Por Guardiana (Bolivia), foto de ABI
Viernes 20 de junio de 2025.- A partir de 2015, las actividades ilegales cometidas por autoridades de los gobierno de turno, legisladores, jueces, fiscales, policías, militares y funcionarios han empujado a Bolivia a ocupar los últimos puestos de un índice mundial que evalúa los esfuerzos en la lucha contra la corrupción en el mundo.
Y desde 2016, el país permaneció en el grupo de los 10 con más bajo rendimiento, y su peor desempeño fue registrado en 2024, cuando ocupó el puesto 141 de una lista de 142, una marca que lo ubica como el más corrupto de América Latina y el Caribe, y el segundo a nivel global, después de la africana República Democrática del Congo, según el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project (WPJ 2024).
En 2015, Bolivia ocupó el puesto 89 de 102 países evaluados. Un año más tarde, fue el número 106 de 113. Entre 2017 y 1018, alcanzó el puesto 110 de 113. En 2019, llegó al peldaño 123 de 126. En 2020, habitó el sitio 124 de 128. Al año siguiente, se instaló en el puesto 131 de 139. En 2022, Bolivia llegó al puesto 135 de 140. En 2023, se acomodó en el 137 de 142 países examinados. En 2024, le fue peor porque bajó todavía más, hasta llegar al puesto 141 de un total de 142 países evaluados.
Respuesta del Gobierno
Desde el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional surgieron dos pronunciamientos. El primero se conoció a través de la ministra Jessica Saravia, quien restó validez al índice de WPJ porque, en su opinión, ni siquiera se conoce la metodología de trabajo que se utilizó para llegar a la conclusión de que el país es uno de los más corruptos del plantea.
La sucesora del exministro César Siles, acusado de formar parte de un consorcio judicial, afirmó que en esas oficinas se están tramitando más de 500 causas de corrupción y que en este primer semestre de 2025 ya se han emitido 50 sentencias. “Eso —dijo Saravia— demuestra un trabajo arduo y comprometido”.
Un poco más tarde, el Ministerio de Justicia difundió un comunicado en el que hace conocer su postura sobre el índice en cuestión, al que calificó de tendencioso y defendió el trabajo que se realiza mediante políticas públicas y los resultados alcanzados en la lucha contra la corrupción.
La página web de World Justice Project hace conocer que es una organización convencida de que "un Estado de derecho eficaz reduce la corrupción, combate la pobreza y las enfermedades, y protege a las personas e injusticias grandes y pequeñas".
El WJP es una organización independiente y multidisciplinaria que trabaja para crear conocimiento, generar conciencia y estimular la acción para promover el Estado de derecho en todo el mundo. Un Estado de derecho eficaz reduce la corrupción, combate la pobreza y las enfermedades, y protege a las personas de injusticias grandes y pequeñas. Es la base de comunidades de justicia, oportunidades y paz, y sustenta el desarrollo, la rendición de cuentas por parte de los gobiernos y el respeto de los derechos fundamentales.
World Justice Project
Ocho factores analizados
El estudio de la organización WPJ analizó la situación del Estado de Derecho y lo hizo echándole una mirada a ocho factores: restricciones a los poderes del gobierno, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento normativo, justicia civil y justicia penal.
Bolivia cayó 4 puntos en un año
Bolivia ocupa el puesto 141 y le sigue sólo República Democrática del Congo en el último peldaño, el 142.
Por encima de Bolivia están Camboya (puesto 140), Haití (139), Gabón (138), Camerún (137), Venezuela (136), México (135), Uganda (134), Madagascar (133) y otros.
Menos corrupción
Del otro lado de la balanza, entre los países con menos corrupción, están Dinamarca, Noruega, Singapur, Suecia, Finlandia, Nueva Zelanda, Países Bajos, Luxemburgo, Alemania, Hong Kong China.
El país sudamericano con mayor puntaje es Uruguay, que se ubica en el puesto 23, incluso delante de Estados Unidos (24). Le siguen Chile (29), Argentina (27), Colombia (100), Ecuador (108), Perú (118), Paraguay (128).
Factores de medición
En el caso del factor de ausencia de corrupción, el índice considera tres formas de corrupción: soborno, influencia indebida de intereses públicos o privados, y malversación de fondos públicos u otros recursos. Estas formas de corrupción son examinadas con respecto a funcionarios gubernamentales del Poder ejecutivo, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, la Policía y el Poder Legislativo.
Además, el índice mide la prevalencia del soborno, los pagos informales y otros incentivos en la prestación de servicios públicos y la aplicación de la normativa.
También evalúa si las contrataciones públicas y los contratos de obras públicas se adjudican mediante un proceso de licitación abierto y competitivo, y si los funcionarios gubernamentales de los distintos niveles del poder ejecutivo se abstienen de malversar fondos públicos.
El examen también mide si los jueces y funcionarios judiciales se abstienen de solicitar y aceptar sobornos para cumplir con sus deberes o agilizar procesos, y si el Poder Judicial y sus decisiones están libres de influencia indebida por parte del gobierno, intereses privados y organizaciones criminales.
Asimismo, se observa si los agentes de Policía y los investigadores criminales se abstienen de solicitar y aceptar sobornos para realizar servicios policiales básicos o investigar delitos, y si los funcionarios gubernamentales en la Policía y el Ejército están libres de influencia indebida por parte de intereses privados u organizaciones criminales.
Finalmente, se mide si los miembros de la legislatura se abstienen de solicitar o aceptar sobornos u otros incentivos a cambio de favores políticos o votos favorables sobre la legislación.
Otros acápites
En otros de acápites evaluados, Bolivia también ocupa el penúltimo lugar en el índice de países (puesto 141). En el último espacio (142) está Venezuela.
WJP explica que este factor evalúa cuán eficaz es la justicia penal de un país, tomando en cuenta que se trata de un mecanismo para reparar agravios y entablar acciones legales contra las personas por delitos contra la sociedad. El examen a la administración de justicia considera todo el sistema e incluye a la Policía, abogados fiscales, jueces y funcionarios de las penitenciarías.
En los otros factores al país le fue mejor: Justicia civil (puesto 139), Cumplimiento normativo (129), Restricciones a los poderes de gobierno (125), Orden y seguridad (123), Derechos fundamentales (110) y Gobierno abierto (96).
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