Por Guiomar Calle Quispe para Guardiana (Bolivia)
Martes 21 de enero de 2025.- En un país donde cada año se registran más de 50.000 denuncias de violencia contra la mujer y donde 84 feminicidios estremecieron a la población sólo en 2024, el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 parece mirar en otra dirección. La asignación para la lucha contra la violencia de género se redujo de un 2,34% en 2023 a un alarmante 0,35% este año, equivalentes a 35 centavos de boliviano por cada 100 asignados. La decisión genera indignación y preocupación por sus devastadoras consecuencias.
Dicho recorte presupuestario equivale a una disminución del 86% entre 2023 y 2025. En cifras, esto significa que el presupuesto pasó de Bs 7.420 millones en 2023 a Bs 1.026 millones en 2025, de un total de Bs 296.656 millones. Esta drástica reducción impacta directamente en la capacidad del Estado para financiar servicios esenciales como refugios para mujeres y niños víctimas de violencia, capacitaciones, campañas de prevención, entre otros.
La información fue confirmada por Gabriela Ferrel, secretaria del Comité de Derechos de Género, que es parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, donde se realizó un análisis exhaustivo del presupuesto para la lucha contra la violencia; y Tania Sánchez, directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, que es parte de Alerta 348, una articulación de más de 200 organizaciones y activistas que defienden los derechos de las mujeres.
Sánchez advierte que esta reducción presupuestaria impacta sobre todo en tres áreas claves: atención a víctimas, prevención y formación de operadores. Una situación que considera alarmante porque pone en evidencia que instancias del nivel central, como los ministerios de Educación y de Justicia, y la Fiscalía, reducirán estos recursos frente a las elevadas cifras de violencia que persisten en el país.
“Servicios esenciales como refugios, el asesoramiento psicológico y la asistencia legal se verán limitados, dejando a miles de mujeres y niños en situación de desamparo. Las campañas de sensibilización y despatriarcalización también se reducirán, dificultando el cambio cultural necesario para erradicar este flagelo”.
Tania Sánchez, directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer
El impacto ya es visible. Guardiana fue hasta las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de La Paz, donde una víctima relata cómo fue derivada desde el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) del Macrodistrito Max Paredes a estas oficinas por falta de psicólogos.
“Me dieron fecha de la valoración psicológica para dentro de tres semanas porque dicen que están saturados y me pidieron que intente acá en la FELCV porque tienen personal permanente. No sabía esto del presupuesto, no quiero imaginar cuánto más tendría que esperar si esto afecta a los psicólogos, no sólo a mí, sino a tantas otras personas”, indica Miriam C., visiblemente acongojada porque con cada día de retraso, su esperanza se tambalea y su angustia crece.
Ella es madre de dos hijos, con quienes huyó de su hogar hace tres meses por violencia. Actualmente enfrenta una dura realidad al buscar ayuda y peregrina por una valoración psicológica para ella y sus dos hijos, con el fin de hallar justicia contra su agresor y las garantías legales para su alejamiento.
Miriam es una de las miles de víctimas de violencia que acuden a la FELCV, al Ministerio Público, a los SLIM, a las defensorías y al Órgano Judicial en busca de justicia. Pero, mientras los casos de violencia y feminicidios aumentan, los recursos disponibles para enfrentarlos se desvanecen, dejando a miles de mujeres y niños en situación de vulnerabilidad.
Cifras que evidencian una cruda realidad
De acuerdo con los datos presentados por la Fiscalía General del Estado, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2024, en el país se registraron 50.325 casos de delitos relacionados con la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (348), que reconoce 16 formas de violencia.
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En comparación con años anteriores, los datos de la misma instancia revelan que en 2023 se registraron 51.770 casos de violencia, mientras que en 2022 sumaron 51.911 y en 2021, 46.774.
El reporte del 2024 detalla que la mayoría de los casos denunciados fueron delitos de violencia familiar o doméstica, con 37.601. También hubo 3.737 denuncias de abuso sexual, 3.140 casos de violación, 2.696 de violación de infantes, niños o adolescentes, 1.864 de estupro y 1.287 fueron catalogados como otros delitos.
Las regiones que reportaron más denuncias fueron Santa Cruz con 17.388, La Paz con 12.395, Cochabamba con 7.823, Tarija con 3.427 y Potosí con 3.009. Un total de 2.646 denuncias corresponden a Chuquisaca; 1.715, a Beni; 1.373, a Oruro; y Pando tuvo 549 casos. En cuanto a feminicidios, en 2024 se registraron 84 feminicidios y 34 infanticidios en el país.
Un retroceso que perpetúa la impunidad
Para Gabriela Ferrel, diputada de Comunidad Ciudadana (CC) y secretaria del Comité de Derechos de Género de la Cámara de Diputados, estas cifras deberían ser la principal razón para aumentar el presupuesto de la lucha contra la violencia en el país, más aún en un contexto de crisis económica, que bien puede convertirse en el nuevo factor de más denuncias de violencia al interior de los hogares a causa de la frustración.
“Ante esta situación, creemos que se vienen días oscuros para la lucha contra la violencia en Bolivia, porque más allá del gran esfuerzo que hacen las ONG y los colectivos de mujeres para poder colaborar a quienes sufren de violencia, inclusive a quienes quedan huérfanos por feminicidios, no se podrá hacer más, las víctimas se irán sumando y todo ello perpetuará la impunidad contra los agresores. El Gobierno será responsable de cada víctima porque fue advertido y no hizo caso”.
Gabriela Ferrel, secretaria del Comité de Derechos de Género de la Cámara de Diputados
Con respecto a las principales necesidades, Guardiana intentó hablar con las máximas autoridades de la FELCV nacional y de La Paz, pero no obtuvo respuesta. No obstante, un funcionario, que pidió mantener su nombre en reserva, contó que las necesidades van desde el papel para imprimir informes hasta los recursos humanos insuficientes.
“En la FELCV hay muchas necesidades, por ejemplo, de equipamiento tecnológico, infraestructura, material de escritorio y, por supuesto, de recursos humanos. Habitualmente los informes superan las 40 hojas y no tenemos ni papel. Si ya la situación es preocupante por falta de recursos, lo que se vendrá con esta fuerte reducción será peor para contrataciones y salarios de especialistas que necesitan las víctimas de violencia, ellas serán las afectadas”, precisó el funcionario.
Un presupuesto que atenta contra la Ley 348 y normas internacionales
Alerta 348, que agrupa a más de 200 organizaciones y activistas que defienden los derechos de la mujer, advierte que esta drástica reducción presupuestaria para la lucha contra la violencia en los últimos años contraviene el artículo 3 de la Ley 348, que declara la lucha contra la violencia como prioridad nacional.
También vulnera el principio de progresividad y compromisos internacionales que asumió Bolivia, como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Además de la Convención de Belém do Pará, que establece por primera vez el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, y las recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU).
“Hemos oído a varias autoridades, incluido el Presidente (Luis Arce), ministros y ministras de Estado, que la lucha por la vida de las mujeres es una prioridad del Estado, sin embargo, no la vemos reflejada en acciones concretas ni en recursos específicos para una lucha que es prioridad según la Ley 348”, cuestionó Sánchez.
Para la Directora Ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, si no se toman medidas serias, “más allá de los discursos”, este año los índices de violencia pueden incrementar y superar todo lo que se ha venido registrando. En coincidencia con Ferrel, la situación se agrava con la crisis económica en la que está el país, que también se refleja en la vida de las mujeres “porque hay frustraciones dentro de las familias y éstas se expresan lamentablemente en la violencia hacia los niños y las mujeres”.
Advierte que los casos de feminicidio del 2024, por ejemplo, denotan niveles de violencia de alta agresividad, además de la premeditación de los perpetradores, y todo esto nos está diciendo algo. “Es necesario que el Ejecutivo nacional revise sus recursos para ver si es que efectivamente están haciendo lo necesario para orientar, primero, a que todos los bolivianos y las bolivianas vivamos mejor, bien y sin violencia”.
El análisis del Comité de Derechos de Género de la Cámara de Diputados concluye que el presupuesto destinado a combatir la violencia de género no debe ser visto como un gasto, sino como una inversión esencial para garantizar la seguridad, la justicia y los derechos de las mujeres. Resalta que ignorar esta realidad perpetúa la violencia y desacelera el avance hacia una sociedad más equitativa y libre de violencia.
ONU Mujeres alertó en un pronunciamiento del 13 de noviembre del 2023 que sin inversiones ambiciosas que intensifiquen los programas de prevención, implementen políticas eficaces y ofrezcan servicios de asistencia para combatir la violencia contra las mujeres y niñas, no hay manera de que los países logren eliminar la violencia de género hacia 2030.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente el ODS5, relativo a la igualdad de género, contiene una meta específica sobre eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación. No obstante, los recursos asignados para este tema no se ajustan a la magnitud del desafío.
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