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Guardiana (Bolivia)

Lunes 1° de marzo de 2021.- Las autoridades que se elegirán para gobernaciones y municipios en el sufragio del 7 de marzo tienen ante sí una gestión para la que disponen de menos dinero, en comparación a gestiones pasadas, pero más altas responsabilidades.

Los incendios forestales en todos los departamentos, la gestión de la basura, la dotación de servicios básicos a toda la población, la demanda de transporte público en tiempos en los que este debe ser más eficiente y responsable por la pandemia son algunos de los problemas que han adquirido nuevas dimensiones sobre todo en el último año debido a la pandemia de Covid-19 que está por cumplir un año de aparición en Bolivia. A estos problemas se añaden otros de vieja data, entre ellos garantizar los servicios de salud y educación, igualmente con nuevas exigencias por el nuevo contexto.

Fundación Jubileo ha señalado los 10 problemas que tienen ante sí las futuras autoridades electas y que resumimos en esta entrega. Para comenzar, las y los gobernadores y alcaldes tendrán un panorama adverso porque verán mermados sus ingresos. Y esto ya se veía venir como anunció Guardiana el año pasado fruto, entre otras cosas, de la caída del precio del barril de petróleo.

De 2014 a 2020, los ingresos cayeron en 37 por ciento para municipios y 54 por ciento para gobernaciones. Los primeros perciben dinero por coparticipación tributaria e Impuesto Directo a Hidrocarburos (IDH), mientras que las gobernaciones tienen ingresos por regalías, IDH y coparticipación en el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD).

Con los recursos mermados, los gobiernos subnacionales se harán cargo de responsabilidades propias, pero agravadas por la situación de pandemia y de la crisis económica.

Desigualdad e inversiones

Junto con la falta de ingresos está la profunda desigualdad entre los municipios y gobernaciones. Para dimensionar la magnitud del problema, el PIB de los dos municipios más ricos, Santa Cruz de la Sierra y La Paz, equivale a 27 por ciento del total, cifra casi similar al producto generado por 303 municipios, según Fundación Jubileo.

En ese contexto, priorizar y optimizar los recursos de inversión pública será un reto para las próximas autoridades, a fin de contribuir a la reactivación de las economías regionales y locales, además de atender las demandas de atención sanitaria.

El 2014, las gobernaciones destinaron a gastos de capital (pagos no recuperables como, por ejemplo, pago de sueldos, intereses y compra de bienes y servicios, entre otros) 7.751 millones de bolivianos, cifra que cayó a 4.129 millones para 2019. En el caso de los municipios, esta reducción fue de 18.104 millones de bolivianos a 10.195 millones, en el mismo periodo.

Prevención en la salud

Para atender la salud pública concurren los tres niveles del Estado. Sin embargo, el acceso a atención especializada y de calidad está restringido por la falta de profesionales y carencia de tecnología adecuada para tratar estos casos. Jubileo señala también que se necesita poner una verdadera atención en las tareas de prevención y en el análisis de los determinantes sociales de la salud.

Entre los problemas, se señala una planificación deficiente, una baja ejecución presupuestaria, un desconocimiento de las normas, poca coordinación y comunicación entre el personal municipal, el Servicio Departamental de Salud y el Ministerio de Salud, la politización del sector, las contrataciones de personal en salud sin una suficiente preparación y sin compromiso social y la escasez de recursos humanos e interferencia político-partidaria.

Educación, mucho por hacer

El otro asunto urgente es la educación escolarizada en circunstancias en que está obligada a hacerse de manera virtual y con las tecnologías de la información y comunicación (TIC).

Jubileo destaca que “no se cuentan con datos o indicadores” de la brecha digital para medir el acceso y la calidad de estas herramientas. Empero recoge una estadística de la Agetic y el UNFPA en la que se advierte que solo el 4 por ciento de personas de 15 a 24 años (2 por ciento en área rural) confirma haber realizado algún curso por Internet antes del año 2020. 

Servicios básicos para todos y todas

No toda la población tiene acceso a agua potable y alcantarillado a pesar de que se trata de servicios esenciales. Desde el año 2009 son considerados un derecho humano en la legislación interna.

La distribución de los servicios básicos no es homogénea. Hay departamentos con mayor atraso en cuanto al acceso de servicios básicos, frente a otros que tienen una mejor cobertura. En general, el área rural tiene un rezago en todos los casos. 

Transporte

El transporte público es una demanda de la población a medida que las ciudades crecen y las personas necesitan moverse hacia y desde sus centros laborales. Según estudios recuperados por Jubileo, tres municipios tienen un alto número de asientos disponibles por cada 1.000 personas: La Paz (816), Oruro (697) y El Alto (570).

Independientemente de este número, se ha ensayado poco el transporte masivo y público.

Seguridad ciudadana

A pesar de que los presupuestos en general son escasos, la Defensoría del Pueblo demostró que, en el tema de la prevención y atención a mujeres víctimas de violencia, “en ninguna de las gestiones se ejecutó la totalidad del presupuesto”.

El análisis de este tema mueve a afirmar a Jubileo que disponer de recursos no es garantía de ejecución del presupuesto.

En febrero de 2020, el entonces director de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia de Cochabamba, John Bermúdez, reclamó públicamente, en la primera cumbre departamental denominada "Construyamos Juntos la Política Departamental para la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres, Niños, Niñas y Adolescentes", por el dinero que las alcaldías debían entregar por ley para un trabajo adecuado contra la violencia hacia las mujeres y no lo hicieron. Por ello, entre los acuerdos de dicha cumbre estaba: "Cumplir estrictamente con las previsiones y asignaciones presupuestarias establecidas por las leyes plurinacionales y los respectivos decretos supremos para la gestión pública de la prevención y la atención de las mujeres víctimas de la violencia en razón de género". ¿Se lo hizo?

Medio ambiente

La preocupación por el medio ambiente y las amenazas contra su integridad llegan cada vez más a la población. Lo curioso es que “políticas y planes en distintos niveles de gobierno ponen en riesgo el equilibrio ecológico, la diversidad del ecosistema y el aprovechamiento sustentable de recursos naturales, lo que impacta en la vida presente y futura de las poblaciones, tanto urbanas como rurales”.

Transparencia y acceso a la información

En general, “hay poca transparencia en la gestión pública”, dice Fundación Jubileo. Para las gobernaciones y municipios, el ideal es una gestión financiera informada, la fiscalización del uso de recursos, el control social, la gestión política y de recursos humanos que se concretan en la rendición pública de cuentas y en espacios de concertación.

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