Por Guardiana (Bolivia), foto de Connectas
Jueves 22 de mayo de 2025.- Fundación Tierra advierte que casos como el de la compra del predio “Adán y Eva, por parte del hijo menor del presidente Luis Arce, transacción envuelta en irregularidades y delitos agrarios y ambientales identificados en una investigación periodística, “no son hechos aislados ni puntuales, sino bastante comunes y generalizados”.
“Existen cientos de propiedades tituladas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) como tierras aptas para la agricultura mecanizada, a pesar de que se sobreponen con áreas categorizadas como bosques de protección o tierras sin aptitud para la agricultura intensiva o ganadería comercial”, afirma dicha organización en un pronunciamiento.
Añade que “existen miles de hectáreas con autorizaciones de la ABT para desmontes, quemas, donde se cambia el uso del suelo permitiendo la agricultura mecanizada, a pesar de que se encuentran dentro de áreas clasificadas como tierras de producción forestal permanente o tierras aptas solamente para agricultura a pequeña escala sin mecanización”.
Cuando Rafael Ernesto Arce Mosqueira, hijo menor del actual Presidente de Bolivia, tenía 25 años edad, compró la propiedad “Adán y Eva” por un valor de 3,3 millones de dólares El predio está ubicado en un lugar privilegiado de Santa Cruz y tiene una extensión de 2.187 hectáreas.
La serie de irregularidades descubiertas fueron difundidas en el reportaje trabajado por una alianza de medios internacionales liderados por Connectas: Aristegui Noticias, El Espectador, La Nación y La Prensa Gráfica. Aquí puedes leer la investigación: Las tierras del hijo menor del Presidente de Bolivia
Según Fundación Tierra, el caso que involucra a Rafael Ernesto Arce Mosqueira, debería marcar un antes y un después en la lucha contra delitos agroambientales, y e iniciarse una amplia investigación y fiscalización nacional de las irregularidades “que están por detrás de las autorizaciones de asentamientos en tierras y bosques protegidos, titulaciones de predios empresariales con derechos de uso agrícolas que contravienen las normativas vigentes, aprobaciones de modificaciones de Plan de Ordenamiento Predial (POP), permisos de desmontes y quemas, entre otros”.
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