Por Guardiana (Bolivia), foto Sernap
Lunes 21 de julio de 2025.- La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) exigió este lunes a las empresas YPFB Corp. y Petrobras Bolivia detener el juicio penal abierto contra comunarios de Chiquiacá y Tariquía, que somos defensores de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, ubicada en el departamento de Tarija, donde pretenden hacer trabajos para la exploración y explotación de hidrocarburos.
Un pronunciamiento de esa organización recuerda que el proceso penal fue iniciado hace nueves meses y acusó a las compañías mencionadas de no haber respetado compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por Bolivia y Brasil.
“Recientemente —afirma Contiocap— estas empresas han vuelto a demostrar su actuación sañuda, tratando de impugnar la decisión del juez de Entre Ríos quien dictaminó, el pasado 24 de junio, que los procesados se defiendan en plena libertad. Menos mal que un juez de la Sala Penal II del Juzgado Departamental de Tarija denegó esa apelación debido a fallos procedimentales”.
“Lo grave de este último hecho es que YPFB y Petrobras —ambas empresas estatales, por tanto, sujetos de obligaciones en materia de DDHH— persisten con la persecución judicial contra nosotros, campesinos que defendemos nuestro territorio, el agua y el medioambiente; un patrimonio natural de todos los bolivianos llamado Tariquía”, dice el documento.
La Contiocap afirma que son las mismas empresas las que criminalizan, hostigan y chantajean a las comunidades; hacen promesas y asumen el rol de proveedoras de servicios básicos, y así generan divisiones y se entrometen en la vida interna de las organizaciones y mellan a dignidad de las familias campesinas.
“Y las autoridades estatales —asegura la organización defensora de los territorios indígenas—son cómplices de estos atropellos. La violencia contra los defensores ambientales proviene de las propias empresas estatales y otras entidades públicas”.
El pronunciamiento asegura que, además del Acuerdo de Escazú, la reciente Opinión Consultiva 32/25 sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece claramente la obligación de los Estados para proteger a los defensores ambientales:
En virtud del derecho a defender los derechos humanos, los Estados tienen un deber especial de protección hacia los defensores de los derechos ambientales que se traduce en obligaciones concretas, incluyendo, entre otros aspectos, protegerlos, investigar y, en su caso, sancionar los ataques, amenazas e intimidación en su contra, y contrarrestar la “criminalización” de la defensa del medio ambiente…
(OC 32/25, párr. 18, p. 232).
Impactos ambientales
Conticap también indica que el gobierno "se regocija de los 'exitosos resultados' de los pozos exploratorios en Churumas, pero no dice nada de los graves impactos ambientales de estos proyectos al estar emplazados en la zona núcleo de la Reserva, la zona más frágil y ecológicamente más valiosa; ni tampoco dice nada de tantos hechos de violencia contra las familias de Churumas que la imposición de estos pozos exploratorios ha traído consigo desde el año 2022”.
Comentarios