonelada, cuando la cotización actual oscila alrededor de los 10.000 dólares por tonelada; sin perspectivas de que vaya a subir en el futuro. Los costos de producción son más altos que los ingresos por comercialización. Nada garantiza ingresos justos para el país.
• Inexplicablemente, la inversión por tonelada producida de carbonato de litio es 2,4 veces más en la operación de la empresa rusa, respecto a la inversión del grupo chino.
• En la salmuera del salar de Uyuni, además del litio, hay otros elementos valiosos. Los contratos no mencionan nada acerca del aprovechamiento de estos recursos, lo que genera incertidumbre respecto a quién se beneficia de esos otros elementos.
• Además, la consulta libre, previa e informada, que se realizaría a las comunidades que serían afectadas por el uso de agua, debió ser realizada antes de la suscripción de los contratos. Por otra parte, los contratos no contemplan salvaguardas ante impactos socioambientales, tales como la afectación a por lo menos 20 comunidades en sus actividades productivas y turísticas, y la utilización/contaminación de ingentes cantidades de agua, en una de las regiones más secas del país.

El pronunciamiento aclara que esas son algunas de muchas otras observaciones que deben ser subsanadas y concertadas, y que resulta inexplicable que un tema tan sensible para el desarrollo del país sea discutido en sesiones legislativas accidentadas y de cuestionable transparencia.

Embajadas, tomen nota

“También –anota el documento– ponemos en conocimiento público de las representaciones oficiales de China y Rusia que los acuerdos, con el contenido actual, carecen de legitimidad y se constituirían en contratos lesivos al Estado, pactados al final de la gestión del Gobierno, con una débil y vulnerada institucionalidad”.

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