Por Guardiana (Bolivia), foto de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba
Miércoles 16 de julio de 2025.- Los frentes políticos que participaron este miércoles en el debate organizado por el gremio empresarial en Cochabamba coincidieron en que no habrá tolerancia a los bloqueos de carreteras y plantearon ideas que van desde la aplicación de la legislación vigente, hasta la aprobación de nuevas normas que castiguen ese tipo de acciones, incluso Alianza Unidad lanzó una propuesta para investigar a los financiadores de dichas movilizaciones.
A la cita asistieron representantes de seis de las nueve candidaturas que respondieron a las preguntas: ¿Qué medidas concretas propone para prevenir, evitar y/o sancionar los bloqueos, además de resarcir el daño que provocan?, ¿impulsará una ley específica que castigue y los tipifique como delito económico grave?
Los organizadores del evento prepararon datos de contexto para que los invitados puedan responder: en Bolivia se registra un promedio de 1.000 conflictos por año, de los cuales 150 derivan en bloqueos; entre 2020 y 2025 hubo 12 bloqueos y algunos duraron hasta un mes y provocaron serios daños económicos y sociales. El bloqueo de noviembre de 2024 generó daños por 2.200 millones de dólares y devastó industrias, comercios, transporte y servicios.
Lo que propone el MAS
El primero en contestar fue Martín Moreira, del Movimiento al Socialismo, que postula a Eduardo del Castillo, quien planteó una reforma integral al marco normativo para "castigar con todo el peso de la ley" a las personas que bloquean las carreteras, más si lo hacen con pretensiones políticas y afanes personales.
Añadió que esto se debe complementar con un pacto social basado en el diálogo y la legalidad, a fin de que el Estado recupere su capacidad de mediación y liderazgo, mediante mecanismos institucionales permanentes de concertación con sectores sociales, económicos y con las regiones, con el propósito de crear espacios anticipados de diálogos vinculantes.
Las ideas de Alianza Libre
Ramiro Cavero, representante de la Alianza Libre de Jorge Tuto Quiroga, reconoció que el derecho a la protesta es democrático, pero aclaró que un bloqueo de caminos no es una forma democrática para exigir atención. Dijo que el artículo 7 del Estatuto de Roma incluso lo menciona como "exterminio y delito de lesa humanidad".
Dijo que el espíritu de ese artículo citado debería ser incorporado en la legislación boliviana para que quede absolutamente prohibido bloquear carreteras y para que también haya un resarcimiento económico a quienes sufren por ese tipo de movilizaciones.
El plan del Partido Demócrata Cristiano
Le llegó el turno a Wilder Véliz Armas, del Partido Demócrata Cristiano que postula a Rodrigo Paz, quien también reconoció el derecho a la protesta, pero dijo no estar de acuerdo con los bloqueos que ocasionan pérdidas a empresarios, transportistas pesados y a los emprendedores.
"Es urgente que la legislación cuente con una ley antibloqueos y una ley antidisturbios", dijo el representante.
Explicó que en su experiencia como antiguo dirigente pudo ver de cerca cómo los líderes de organizaciones se amparan en sus propias bases y dicen que ellas han decidido salir a bloquear, y cuando convocan a un ampliado "todo ya va cocinado".
Afirmó que los afiliados a alguna organización sindical tienen que asistir a un bloqueo contra su voluntad, incluso arriesgando sus vidas. "¿Quién responde cuando hay pérdidas humanas?", preguntó.
Súmate y el perjuicio para la interconexión
Vicent Gómez García, representante de APB Súmate de Manfred Reyes Villa, dijo escuetamente que propone endurecer el Código Penal y fortalecer las instituciones del orden, pero aclaró que el mayor perjuicio que dejan los bloqueos tienen relación con la interconexión internacional.
"La posición geográfica (de Bolivia) es central y es lo que más se debería proteger", dijo Gómez García, e hizo alusión a las iniciativas de corredores bioceánicos que, por ahora, no pasan por territorio boliviano.
Sugirió trabajar un componente cultural para que las y los bolivianos se sientan ciudadanos del mundo e indicó que la vocación es proyectar la visión hacia afuera de las fronteras. "La comunidad internacional tiene que ver que en Bolivia las cosas se hacen de otra manera".
Alianza Unidad va por los financiadores
Gabriel Espinoza, de la Alianza Unidad de Samuel Doria Medina, dijo que el marco normativo es claro y señaló que quien vulnera los derechos de otras personas tiene que ser castigado y, en este caso particular, el bloqueo de caminos atropella derechos colectivos. "No hay que inventar muchas cosas, sólo hay que cumplir la ley".
Afirmó que las instituciones se han debilitado por efecto del cierre de carreteras y la situación se ha tornado insostenible, además, porque las protestas se han politizado y son utilizadas para fines políticos. "Eso se tiene que cortar", advirtió Espinoza.
La aplicación de la norma para garantizar el libre tránsito en los caminos es una de las condiciones básicas, pero esto debe ser acompañado con la recuperación de la institucionalidad y la persecución a quienes financian las movilizaciones que no son espontáneas.
“Hay que perseguir —dijo el economista— el dinero que financia estos atentados que hemos estado sufriendo en los últimos 20 años en el país”.
Alianza Libertad y Progreso plantea para el día de las elecciones
Finalmente le tocó responder a Andrés Ortega de la Alianza Libertad y Progreso que postula a Pavel Aracena. Dijo que el primer paso para evitar más bloqueos de carreteras es dejar de votar por la izquierda, en todas sus formas, porque está en contra de principios liberales como la vida, la propiedad y la libertad.
Desde su perspectiva, el socialismo funciona de forma perversa: le quita al que no protesta para darle al que protesta. Se trata de un círculo vicioso en el que quienes quieren más cosas del "papá Estado" van a seguir haciendo protestas.
Agregó que la ley es clara y que en el Código Penal están incluidas al menos seis leyes que se pueden aplicar con sanciones de tres a ocho años de prisión, y seis acciones que se pueden interpretar como violaciones a la Constitución Política del Estado. "No es necesario hacer otra cosa".
Los ausentes
No asistieron al foro los representantes de Morena (Eva Copa), de la Alianza Popular (Andrónico Rodríguez) y de la alianza La Fuerza del Pueblo (Jhonny Fernández).
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