Por Guardiana (Bolivia), foto de Fundación Tierra
Jueves 20 de marzo de 2025.- El ayllu San Agustín de Puñaca de Oruro, la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap) y la Comunidad de Cantumarca de Potosí decidieron unir fuerzas y conformar un solo bloque para denunciar la contaminación ambiental causada por la minería en sus territorios con sustancias tóxicas como el arsénico, plomo, cadmio y mercurio.
Sus representantes serán recibidos este viernes en una audiencia pública en la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos de la Cámara de Diputados en La Paz, donde pretenden ratificar sus denuncias y exigir el cumplimiento de los mandatos constitucionales, sentencias y convenios internacionales que protegen sus derechos.
En una nota de prensa, distribuida por Fundación Tierra, las comunidades mencionadas demandan la creación de un fondo de compensación y reparación Integral financiado por las empresas responsables de la contaminación, y la conformación de una comisión de seguimiento con la participación de organizaciones indígenas, la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales.
En el documento se hace una descripción de los tres casos mencionados:
- En Oruro, en el Ayllu San Agustín de Puñaca, los suelos y aguas han sido contaminados por décadas debido a la minería, situación que obligó a los pobladores a interponer una Acción Popular. Como resultado, se emitió la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1471/2022-S-3, la cual no ha sido cumplida por las entidades competentes del Estado. Estudios realizados en la sangre de los comunarios revelaron presencia de cadmio, plomo y arsénico en niveles alarmantes, superando ampliamente los estándares internacionales.
- Al norte de La Paz, los pueblos indígenas que conforman la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap), enfrentan la contaminación de los ríos y afluentes por la minería aurífera ilegal. El mercurio utilizado en estas actividades ha sido detectado en el cuerpo de la población, afectando al 75% de las personas evaluadas.
- En Potosí, en la Comunidad de Cantumarca, enfrentan un panorama similar. La contaminación del aire debido a las proximidades de los diques de colas, ha provocado niveles preocupantes de plomo en la sangre, especialmente en niños y adultos mayores, extremo que ha sido denunciado incluso por la Defensoría del Pueblo.
Normas que garantizan derechos
Las comunidades afectadas demandan la aplicación efectiva de la Constitución Política del Estado, la Ley de Medio Ambiente y tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT que garantizan su derecho a la autodeterminación y a la consulta previa, libre e informada antes de cualquier actividad extractiva en sus territorios.
Mencionan que las autoridades competentes han fallado en la implementación de la Sentencia Constitucional Plurinacional 1471/2022-S-3 y otras resoluciones favorables a sus derechos, dejando a las poblaciones en una situación de vulnerabilidad extrema.
Llamado a la sociedad
"Las comunidades –dice la nota de prensa– también alertan sobre la falta de fiscalización y voluntad política frente a estas vulneraciones, lo que pone en grave riesgo su salud y derechos colectivos. Advierten que la continuidad del modelo extractivista es insostenible y atenta contra los principios del vivir bien establecidos en la Constitución".
Finalmente, las organizaciones hacen un llamado a la sociedad boliviana, medios de comunicación y organismos de derechos humanos, para visibilizar la problemática y exigir respuestas concretas por parte del Estado.
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