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Guardiana (Bolivia) / Foto portada: Daniel Gonzales

Domingo 11 de octubre de 2020. Presupuesto para la implementación global de la Ley 348 de lucha contra la violencia hacia la mujer; fortalecimiento de la justicia y un currículo educativo que aborde la problemática como prevención, además del respeto a la paridad en la participación política, son las principales medidas que los seis candidatos a la presidencia debieran incorporar en sus programas de gobierno mediante políticas estructurales.

Las propuestas surgen de personas inmersas en la lucha contra la violencia de género, como Mónica Novillo, de la Coordinadora de la Mujer; Paola Barriga, abogada penalista que lleva adelante la defensa de víctimas de feminicidio; y Mónica Bayá, secretaria Técnica de la Comunidad de Derechos Humanos.

Luego de una revisión a los programas de gobierno de los partidos en carrera hacia las elecciones de este 18 de octubre, se puede ver que Comunidad Ciudadana (CC), el Movimiento al Socialismo (MAS), Creemos y Libre 21 tienen algunas propuestas, mientras que el resto no menciona siquiera la palabra mujer.

“Toda esta desvalorización —dice Barriga— que se tiene hacia la mujer, hacia la niñez, toda esta falta de atención debe ser reestructurada y hoy los partidos políticos por lo menos debían proponer nuevas políticas de Estado pero estructurales (…) y para ello no he escuchado de ningún partido una estructura que nos motive a entender que sí van a luchar contra este flagelo”.

89 feminicidios a la fecha

A octubre de 2020, en Bolivia se han producido en lo que va del año 89 feminicidios, de los cuales solo 11 tienen sentencia, y son más de mil infantes, niños, niñas y adolescentes que sufrieron violaciones sexuales, de acuerdo con las cifras del Ministerio Público, al 29 de septiembre de este año.

Los datos muestran que la violencia continuó durante el confinamiento rígido por la Covid-19, entre marzo y junio de este año, una evidencia de que para las mujeres, infantes, niños, niñas y adolescentes su hogar es uno de los espacios menos seguro.

Gráfico proporcionado por la Fiscalía General del Estado

En un balance sobre la Ley 348 desde que esta fuera aprobada en marzo de 2013 se puede notar que desde entonces hasta diciembre de 2019 se produjeron 674 feminicidios y únicamente en el 32 por ciento existe una sentencia (218 casos).

Si se toma en cuenta que en 2013 hubo 26 feminicidios y en 2019, 117, se tendría por resultado que este tipo de violencia extrema subió en un 450 por ciento desde que se aprobó la Ley 348, según los datos de la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos.

Número de feminicidios y sentencias por año desde que se aprobó en 2013 la Ley 348 (fuente: Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos con base en datos del Informe de Rendición Pública de Cuentas de la Fiscalía General del Estado, Final 2019, Inicial 2020)
Sin presupuesto

Si bien la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia 348, promulgada en marzo de 2013, tiene una visión completa y establece un conjunto de políticas para la prevención y la protección, sanción y reparación en casos de violencia, desde su nacimiento no cuenta con un presupuesto específico, lo que frena su aplicación total, pese a que tiene siete años de vigencia.

“Una primera demanda —dice al respecto Mónica Novillo— que tiene que ser resuelta es que se deben asegurar recursos para la lucha contra la violencia, para que funcionen las instancias de denuncia, el desarrollo de campañas de prevención, incluido el currículo educativo, y asegurar que las víctimas y sus familiares tengan acceso a la justicia”.

La Secretaria Técnica de la Comunidad de Derechos Humanos agrega que una de las grandes tareas es cerrar la brecha entre lo que dice la normativa y lo que realmente se hace respecto a la erradicación de la violencia hacia las mujeres.

Cuando Guardiana consultó a las tres entrevistadas sobre el monto requerido para la implementación de la Ley 348, respondieron que no se tiene el dato preciso porque cada instancia es diferente.

“La Ley 348 no ha partido de un presupuesto que determine cuánto es lo que se requiere, no vino con una ley (adicional) para acompañarla con un presupuesto para su implementación”, remarcó Bayá.

La abogada Barriga agrega que mientras la aplicación de la Ley 348 no esté acompañada de recursos económicos no será funcional a la sociedad, se quedará solo en retórica.“Está escrita y lamentable no la podemos aplicar”.

Los problemas

Cada una de las instancias que forma parte de la cadena de atención a las víctimas –agrega Bayá— enfrenta grandes limitaciones para cumplir con su labor como la insuficiente cantidad de recursos humanos, falta de personal especializado, ausencia de equipos multidisciplinarios de atención a las víctimas e inestabilidad laboral.

Mónica Bayá, Secretaria Técnica de la Comunidad de Derechos Humanos (Foto: CDDHH).

Continúan los constantes cambios de personal en la Policía, Fiscalía, defensorías y Servicios Legales e Integrales para la Mujer (SLIM), con lo cual la inversión que se ejecuta en capacitación de recursos humanos se constituye en una pérdida por esa constante rotación. Y esta observación tiene larga data y a pesar de ello poco o nada se ha hecho.

Urge —acota Bayá— el fortalecimiento de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV), al igual que los servicios municipales o el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), así como una mayor capacidad del Órgano Judicial.

La abogada Paola Barriga resalta la necesidad de otorgar recursos a la Policía, en su división de protección a la mujer. “El momento en que llaman las víctimas, la policía no tiene presupuesto ni para gasolina; no tiene ambulancia, no cuenta con los mecanismos necesarios de defensa”

La Ley 348 determina un conjunto de instancias especializadas para la atención de la violencia, por ejemplo en el área judicial se determina la creación de juzgados y tribunales especializados que aún no se cumple.

Bayá informa que el Consejo de la Magistratura presentó una propuesta para la creación de alrededor de 48 juzgados y tribunales especializados en género; sin embargo, a la fecha solo se han creado 27, los que tienen una enorme sobrecarga.

Existen fiscales que tienen hasta mil procesos de violencia familiar, mientras que en las defensorías una sola funcionaria hace el papel de secretaria, psicóloga, trabajadora social. Esta escasez de personal da pie a la corrupción, pues hay gente que busca agilizar sus citas con las diferentes instancias.

Además, añade la abogada penalista, existe solo un tribunal de sentencia en el país, que atiende los casos más graves, eso implica que los demás procesos llegan a las instancias ordinarias, “incumpliendo la Ley 348”.  

Al menos un tercio de los delitos que se produce en el país corresponde a la violencia contra mujeres y niñas; sin embargo, no se ha desarrollado la capacidad de atención.

El funcionamiento de un juzgado demanda alrededor de 300 mil bolivianos por año y si bien no es un monto significativo, no se ha realizado esta inversión.

Solo La Paz y Cochabamba tienen IDIF

Las entrevistadas señalan que es necesario contar con un IDIF en Santa Cruz, con todos los laboratorios forenses, pues este departamento tiene un alto índice de delitos de violencia contra las mujeres.

Actualmente solo La Paz y Cochabamba tienen IDIF a dónde pueden acudir las víctimas del resto de los departamentos con las consiguientes demoras, contaminación de pruebas e incluso riesgo de pérdida de algunos indicios.

Se suma la necesidad de contar con un mayor número de albergues para las mujeres víctimas.

Novillo considera que también es importante trabajar en la rehabilitación de los agresores, una política que no ha sido desarrollada.

Sin embargo, en opinión de Bayá, la crisis generada por la pandemia Covid-19 afectará aún más a los ingresos de las instituciones destinadas a tratar el tema.

Educación para la prevención

El segundo pilar necesario es la prevención, junto a la educación. Hasta el momento se ha difundido la ley, junto a un par de líneas gratuitas, para que las mujeres sepan que pueden denunciar, un importante avance, sin embargo, su alcance se limita a las áreas urbanas, no así a los sectores periurbanos y rurales, advierte Bayá.

Paola Barriga, abogada penalista. (Foto: ABI)

La Directora de la Coordinadora de la Mujer informó que existen “fuertes resistencias” en el Ministerio de Educación, cuando es esta instancia la que debe promover la inclusión de temas de igualdad de género, derechos de las mujeres, puntos que no están en el currículo.

“Es también una deuda pendiente —hizo notar Novillo— porque es a partir de la educación y la comunicación que se pueden asegurar cambios en las formas de ver las relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres”.

La Secretaria Técnica de la Comunidad de Derechos Humanos planteó la necesidad de un espacio en el que se aborde a profundidad, de manera metodológica, la problemática de la violencia contra la mujer a partir de las causas estructurales que subyacen que tienen que ver con las desigualdades.

Por tanto, es necesario trabajar con los niños y niñas desde temprano sobre normas de conducta, valores, respeto a la igualdad y eliminar las brechas de desigualdad de género entre hombres y mujeres, que permiten el mantener criterios de subordinación de control que consideran a las mujeres como un objeto.

Barriga agrega que además se debe reestructurar el pénsum de educación en el Colegio Militar y en los centros policiales, porque se evidencia “una cantidad impresionante de víctimas de violencia por personas uniformadas”.

Participación política

De acuerdo con la Coordinadora de la Mujer, si bien existen avances en relación a la presencia de las mujeres en los espacios de decisión, al mismo tiempo las féminas confrontan situaciones de violencia y acoso. “El incremento de la participación política va de la mano con el incremento de  violencia y acoso político”, señala Novillo.

Mónica Novillo, directora Ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer (Foto: ABI).

La Ley 026 del Régimen Electoral establece que las candidaturas deben cumplir la paridad y alternancia de género como requisito; en caso de incumplimiento, se establecerán las sanciones correspondientes.

Comunidad Ciudadana (CC) y el Movimiento al Socialismo (MAS) prácticamente cumplen con los criterios de paridad. Creemos está en un 80% de cumplimiento mientras que el Frente para la Victoria (FPV) solo llega al 40%, según la verificación de la Coordinadora de la Mujer.

“En el actual proceso electoral, los partidos aún no cumplen con los criterios básicos de paridad y corren el riesgo de que sus listas sean rechazadas  por el Órgano Electoral. Van a llegar a la elecciones sin haber cumplido los criterios de paridad”, advirtió Novillo.  

“La democracia intercultural boliviana garantiza la equidad de género y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Las autoridades electorales competentes están obligadas a su cumplimiento, conforme a los siguientes criterios básicos: a) Las listas de candidatas y candidatos a senadoras y senadores, diputadas y diputados, asambleístas departamentales y regionales, concejalas y concejales municipales, y otras autoridades electivas, titulares y suplentes, respetarán la paridad y alternancia de género entre mujeres y hombres, de tal manera que exista una candidata titular mujer y, a continuación, un candidato titular hombre; un candidato suplente hombre y, a continuación, una candidata suplente mujer, de manera sucesiva”.

Artículo 11 de la Ley de Régimen Electoral 026
Cobertura mediática

Al aumento de la violencia y acoso político, además del incumplimiento en la paridad, se suma la invisibilización de las mujeres por parte de los medios de comunicación, problema también muy antiguo.

Un estudio que realizó la Coordinadora de la Mujer en 2009 mostró que la cobertura mediática de los medios de comunicación sobre la participación de las mujeres en las elecciones no alcanzaba ni al 1 por ciento.

 En 2014, se realizó un nuevo estudio y la cobertura llegó al 1,7%. “Estamos hablando de periodos electorales en los que las mujeres ocupaban ya el 50% de las listas, por tanto, hay un grado de invisibilización de las mujeres en los espacios de decisión de sus demandas y de propuestas”.

Las propuestas de los partidos

CC propone un Ministerio de las Mujeres

La creación de un Ministerio de las Mujeres es la principal propuesta del partido liderado por Carlos Mesa, en relación a los derechos de género y lucha contra la violencia hacia la mujer.

El plan de gobierno de CC promete un ministerio sólido, que promueva el ejercicio de los derechos de las mujeres establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE), la normativa conexa y los convenios internacionales suscritos por Bolivia.

También asegura que este ministerio acompañará las prioridades nacionales de desarrollo sostenible, políticas sociales universales, un sistema de políticas de cuidado y transformaciones éticas.

En cuanto a los derechos de las mujeres, CC señala que se busca una sociedad donde se brinde igualdad de oportunidades, se fortalezca el empoderamiento político y liderazgo de las mujeres en todos los ámbitos, el trabajo sea remunerado en forma igualitaria, apoyo al emprendedurismo y autonomía económica de las mujeres.

Asimismo, asegura acceso a servicios de salud de calidad  que las mujeres “estén libres de violencia y de acoso, velando porque su integridad y la de sus hijos e hijas estén plenamente protegida”.

Comunidad Ciudadana asegura que la eliminación de la violencia será una política de Estado que involucre también a los gobiernos subnacionales y comprometa a la sociedad civil.

“Aseguraremos que toda mujer víctima de violencia reciba atención oportuna, que las instancias judiciales actúen con rapidez, transparencia y eficiencia, que se evite la revictimización y que se proteja a las mujeres impidiendo que los agresores interactúen con ellas mientras dure el proceso”.

La política hacia las mujeres operará a tres niveles: prevención, para la transformación de patrones culturales, sociales, políticos y económicos que naturalizan la violencia hacia las mujeres; atención, para contar con un sistema integrado de atención para el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia; y fortalecimiento institucional, para contar con las entidades y capacidades adecuadas.

El MAS declara prioridad la lucha contra el feminicidio

El partido liderado por Luis Arce Catacora que estuvo casi 14 años en el poder promete que será una prioridad nacional la lucha contra el feminicidio y la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes.

Creemos promete impulso presupuestario

En el programa de la agrupación que tiene a Luis Fernando Camacho como candidato a la Presidencia, destaca la promesa de dar un impulso decidido, en términos políticos y presupuestarios, para fortalecer la lucha contra la violencia de género, en el marco de las disposiciones de la Ley 348, que permita reducir el número de feminicidios y de violaciones el año 2025 a menos de la mitad de las producidas el año 2019.

Creemos propone la aplicación de medidas que permitan el acceso independiente al mercado laboral para las mujeres víctimas de violencia. Además de la emisión de una ley que establezca que las empresas con más de 50 trabajadores deberán contratar como mínimo a una (1) mujer que haya sufrido o esté sufriendo violencia de género, calificada por las autoridades competentes.

Acciones para enfrentar la trata de personas es otro de los planteamientos de Creemos. “El Poder Ejecutivo deberá instruir a la Policía Boliviana que establezca un equipo de tarea dentro de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV), para que implemente acciones de prevención y control que eviten la generalización de casos de trata de personas”.

Libre 21 plantea Defensoría de la Mujer

La agrupación Libre 21, con Jorge Tuto Quiroga como candidato a la Presidencia, promete la creación de la Defensoría de la Mujer que fortalecerá el empoderamiento de las mujeres de sus derechos, la implementación del programa de detección temprana de violencia contra la mujer, con la creación de centros de atención inmediata e integral a la mujer víctima de violencia (techo, comida, apoyo económico).

El programa también plantea endurecer las penas de violencia contra las mujeres e intrafamiliar, con la sumatoria de penas para autores de violencia contra la mujer y la cadena perpetua para los feminicidas.

Asegura la creación de oportunidades de capacitación, laborales y de emprendimiento para las mujeres.

Se compromete a proteger a las madres solteras y a priorizar su atención en los servicios públicos.

PanBol y el Frente para la Victoria no tienen propuesta alguna sobre el tema.

Propuestas de la Coordinadora de la Mujer

La Coordinadora de la Mujer diseñó una agenda con los principales temas de preocupación a nivel nacional en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, con los siguientes ejes:

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