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Guardiana (Bolivia), foto Probioma

Viernes 4 de septiembre de 2020.- La audiencia judicial en línea contra dos decretos que acortan plazos y procedimientos de evaluación de cultivos transgénicos destinados al consumo interno y comercialización externa fue suspendida hasta el 25 de septiembre.

¿Cuál es la razón? La presidenta Jeanine Áñez y sus ministros no se dieron por notificados y no respondieron con un "recibido" a la citación a la sesión programada para resolver una Acción Popular interpuesta por activistas, científicos y representantes indígenas.

La notificación a las autoridades se hizo mediante correo electrónico desde el Tribunal de Justicia de Santa Cruz, una acción judicial validada por la Sentencia Constitucional Plurinacional 325/2018-S2.

Pero esas comunicaciones electrónicas no fueron atendidas, salvo por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Entonces, los jueces decidieron que las autoridades que no respondieron a la notificación digital podrían alegar indefensión si se daba continuidad a la audiencia.

Entonces, la audiencia fue postergada hasta las 11:30 del 25 de septiembre. La sesión comenzó este viernes 4 de septiembre a las 9.00, con el llamado a los accionantes y accionados por la Acción Popular.

La Acción Popular se interpone ante la vulneración de derechos e intereses colectivos “relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza”, según los artículos 136 y 137 de la Constitución Política del Estado.

Contra dos decretos

La demanda debió ser resuelta en la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a cargo de la presidenta Carla Alejandra Arancibia Morató y el vocal Diego Ramírez Cruz.

  • La Acción Popular fue interpuesta contra las autoridades del Órgano Ejecutivo por los siguientes decretos emitidos este 2020:
  • Decreto 4232/20:  De manera excepcional se autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa.
  • Decreto 4238/20: (Modifica en Decreto 4232/20 del 7 de mayo de 2020) “en un plazo de hasta cuarenta (40) días calendario computable a partir de la publicación del mismo, el Comité Nacional de Bioseguridad, deberá aprobar los procedimientos abreviados”.
Sin tinta para imprimir

Ante la dificultad para notificar a las autoridades vía electrónica, se solicitó hacerlo al Tribunal de Justicia de La Paz para que entregara las citaciones impresas en papel.

El oficial de diligencias Alder Mamani, de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, redactó un informe en el que dice que por falta de tinta para imprimir (toner) le fue imposible obtener las copias necesarias para las 50 notificaciones para cada ministerio. Apuntó, además, que esa sala no tiene fotocopiadora.

Mamani recibió la orden para esas notificaciones dos días antes, el 2 de septiembre después del mediodía. Hizo una solicitud de dotación de toner al Consejo de la Magistratura, y la respuesta que recibió es que esa entrega se haría hasta dentro de dos semanas. Por último, los que sí enviaron un apersonamiento por Whatsapp fueron Gonzalo Ferrufino y Víctor Flores, del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

El Comité Nacional de Bioseguridad

La Acción Popular pretende detener la acción del Comité Nacional de Bioseguridad que debe evaluar la aprobación de tecnología transgénica para distintos productos agrícolas.

En la audiencia realizada en Santa Cruz, a través de una plataforma virtual, se presentaron los miembros del Comité, que son a su vez funcionarios de distintos ministerios, como terceros interesados: Rafael Adolfo Murillo García (MAyA), Vesna Boric Bonifaz (Ministerio de Salud), Marco Agramont (Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural), Fernando Jiménez Ceballos (Ministerio de Relaciones Exteriores), Iván Zárate Rivas (asesor legal del Comité).

Contra los transgénicos

La Acción Popular, firmada el 9 de julio de 2020, propone justificaciones para detener la vigencia de los Decretos 4232 y 4238.

En primer lugar, se plantea que habría una amenaza contra el manejo ancestral de las semillas nativas de la Nación Guaraní, especialmente en el maíz, lo que pondría en riesgo el patrimonio genético y, por tanto, su soberanía y seguridad alimentaria.

También se afirman que las semillas genéticamente modificadas son un peligro para el medio ambiente, afectando a los cultivos tradicionales, a la biodiversidad y a la salud.

Activistas, científicos y miembros de pueblos indígenas advierten de la producción de cultivos transgénicos resistentes al glifosato y/o glufosinato de amonio porque ponen en riesgo la salud y atentan contra la vida de los habitantes guaraníes en sus territorios y la salubridad de usuarios y usuarias, así como de consumidores y consumidoras.

Las 11 personas accionantes que interpusieron esta Acción Popular también anunciaron el pedido de medidas para resguardar su seguridad. Entre ellos están Pablo Solón, Manuel Morales, Eliana Torrico, Miguel Vargas y María Lohman.

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