Por Guardiana (Bolivia), foto de la Gobernación de Santa Cruz
Miércoles 28 de mayo de 2024.- Al menos 7,6 millones de hectáreas de bosques fueron destruidas por los incendios registrados en 2024. Esta cifra representa el 60,3 por ciento del total de las áreas dañadas por las llamas en todo el país, según el estudio Incendios forestales 2024, tras las huellas del fuego, realizado por Fundación Tierra.
La investigación da cuenta que el año pasado en total fueron quemadas 12, 6 millones de hectáreas, la cifra más alta de la historia boliviana, superando lo ocurrido en 2019, cuando fueron quemadas 5,3 millones de hectáreas a nivel nacional.
Al margen de los bosques devastados, en 2024 el fuego devoró otros 5 millones de hectáreas de zonas no boscosas, generalmente pastizales, sabanas y áreas de vegetación no alta.
El departamento más afectado por el fuego fue Santa Cruz, con 8,5 millones de hectáreas quemadas (68 por ciento del total). Le sigue Beni, con 3,4 millones de hectáreas (28 por ciento). Entre los dos representan el 98 por ciento del área total quemada en Bolivia.
¿Cuál fue el origen de las quemas? El estudio identificó quemas malintencionadas y quemas agropecuarias. El informe destaca lo ocurrido en Santa Cruz, porque ahí está la mayor parte del área afectada.
“Hemos encontrado que el 66 por ciento de las quemas malintencionadas han ocasionado incendios y las quemas agropecuarias representan el 44 del total”, informó el investigador de Fundación Tierra, Gonzalo Colque.
“Eso significa —explicó el economista— que la mayor parte de las quemas se han realizado sin los trabajos preparativos, preventivos, sin la limpieza, sin el chaqueo, sin habilitar estos corredores que tienen que ser el doble de la altura del del monte para que el incendio no se propague de las zonas de intervención agrícola hacia el monte”.
En su criterio, esa falta de manejo integral del fuego ha ocasionado incendios de magnitud. El fuego que devora una hectárea, en cifras globales, provoca la destrucción de otras 10 hectáreas.
Sectores responsables, ocupantes ilegales
La investigación identificó hasta cuatro sectores responsables de los incendios en 2024.
En primer lugar son mencionados los ocupantes ilegales de las áreas protegidas, que no son propiedades privadas individuales ni tienen vocación productiva, pero en cuentan con asentamientos comunitarios e individuales. Existen pequeñas ganaderías y grandes que en algunos casos, en zonas que están desmontadas, a pesar de tener saneamiento y títulos.
En el segundo lugar están los ocupantes también ilegales que toman posesión, usufructúan o trabajan la tierra en los territorios indígenas. “Estamos hablando de la TCO Bajo Paraguá, de la TCO Monte Verde y de la TCO Guarayos. Sabíamos que ahí ya existen asentamientos y monocultivos, y éstos siguen propagándose. Hay un mercado de tierras que también es en parte tráfico de tierras porque todo eso no está regulado”, explicó Gonzalo Colque.
En tercer lugar son citadas empresas agropecuarias, sobre todo empresas ganaderas que están en los municipios de Concepción, San Ignacio y San Matías. El investigador afirma que estas compañías están haciendo conversión del uso de la tierra de propiedades ganaderas a propiedades eh agrícolas. “Están desmontando, están chaqueando, están quemando y esto eh es irregular, ¿no? Están cambiando planes de ordenamiento predial”.
Hizo notar que muchas propiedades ganaderas han recibido tierras a razón de cinco hectáreas, pero han pasado a producir monocultivos de soya, y para hacerlo han tenido que desmontar y quemar el monte
La investigación señala que en cuarto lugar están las tierras fiscales en las que se ha detectado la presencia de asentamientos. Fundación Tierra ha identificado 1.400 comunidades asentadas en tierras fiscales del departamento de Santa Cruz, que han hecho desmontado y han provocado incendios malintencionados, sin preparación del suelo, sin desmonte, sin chaqueo, sin manejo integral del fuego”.
¿Qué hacer?
Una de las conclusiones del estudio es que la lucha efectiva contra los incendios forestales es uno de los principales desafíos que no se está logrando encarar de manera apropiada. Hace notar que la pausa ambiental decretada en septiembre de 2024, no ha tenido resultados. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua anticipó que se va a flexibilizar la norma por un tiempo, pero luego lo negó.
En la Asamblea Legislativa Plurinacional tampoco hubo consensos para derogar el paquete normativo incendiario, y no se pudo plantear una nueva ley que encare el problema de los incendios ni las demandas de los sectores preocupados por temas ambientales.
Propuestas de Fundación Tierra
El director de Fundación Tierra, Juan Pablo Chumacero, dijo que hay necesidad de un giro radical en el manejo del tema ambiental, en cómo se usan el bosque y la tierra, que requiere de un cambio político y normativo para reestructura el rol de las instituciones. Pero ése es un objetivo a largo plazo.
En tanto, esa organización sugiere algunas recomendaciones específicas:
- Hacer un efectivo monitoreo y fiscalización de los permisos de desmonte y quemas, tarea que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) no puede realizar porque carece de las capacidades necesarias.
- Implementar un marco general de reformas institucionales mucho más contundente.
- Precisar áreas neurálgicas de origen del fuego y establecer una serie de medidas preventivas en estas zonas que están generalmente ligadas con la frontera agrícola, en las áreas de expansión, que están atravesadas por carreteras. Esto se puede identificar en los mapas y en esas zonas hay que establecer controles preventivos antes de que los incendios se descontrolen.
- Estas medidas preventivas deberían incluir a las comunidades indígenas y campesinas de la región, a los productores y también a los gobiernos locales.
- Paralelamente, es esencial hacer una auditoría técnica y jurídica a las autorizaciones de desmonte que se otorgan en áreas protegidas. También hay que pedirle rendición de cuentas al INRA los asentamientos en tierras fiscales.
Chumacero está convencido de que hay que hacer una auditoría técnica jurídica a estas autorizaciones de desmonte y quemas por parte de la ABT y valorar hasta qué grado se cumplen con los instrumentos de planificación de uso del suelo, como el plan de uso del suelo de Santa Cruz o el del Beni que se han modificado recientemente y que están permitiendo la ampliación de frontera.
Además, propone detectar las malas prácticas a la hora de otorgar permisos porque por “detrás corren influencias, intereses y se desvirtúa la noción del uso en el nivel del bosque y de la tierra. Paralelamente también hay que exigir una rendición de cuentas al Instituto Nacional de Reforma Agraria sobre los asentamientos en tierras fiscales”.
Comentarios