Marcha indígena está en San Pablito rumbo a conformar su Parlamento Indígena

Por Guardiana y fotos de Yolvik Chacón Valero (Bolivia)

Lunes 6 de agosto de 2021.- Hoy se cumple el día 13 de la décimoprimera marcha de los pueblos indígenas del oriente, Amazonía y Chaco que se dirige a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra desde Trinidad (Beni), desde donde partió a las 08.00 del 25 de agosto en contra del avasallamiento de tierras indígenas y áreas protegidas en cuatro departamentos de Bolivia: Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija. Este lunes los 150 marchistas llegaron temprano por la mañana a San Pablito, donde están descansando en el coliseo del lugar.

Este martes estará la columna en Ascensión de Guarayos. Allá, las y los marchistas terminarán de estructurar el Parlamento Indígena de Tierras Bajas (ya existente de manera simbólica), con base en las y los representantes de 34 nacionalidades (no se incluye a aymaras ni quechuas), más los tacana del norte de La Paz.

Abdón Justiniano, presidente de la Central de Pueblos Indígenas del Beni Orgánica (Cepib), explicó a Guardiana que de los 150 marchistas, suman unos 20 los que participaron en la primera marcha indígena de 1990 y tienen más de 80 años. Y también están en la movilización unas 30 mujeres con 10 niños y niñas hasta los ocho años.

Justiniano aclaró lo siguiente con respecto a la presencia de pequeños en la marcha: "La tradición de nuestros pueblos es diferente a otras tradiciones: salen las madres, se van con los niños; donde quiera que van el padre y la madre, ahí están los niños. Es tradicional y típico de nuestras culturas".

Parlamento Indígena de Tierras Bajas

Ya existe en Bolivia una Asamblea Legislativa en la que hay representantes indígenas; sin embargo, Justiniano (quien pertenece al pueblo movima) dio a entender que no están conformes con su trabajo. Ahora buscan decidir y actuar bajo una nueva visión de país desde las tierras bajas.

En Ascensión de Guarayos con la presencia de las y los marchistas y sus representantes (no afines al MAS) estructurarán el Parlamento Indígena de Tierras Bajas y se prevé que el mando del mismo terminará en manos de adultos mayores que son caciques y corregidores que participaron en la primera marcha de 1990. Y en general, dicha instancia estará conformada por representantes de las 34 nacionalidades indígenas de tierras bajas, incluyendo a los tacana del norte de La Paz. Aún no se sabe cuántos miembros tendrá dicho parlamento.

Además, también existirá un Parlamento Indígena Departamental de Tierras Bajas en cinco departamentos: Chuquisaca, Beni, Pando, Tarija, Santa Cruz y el norte de La Paz. En la ocasión también será diseñada la primera plataforma de demandas.

Avasallamientos, una bomba de tiempo

Una de las principales preocupaciones de los indígenas que habitan en tierras bajas hoy es el problema del avasallamiento de sus territorios y uno de los motivos de la actual marcha.

Ya en junio de este año, el entonces aún director de Fundación Tierra, Gonzalo Colque, le dijo a Página Siete que se está gestando un conflicto gravísimo en Santa Cruz porque ya queda muy poca tierra en disputa entre agroempresarios, comunidades interculturales del MAS e indígenas.

"Desde el 2011 en adelante, el proceso de distribución de tierras es el más corrupto, más oscuro, y el de mayor alcance que hemos tenido. Después del conflicto por el Tipnis, el Gobierno, mediante el INRA y el Viceministerio de Tierras, ha dado rienda suelta a todas las demandas de saneamiento y titulación. En vez de verificar la función económica y social, en vez de recortar las grandes propiedades o hacer respetar las 5.000 hectáreas de límite, lo que ha hecho es dar vía libre para que ese saneamiento se dé en las condiciones en que exigían los empresarios. Aunque no tenían títulos o tenían vicios de nulidad, igual les han blanqueado los antecedentes agrarios de sus propiedades que en muchos casos eran tierra fiscal. Muchos han recibido tierras a doble y triple titulación a nombre de testaferros. Son peones, ayudantes, es la gente que no existe ni siquiera en las redes sociales. Estas titulaciones se han dado mediante simulaciones de compra y venta de tierras. Se entrega la tierra en venta al empleado, para que él se titule, porque él puede decir que ha comprado la tierra". 

Investigador Gonzalo Colque

Investigadores como el abogado especialista en Derecho Agrario Alcides Vadillo suelen identificar los siguientes hitos en esta problemática: el año 2006 se tuvo el inicio de la “revolución agraria” y un enfoque de distribución de tierras que no pasó de una “retórica discursiva”; el año 2011 hubo un viraje en la revolución productiva de una política conservacionista hacia una política extractivista; y en el 2013, con la Agenda Patriótica Bolivia 2020-2025, el país debía pasar de tres millones a trece millones de hectáreas en producción y ser exportador de granos y alimentos.

Es desde el tercer momento mencionado en que se produce la tendencia de flexibilizar las medidas y normativas ambientales. Se cambian los planes de uso de suelo, como el del Beni, y se dictan normas de carácter ambiental, entre ellas la aprobación de los desmontes de veinte hectáreas sin respaldo de un plan de ordenamiento predial y con el simple llenado de un formulario de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT).

Uno de los problemas es que existe una fuerte presión para el acceso y uso a las tierras para producir. Por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, de los seis millones de hectáreas de tierras fiscales que existen para la redistribución, solo unos dos millones son los más apetecidos por su valor económico. Sin embargo, esta cantidad se disputan empresarios con ciertos niveles de influencia, personas afines al MAS y campesinos e indígenas que no están pudiendo lidiar con este problema, la falta de ingresos económicos y en general condiciones de vida que les ha llevado, muchas veces, a alquilar sus propios predios a terceras personas.

Sin embargo, estos son solo botones de muestra de una crisis múltiple que llega a nivel de la justicia porque en Bolivia no existe un sistema judicial independiente y esto toca las puertas del Tribunal Agroambiental, además de la urgente y necesaria institucionalización del INRA, el que hasta ahora solo ha tenido en 10 años un Director institucionalizado, elegido de una terna con la aprobación de los dos tercios de la Asamblea Legislativa.