Por Fundación Construir*
Domingo 10 de mayo de 2020.- Organizaciones e instituciones de Derechos Humanos condenamos el linchamiento de un joven de 27 años, en la comunidad de Chalviri del municipio de Sacaba del departamento de Cochabamba. El joven fue golpeado, enterrado vivo y finalmente ahorcado tras ser sorprendido robando una motocicleta, hecho que constituye una privación arbitraria de la vida e involucra tratos crueles, inhumanos y degradantes.
El derecho fundamental a la vida está protegido por la Constitución Política del Estado, los instrumentos internacionales de derechos humanos, y su privación por mano propia constituye un delito sancionado por la legislación penal vigente.
El tipo de prácticas que acontecieron en la comunidad de Chalviri afectan los fundamentos éticos de la sociedad, pues degradan el valor de la vida como derecho fundamental y debilitan el Estado de Derecho. Asimismo desvirtúan el sentido de una Justicia Indígena Originario Campesina que es esencialmente restaurativa y que respeta los derechos y valores fundamentales sobre los cuales se erige el Estado.
Ningún delito o antecedente penal justifica que las y los ciudadanos tomen la justicia en sus manos para imponer castigos físicos, menos el quitar la vida a una persona.
Este caso pone una vez más en evidencia que es fundamental fortalecer la acción de la administración de justicia para recobrar la confianza de la población, la que en última instancia debe comprender que la delincuencia no puede combatirse en ninguna circunstancia haciendo justicia por mano propia.
Recordamos a las autoridades que el Comité de Derechos Humanos recomendó al Estado boliviano el año 2013 “tomar medidas urgentes para garantizar que todos los linchamientos sean investigados sin demora, que los autores sean enjuiciados y sancionados debidamente, y que las víctimas reciban una reparación adecuada. Asimismo, el Estado debe fortalecer la intervención de la Policía y del Ministerio Público en la prevención y persecución de estos delitos, y reforzar las campañas de prevención y sensibilización, incluyendo el ámbito escolar y los medios de comunicación”.
En consecuencia, pedimos al sistema de justicia se brinden las garantías necesarias a los familiares de la víctima y se investigue este caso hasta dar con los responsables para someterlos a la justicia y ser sancionados, dando un mensaje claro a la sociedad frente a los linchamientos.
*Comunidad de Derechos Humanos – Fundación CONSTRUIR – Fundación Tribuna Constitucional - Red Boliviana de Mujeres Transformando la Economía (REMTE) – Fundación Esperanza, Desarrollo y Dignidad - Asociación Un Nuevo Camino (ASUNCAMI) – Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI) – Asociación Aguayo – ONG Realidades – Alianza Libres Sin Violencia Oruro – Plataforma de la Mujer Oruro – Fundación IVI MARAEI – Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo - Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina de Tarija (CCIMCAT) – Asociación Derechos en Acción – Oficina Jurídica para la Mujer – Coordinadora de la Mujer- Católicas por el Derecho a Decidir Bolivia – Confraternidad Carcelaria de Cochabamba – Centro Juana Azurduy- Capacitación y Derechos Ciudadanos. Defensores/as de Derechos Humanos: Bernarda Sarué, Wilmer Marcelo Galarza, Jinky Irusta.
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