Por Guardiana (Bolivia), foto del Ministerio de Justicia
Viernes 25 de junio de 2025.- El Ministerio de Justicia plantea incrementar la sentencia máxima de seis a 18 años de prisión para los adolescentes que sean declarados culpables de haber cometido delitos contra la vida, entre ellos asesinato, infanticidio y también violación. Esta iniciativa fue duramente criticada por instituciones vinculadas con la defensa de los derechos humanos.
El miércoles, la ministra Jessica Saravia informó que un anteproyecto elaborado en ese sentido plantea modificar el artículo 268 del Código Niña, Niño, Adolescente, diferenciando dos temas: el primero la edad de la persona acusada y la gravedad del delito.
Si el adolescente tiene entre 14 y 16 años, podrá recibir una pena máxima de 12 años de presidio, y si tiene entre 16 y 18 años de edad, la condena será de 18 años de privación de libertad.
En la actualidad, la sentencia máxima contra adolescentes que hubieran cometido un delito grave, como es el asesinato, es de seis años; es decir las cuatro quintas partes del castigo aplicado a una persona mayor de edad, que es de 30 años de cárcel sin derecho a indulto.
Saravia explicó que entre 2019 y 2024 fueron reportados casi 4.000 casos de delitos cometidos por adolescentes, y más de la mitad de ellos tenían que ver con crímenes contra la vida y violaciones.
En marzo de este 2025, un adolescente fue sentenciado a seis años de prisión por el doble delito de violación e infanticidio que cometió contra una bebé un años y tres meses, hija de su pareja.
Ese mismo caso movilizó al Ministerio de Justicia, por entonces dirigido por César Siles Bazán, quien había solicitado la anulación de la condena para que se aplique una sanción más dura.
En esa misma oportunidad, la Defensoría del Pueblo afirmó que cualquier reforma al Sistema Penal para Adolescentes debe realizarse en el marco del respeto a los derechos humanos y en consonancia con los estándares internacionales de protección de la niñez y adolescencia.
Este miércoles, la ministra Saravia dijo que en el marco de los estándares internacionales de derechos humanos se analizó la legislación comparada y el proyecto de vida de un adolescente, pero también se determinó que la sanción para delitos graves es insuficiente y no es proporcional con el daño causado.
Rechazo institucional
El anuncio del Ministerio de Justicia despertó el rechazo de la Defensoría del Pueblo, que solicitó a la Asamblea Legislativa rechazar el anteproyecto de ley que sugiere aumentar la sanción penal, hasta 18 años de cárcel, para adolescentes que cometan delitos graves como asesinato e infanticidio. Convocó a evaluar el tema desde un enfoque de derechos humanos en una mesa técnica.
También se pronunció una plataforma que aglutina a organizaciones civiles que rechazan el anteproyecto de ley y más bien exhortan al Estado trabajar en el desarrollo de una “verdadera política pública de prevención del delito y las violencias en la adolescencia. Esta sería una señal clara de compromiso con los principios del Estado Plurinacional y con los tratados internacionales de derechos humanos a los que el país se encuentra suscrito”.
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