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Texto y videos de Guardiana, caricatura de Javier Menchaca e infografías de Ramiro Moncada.

Esta investigación fue realizada en el marco del Fondo Concursable Spotlight VIII de Apoyo a la Investigación Periodística en los Medios de Comunicación que impulsa la Fundación Para el Periodismo con el apoyo del European Journalism Centre.

Jueves 8 de octubre de 2020.- El 22 de enero de 2006, Evo Morales se sentó por primera vez en la silla presidencial de Bolivia. Tenía desde ese lugar control no solo sobre el entonces llamado Poder Ejecutivo, sino también sobre el Legislativo. Pero, autoridades judiciales, jueces y fiscales se convirtieron muy pronto en un dolor de cabeza.

Los problemas no tardaron en presentarse… A fines de ese mismo año, el 30 de diciembre, Evo Morales designó, mediante el Decreto Supremo Nº 28993, a cuatro abogados como magistrados interinos de la Corte Suprema de Justicia. Ellos eran Zacarías Valeriano, Bernardo Bernal, Carlos Jaime Villarroel y Wilfredo Ovando.

Existía cierta confianza en Palacio de Gobierno de que no habría mucho problema con esas designaciones porque ya otros expresidentes habían hecho lo mismo. Tal el caso de Carlos Mesa que aprobó el 30 de julio de 2004 el Decreto Supremo 27650, mediante el que designaba a seis ministros de la Corte Suprema, dos consejeros para la Judicatura y nueve fiscales de Distrito. En ese momento el Parlamento estaba en receso.

Según el artículo 96 de la Constitución de ese entonces, el Presidente solo podía designar a autoridades judiciales si el Parlamento estaba en receso.

¿Cuáles eran los argumentos del primer Gobierno del MAS para designar a cuatro autoridades judiciales? En el mismo decreto se puede leer: “...el Gobierno Nacional se encuentra profundamente comprometido con el pueblo boliviano, lo que implica la permanente atención de sus demandas y necesidades, para de esta manera cumplir los objetivos del verdadero proceso de cambio en el país”. Más adelante se indica que a causa de las acefalías en dicha corte, “lo que implica claramente retardación de justicia”, se tomó la decisión de realizar dicha designación.

El Tribunal Constitucional se le vino encima al Ejecutivo por dicha decisión y suspendió a los cuatro nombrados por Evo Morales. Cinco meses después, el MAS fracasó el 15 de mayo en su intento de elegir a los suspendidos como ministros titulares de la Suprema. Entonces, medios como Los Tiempos publicaron: “…la confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial subió de tono con acusaciones duras, de unos contra los otros, y se amplió a otros sectores que se manifestaron a favor de uno y otro”.

Evo Morales reaccionó furioso. Pidió un juicio de responsabilidades contra los miembros del Tribunal Constitucional por tal decisión y los acusó de pertenecer a partidos como el MNR, ADN y MIR. Al respecto, ANF publicó lo siguiente el 11 de mayo :

"El presidente Evo Morales llamó 'emenerristas, miristas y adenistas' a los magistrados del Tribunal Constitucional que cesaron a cuatros ministros de la Corte Suprema de Justicia designados en diciembre por decreto, argumentando receso del Congreso Nacional. Morales dijo que el Tribunal Constitucional 'es producto del cuoteo (MNR, ADN y MIR). Siento que quieren vengarse, no quieren el desarrollo del pueblo. No quieren que se recupere las empresas del Estado'".

ANF, 11 de mayo de 2007

El 5 de julio de 2007, medios internacionales difundían la noticia de un "Inédito paro de 24 horas en el Poder Judicial de Bolivia". Era un paro de 24 horas convocado por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Agrario Nacional, las cortes superiores de distrito y nueve colegios de abogados de Bolivia. El Gobierno calificó tal medida como ilegal.

"'Este es un movimiento institucional en defensa de las garantías ciudadanas, denunciando ante la opinión pública nacional y los organismos internacionales la pretensión del Gobierno de defenestrar el sistema judicial boliviano e implantar un régimen totalitario".

Parte importante del documento de quienes estaban en paro de 24 horas

Lo cierto es que el año en que se producían estos roces entre los entonces aún llamados poderes Ejecutivo y Judicial, Bolivia no tenía una justicia que fuera ejemplo para algún país. En 2005, el 74 por ciento de las personas detenidas en los penales de Bolivia no tenía sentencia. Un año después, este porcentaje se mantuvo con una leve subida hasta el 74,4 por ciento y en 2012 trepó hasta un 85,2 por ciento. Si bien en 2019, este porcentaje bajó hasta el 64,3 por ciento, este último porcentaje es el mismo de 2002 que alcanzó al 64,8 por ciento. Esto significa que Bolivia tuvo el año pasado el mismo porcentaje de personas encarceladas sin sentencia que hace 17 años como se puede ver en detalle en la siguiente infografía.

A Evo Morales y su entorno ya nadie podría convencerles en 2007 de que el entonces conocido como Poder Judicial les dejaría hacer todos los cambios que tenían en mente. Sin embargo, la ocasión para cambiar el estado de cosas se les presentó el momento de modificar la Constitución del país. Así, cuando esta fue aprobada en febrero de 2009, buena parte de los dolores de cabeza ocasionados por la justicia terminaron. Tenían el camino expedito.

En la nueva Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia se había cambiado la forma de elección de los más altos cargos del sistema judicial en Bolivia. El Consejo de la Judicatura dejaría de hacer la lista de candidatos para pasar tal actividad a un protagonista y filtro eminentemente político: la Asamblea Legislativa.

Sobre la base de una convocatoria, la Asamblea Legislativa debía hacer la lista de postulantes a los más altos cargos del Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Agroambiental. Luego, esta nómina pasaría a manos del Órgano Electoral para que lleve adelante las elecciones judiciales, donde las y los bolivianos votarían por las y los magistrados en comicios sobre los que poco o casi nada se había informado.

Así, el 16 de octubre de 2011 se realizaron las primeras elecciones judiciales en el país. Sin embargo, cuando los votos fueron contabilizados se tuvo por resultado que el 60 por ciento de los votos eran blancos y nulos. Por eso, hay quienes creen que no tuvieron la legitimidad suficiente. Años después, el 3 de diciembre de 2017, se volverían a efectuar comicios judiciales.

La Fundación para el Debido Proceso publicó al respecto en 2018 un estudio con el título “Elecciones judiciales en Bolivia: ¿aprendimos la lección?: “Bolivia vino a ser de esta manera el único país del mundo que se vale de este sistema para designar a los magistrados más importantes de la justicia. Sin embargo, la innovación no fue reconocida como exitosa”.

“Algún tiempo después de esa primera elección -dijo esa fundación- muy diferentes actores sociales y políticos, de gobierno y de oposición, coincidían en que los resultados habían sido insatisfactorios; aunque diferían en las razones explicativas de las insuficiencias. Los principales señalamientos, aparte de la constatación de que la administración de justicia no había mejorado, se referían a la interferencia política en la designación de candidatos, el desconocimiento ciudadano sobre los méritos de aquellos entre quienes se debió elegir, la calidad profesional de los magistrados elegidos y la falta de vigilancia social sobre el proceso”.

Si el MAS había logrado elaborar en la Asamblea Legislativa una lista de gente afín a este partido para que fuera luego a votación en las urnas, ¿cuál era el motivo de esta escenificación llamada elecciones judiciales?

Los medios, un dolor de muelas

Y vale la pena hacer un paréntesis para hablar del dolor de muelas de Evo Morales cuando subió al poder y que se convirtió en un frente fastidioso que podía echar a perder sus planes y los de su entorno: los medios de información.

Si bien los medios de otros países habían aplaudido la subida de Evo Morales al poder porque veían como un verdadero avance que un indígena subiera al poder, los medios en Bolivia no necesariamente veían del mismo modo al que habían conocido como dirigente cocalero.

El Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada se había esforzado, a través de su ministro Carlos Sánchez Berzaín, de mostrar a los cocaleros como narcotraficantes con el eslogan de que coca es igual a cocaína. Por tanto, si Evo Morales era dirigente cocalero, era dirigente de los narcotraficantes en esta lógica que dicho gobierno se esmeró en querer demostrar.

Por tanto, la imagen que los medios extranjeros tenían de Evo Morales no era necesariamente la que sus pares en Bolivia tenían del exMandatario. Esto lo sabía el líder del MAS y desde que subió al poder tuvo roces con los periodistas porque pensaba que todo el tiempo complotaban contra él.

A pesar de todos sus esfuerzos para controlar a la mayor parte de los medios de información, sobre todo a través del premio o castigo en la asignación de publicidad y de su influencia tras la compra de algunos, lo cierto es que tanto en ese entonces como años después, no pudo doblegar a todos los medios ni a todos los periodistas.

Tiene, entonces, sentido que antes de la aprobación de la nueva Constitución que incluía una agenda secreta del poder por parte del MAS se hubiera producido la venta de dos medios influyentes en Bolivia: La Razón y ATB. Más allá de cuán transparente fue su venta, con qué dinero se compró y quiénes manejaban los hilos tras bambalinas, ya ha quedado demostrada la tendencia masista de ambos medios desde su adquisición.

Y esos son solo botones de muestra conocidos y visibles sobre lo ocurrido con los medios porque el otro frente estuvo dado por cómo se repartió la publicidad a los medios. Se les dio a unos a manos llenas y a otros prácticamente se les quitó todo por considerarlos contrarios o parte del Eje del Mal o del Cártel de la Mentira como fueron bautizados.

El derecho a la información en juego

Debido a que los medios de información podían terminar echando a perder las elecciones judiciales al revelar que los postulantes eran muy azules, se les ocurrió cómo hacerles callar.

Así nació tres meses antes de las elecciones judiciales del 16 de octubre de 2011 el Reglamento del Régimen Especial de Propaganda. Este contenía una serie de reglas que impedían no solo a quienes eran candidatos, sino a los medios de información en general y a los periodistas en particular hacer su trabajo con toda libertad.

El periódico Opinión publicó el 16 de octubre de ese año lo siguiente: "Este proceso (las elecciones judiciales) se complejizó en extremo debido a una serie de restricciones que impuso el oficialismo en la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, se prohibió todo contacto de candidatos con los medios de comunicación. Tras sucesivos reclamos de los medios y organizaciones de periodistas y trabajadores de la prensa, se flexibilizó la disposición a condición de que a los candidatos se les pregunte solo sobre sus méritos y a todos (124) se los entreviste con las mismas preguntas y durante un tiempo idéntico. El resultado final de esa restricción fue que la cobertura por los medios de comunicación fue mínima debido al elevado número de candidatos y la imposibilidad de generar debate. Los pocos espacios que se ofrecieron en televisión, radio y periódicos resultaron pesados y faltos de expectativa".

A pesar de que se sabía que la elección de postulantes se había politizado al haber trasladado el escenario de la elaboración de la nómina a manos eminentemente políticas en las que el MAS tenía la sartén por el mango de la elección por dos tercios, para la aprobación de tal reglamento se usó el argumento de “proteger como bien jurídico superior la constitución del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional con autoridades independientes e imparciales, sin injerencia política partidaria, económica o de otra índole”.

Para entonces, el MAS no solo había logrado meter todo el cuerpo en los órganos Ejecutivo y Legislativo, sino que tenía un pie en el Órgano Electoral y con las elecciones judiciales del 16 de octubre de 2011, acababa de poner los dos pies en el Órgano Judicial.

Al respecto, Ramiro Orías, Oficial de Programa de la Fundación para el Debido Proceso que ha estado haciendo seguimiento a las reformas electorales de los países andinos en los últimos años, le dijo a Guardiana que cuando se pensaron e hicieron cambios en la Constitución, existía por parte del Gobierno del MAS una agenda de poder oculta que dio lugar a una serie de modificaciones sustanciales que buscaban acentuar el presidencialismo y concentración de poder y estas tocaron a todos los órganos del Estado, entre ellos al Judicial (ver video).

Las contradicciones entre los discursos orales y escritos del MAS en ese entonces y sus acciones parecen darle la razón a Orías cuando habla de una agenda secreta de ese partido. A nivel discursivo, el MAS habló de respetar la independencia judicial y apurar los procesos judiciales para evitar la retardación de justicia; sin embargo, en sus acciones no solo buscó controlar a la justicia, sino que dejó en el limbo de la retardación a sus enemigos políticos una vez que tomó la sartén judicial por el mango.

Uno de los varios ejemplos del uso político de la justicia fue el caso denominado Porvenir por el que fue procesado el opositor Leopoldo Fernández. Si bien la denominada "Masacre del Porvenir" sucedió el 11 de septiembre de 2008, recién en 2017 dictaron sentencia de 15 años de prisión contra él; pero antes lo habían dejado en el limbo durante nueve años. Y el 9 de diciembre del año pasado, el Tribunal Sexto de Sentencia de la ciudad de La Paz dispuso la libertad irrestricta, pura y simple del exprefecto de Pando.

Los casos "groseros" de manipulación

Se puede, por tanto, indicar que seis años después de asumir el poder, el MAS logró borrar el 16 de octubre de 2011 cualquier huella de independencia que pudiera existir en la mayoría de los órganos del Estado, por no decir en todos.

El constitucionalista José Antonio Rivera le dijo a Guardiana que Bolivia arrastra una crisis judicial desde hace décadas. Pero durante el Gobierno del MAS esta fue profundizada llevando a la justicia a un estado casi terminal.

A los casos judiciales manejados políticamente de manera "grosera", a la persecución judicial de adversarios políticos o personas que pensaran diferente y a las decisiones azules asumidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional que hicieron posible las reelecciones de Evo Morales, Rivera se refiere en el siguiente video.

Jueces provisionales, atados de manos

Las elecciones judiciales de 2011 incluían, en la agenda oculta del MAS, el desmantelamiento de las autoridades judiciales en Bolivia para ser sustituidas por personas afines a ese partido. La nueva Constitución se convirtió en la llave para este tipo de acciones.

Otra acción fue convertir a las y los jueces en "provisionales" de la noche a la mañana. No era un detalle menor. Se les estaba despojando de ese modo de su seguridad y, con ello, de su independencia para dejarlos a merced de los hilos políticos mediante los que empezaron a manejarlos.

Y el Consejo de la Magistratura empezó a hacer de las suyas. En 2017, a 80 jueces y 26 vocales les agradeció por sus servicios y los cesó.

Al respecto, la abogada Soraya Santiago da más detalles y explica qué ocurrió entre la aprobación de la Constitución en 2009, las elecciones judiciales en octubre de 2011 y la situación actual de los jueces, de los que ni siquiera se sabe con exactitud cuántos hay en Bolivia ni cuánto por ciento de estos son de carrera. Lo único que se sabe es que hasta el 2018, según ella, los jueces provisionales alcanzaban un 80 por ciento. Y este gran problema que tiene que ver con la independencia de la justicia no ha sido aún resuelto como Santiago explica en el video.

"La cuestión de la 'provisionalidad' de muchos jueces ha captado la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha observado que, cuando las designaciones son provisionales y por períodos indefinidos de tiempo, sin ninguna garantía de estabilidad, los jueces podrían tomar 'sus decisiones solo con el objeto de complacer a la autoridad de la cual depende la renovación de su nombramiento o permanencia en el cargo'. En 2013 la Comisión identificó los nombramientos en provisionalidad de las y los operadores de justicia como uno de los problemas más frecuentes que, en la región, menoscaban la independencia judicial".

“La independencia judicial en América Latina: Las consecuencias de la permanencia en el cargo y los procesos de designación judicial” de Bingham Centre for the Rule of Law
El presupuesto judicial y la autonomía económica

No es posible hablar de independencia si no existe autonomía económica y suficientes recursos. En Bolivia, como en otros países, esto se ve reflejado en el Presupuesto General del Estado. La Constitución del país indica al respecto:

“Constituyen garantías de la independencia judicial: el desempeño de los jueces de acuerdo a la carrera judicial y la autonomía presupuestaria de los órganos judiciales”.

Artículo 178 de la Constitución Plurinacional de Bolivia

¿Cuánto dinero se asignó al sector justicia en Bolivia en los últimos 14 años e incluso antes? Para responder a esta pregunta, Guardiana pidió a un economista y analista de presupuestos que trabajó en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas durante los últimos años que levantara estadísticas sobre el dinero destinado a la justicia desde 2001 hasta 2020.

Esto debido a que en el último tiempo, diferentes organizaciones y personas han estado manejando distintas cifras sobre el porcentaje asignado al sector de la justicia en Bolivia en relación a todo el Presupuesto General del Estado. Unos han hablado del 0,54 por ciento en 2019, otros del 0,9 por ciento e, incluso, un candidato dijo que es el 0,3 por ciento en el debate realizado el domingo 4 de octubre.

Estas variaciones pueden deberse, en parte, a que a la hora de hablar del sector de la justicia no es suficiente pensar en el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional, sino en todas las entidades que tienen algo que ver con el trabajo judicial en Bolivia, tal el caso del mismo Ministerio de Justicia o de los defensores públicos que dependen de este.

Por ello y como se verá tanto en las cifras como en la lista de entidades, el análisis que hoy publica Guardiana incluye a todas aquellas instancias que algo tienen que ver con la justicia en el país.

Y a partir del análisis se puede concluir que al sector de la justicia en el país se le dio en 2019 y para este año el 0,8 por ciento del Presupuesto General del Estado, después de diez gestiones de haberle otorgado el 0,6 por ciento como se puede ver en la siguiente infografía.

Al respecto, el analista José Antonio Rivera aclaró que en otros países se da más del 1 por ciento a la justicia y citó algunos ejemplos, entre ellos Honduras, Guatemala y Costa Rica.

La voz de la exViceministra de Presupuesto

A fin de conocer la manera en que se manejó el presupuesto destinado a la justicia en Bolivia durante el Gobierno del MAS se entrevistó a Magaly Churruarrín Saavedra, exviceministra a.i. de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, entre diciembre de 2019 y julio de 2020, y exDirectora General de Programación y Gestión Presupuestaria desde 2008 a 2020.

Ante la observación de que antes del Gobierno del MAS se había llegado incluso a dar el 1,6 por ciento del presupuesto de Bolivia al sector de la justicia y durante la administración de este partido se disminuyó y estacionó el porcentaje en el 0,8 por ciento, la exViceministra a.i. de Presupuesto dijo que no solo se deben mirar los porcentajes, sino las cantidades, las que evidentemente subieron. Sin embargo, después ella admitió que las asignaciones eran hechas de acuerdo a techos previamente fijados. La observación de los porcentajes permite apreciar que, en todo caso, se debió pensar en un techo que no pasara del 1 por ciento o menos.

¿Por qué no se pensó en algún momento en un techo mayor al 1 por ciento del presupuesto para la justicia tomando en cuenta los siguientes importantes problemas?

  • Hoy existe un hacinamiento carcelario del 269 por ciento (como se puede ver en la siguiente infografía).
  • La mitad de los municipios no tienen un juez, un fiscal y un defensor público.
  • Cada fiscal del eje del país tuvo el año pasado unos 943 casos a su cargo y esto produce retardación en la justicia.
  • Los juzgados anticorrupción siguen atendiendo también los casos de violencia hacia la mujer ocasionando impunidad.

Ante la pregunta que incluía la lista de carencias y problemas enumerados, la exViceministra a.i. de Presupuesto reconoció que el dinero dado no fue suficiente para cubrir todo lo mencionado.

Sin embargo, ella en gran parte atribuyó la falta de dinero para la creación de juzgados, ítems y otros a la deficiente gestión de la justicia en el país a la hora de disponer del presupuesto asignado.

La exViceministra aseguró que a pesar de compromisos asumidos para destinar dinero a lo urgente e imprescindible como, por ejemplo, contar con más juzgados en el país, se optó por seguir contratando personal administrativo.

Tan problemático se volvió este asunto que Magaly Churruarrín contó que en 2012, el Ministerio de Economía mandó una nota a la Contraloría para que tome cartas en el asunto. Pero, la Contraloría no hizo nada porque argumentó que al no existir un convenio firmado, no podía hacer nada. Al respecto, explica los detalles en el siguiente video:

En la infografía sobre el presupuesto asignado al Órgano Judicial y al Tribunal Constitución Plurinacional en Bolivia, se podrá observar que efectivamente, entre los años 2006 y 2020, se aumentó la cantidad de dinero otorgada al Órgano Judicial de 2.253 millones de bolivianos a 4.682 millones de bolivianos.

En todo caso, como podría llamar la atención que en 2001, el Gobierno de entonces destinó el 1,6 por ciento del presupuesto general al sector justicia, se habló al respecto con el exviceministro de Justicia de esa época, Carlos Alberto Goitia, quien explicó que en ese entonces tuvieron que realizar una serie de inversiones (ver video).

Más de una autoridad ha reconocido que el presupuesto asignado a la justicia no es suficiente. La presidenta transitoria de Bolivia, Jeanine Áñez, dijo el 4 de enero de este año durante la inauguración del “Año Judicial 2020” que la justicia “necesita alrededor de 200 millones de dólares adicionales para la creación de nuevos juzgados y construcción de infraestructura y equipamiento”.

La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, María Cristina Díaz, habló de la falta de independencia judicial. Dijo que el Órgano Judicial sufrió un “avasallamiento durante años” y llamó a sus colegas a hacer un “mea culpa como punto de partida para recuperar la credibilidad”.

César Muñoz Acebes, investigador senior de la División de las Américas de Human Rights Watch, y Alan García Campos, jefe de Misión en Bolivia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, explicaron en un encuentro virtual que hoy los candidatos a la Presidencia de Bolivia tienen la gran oportunidad de impulsar una gran reforma de la justicia en el país, acabando con la impunidad, la falta de transparencia e independencia y trabajando hacia el futuro respetando los derechos humanos de todas y todos los bolivianos.

La lista de ajustes aconsejados por esas y otras organizaciones internacionales es larga. No solo hay que recuperar la independencia judicial, sino darle a la Fiscalía independencia para llevar adelante investigaciones transparentes; capacitar a forenses, hacer ajustes en leyes ambiguas para su aplicación y, sobre todo, terminar con la impunidad mediante la investigación transparente e independiente, entre otras medidas.

Y, ojo, tampoco se trata de hacer tabla rasa nuevamente con quienes son altas autoridades judiciales en este momento en Bolivia, advierte Soraya Santiago porque recuerda que para los cambios, existe a nivel internacional una serie de recomendaciones. De lo contrario, se estaría nuevamente atentando contra la justicia en Bolivia.

PROPUESTAS DE LOS CANDIDATOS

Guardiana preguntó a la directora ejecutiva de la Fundación Construir dedicada a la justicia en Bolivia, Susana Saavedra, y al constitucionalista Juan Antonio Rivera si en la lectura que realizaron de los programas de los candidatos a la Presidencia del país encontraron alguno que planteara reformas estructurales e integrales y una independencia total de la justicia. Ellos respondieron que no y Rivera dio más detalles sobre todo aquello que quienes son candidatos no tomaron en cuenta en sus programas:

Al margen de las propuestas escritas, quienes son candidatos han estado coincidiendo verbalmente en la necesidad de llevar adelante una reforma de la justicia. Sin embargo, no ha quedado muy claro qué es todo lo que esta incluiría ni cómo lo harían, y esto tampoco se ve reflejado en sus planes de gobierno de forma integral, de los que Guardiana recupera lo más importante de cinco de los siete partidos que tienen mayores opciones para las elecciones según las encuestas.

MOVIMIENTO AL SOCIALISMO

En el programa del MAS-IPSP que tiene como candidato a la Presidencia al exMinistro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, no se menciona el tema de presupuesto para el sector de la justicia; sin embargo, asegura que este sector debe ser transformado y los próximos años reconstruido.

En cuanto a la posibilidad de disminuir o anular la politización de la justicia y poner freno a los "padrinos políticos" de jueces y fiscales, este partido señala que se hará una selección de autoridades judiciales bajo criterios de transparencia y meritocracia, "con la finalidad de contar con un Órgano Judicial idóneo, probo y meritocrático".

Recuerda que en 2018 Bolivia ingresó a la nueva era del notariado, con la posesión de notarios seleccionados en forma transparente por méritos y examen de competencia, con la participación del Sistema de la Universidad Boliviana en la evaluación, "dejando de lado las designaciones por favores políticos y poco transparentes".

¿Cómo disminuir la carga procesal? En su programa, el MAS se limita a recordar que se promulgó la Ley 1104 de Creación de Salas Constitucionales con el objetivo de generar la especialización de juristas en el área del derecho constitucional que contribuye en la reducción de la carga procesal.

El 8 de mayo de 2019, se promulgó la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal con el objetivo de simplificar los procedimientos a través de la incorporación de la notificación digital, limitar el uso de la detención preventiva, fortalecer la oralidad en el proceso penal y eliminar el formalismo en actuados procesales.

En cuanto a la necesidad de que los jueces dejen de ser provisionales y se respete la carrera judicial en Bolivia, no hay nada en la propuesta del MAS-IPSP.

Sobre la posibilidad de mejorar la Rendición de Cuentas de la Justicia para una mayor transparencia y control por parte de la población, tampoco existe una propuesta del MAS-IPSP.

COMUNIDAD CIUDADANA

El tema de presupuesto para la justicia no figura en el Programa de Gobierno de Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa como candidato a la Presidencia. Ni en el primer programa ni en el actualizado.

En el inicio de su propuesta sobre este tema, Comunidad Ciudadana anuncia la separación de sus funciones de las autoridades judiciales elegidas en los comicios judiciales de 2017, a las que califica de ilegítimas, ya que los votos nulos y blancos superaron ampliamente a los válidos.

¿Cómo deberían ser elegidas las autoridades judiciales? Comunidad Ciudadana plantea la incorporación de un comité de evaluación y calificación de trayectoria y méritos profesionales de los postulantes. Dicho comité estaría compuesto por abogados destacados que estarían acompañados de representantes de la sociedad civil. Esta modalidad también se aplicaría en la designación de fiscales. Esto supone, según el programa de gobierno, una ruptura del monopolio de la clase política en este proceso.

Otra promesa es el reemplazo de los palacios de justicia por centros ciudadanos de justicia que trabajarían de manera descentralizada en los municipios. Dentro de sus ambientes trabajarían jueces, fiscales, policías, mediadores, conciliadores, autoridades indígena originario campesinas, defensores públicos, forenses y otros servicios especializados.

Este frente político también plantea digitalizar los servicios judiciales para evitar en la medida de lo posible el traslado de litigantes a los juzgados y reducir los márgenes de discrecionalidad y arbitrariedad de los funcionaros judiciales. Los centros ciudadanos de justicia estarán equipados con nuevas tecnologías para eliminar la corrupción, retardación, impunidad y mala aplicación de la ley.

Jueces y fiscales serían capacitados en curso de alto nivel académico de postgrado y cursos cortos. Esta capacitación será el eje del desarrollo de la carrera judicial para que los funcionarios puedan progresar solo sobre la base de sus méritos, capacidad y buena conducta.

Las autoridades del Defensor del Pueblo y de la Contraloría General serán designadas, según CC, por su independencia, confiabilidad y excelencia personal y profesional.

También plantea la reforma y modernización de la Policía, de Ministerio Público y del sistema carcelario.

CREEMOS

El programa de Creemos, cuyo candidato a la Presidencia es Luis Fernando Camacho, prevé la elaboración de un Plan de Fortalecimiento del Órgano Judicial para la construcción y mejoramiento de la infraestructura judicial, el equipamiento y personal. La previsión es llegar a asignar en el año 2025 un presupuesto equivalente al 1% del PIB.

La elección de altas autoridades pasaría a la Asamblea Legislativa Plurinacional a partir de ternas elaboradas en el Consejo de la Magistratura en un proceso público, competitivo y transparente.

Se prevé crear la carrera judicial mediante una ley que deberá definir las formas de selección, continuidad laboral y remoción de personal.

En el marco de la propuesta resalta que constituyen garantías de la independencia judicial el desempeño de los jueces de acuerdo a la carrera judicial y  la autonomía presupuestaria de las entidades de la justicia.

“Realizando un análisis de la labor desempeñada por los juzgados y tribunales de justicia en el período democrático que transcurre entre el año 1982 al presente, podemos afirmar que el Órgano Judicial no cumple con ninguna de las funciones asignadas; pues no existe un control jurisdiccional efectivo al ejercicio del poder político. Al contrario, se advierte una peligrosa y lamentable subordinación del sistema judicial a quienes detentan el poder político”.

Plantea una reforma del sistema judicial estructural que incluye lo siguiente: presupuesto, descentralizar la administración de la justicia, la educación y formación, y la capacidad profesional.  

En su propuesta, este frente político garantiza el acceso a los juzgados y tribunales, en igualdad de condiciones y la obtención de una sentencia o resolución debidamente motivada en derecho en un plazo razonable.

Según este partido, dando cumplimiento a la Constitución y demás normativa siendo el país un Estado constitucional de Derecho, la misión fundamental del Órgano Judicial es la de resguardar y preservar el Estado de Derecho y la seguridad jurídica de todos los bolivianos; a través de un control jurisdiccional sobre los actos de quienes detentan el poder político y el poder económico.

También indica que el sistema judicial debe preservar la plena vigencia de los principios democráticos; garantizar la convivencia pacífica, resguardando y protegiendo los derechos humanos fundamentales; pacificar la sociedad, resolviendo los conflictos y controversias emergentes de la aplicación de la Constitución y las leyes; y garantizar la seguridad jurídica y ciudadana.

Cuestiona que no se despliegan las acciones efectivas para preservar los principios democráticos. Indica que esto se ha comprobado en las últimas elecciones subnacionales, en las que frente a graves violaciones de esos principios, denunciados a través de acciones de defensa, el sistema judicial no ha tomado decisiones razonables para reparar efectivamente las graves irregularidades cometidas por el Organismo Electoral Plurinacional.

Y cree que existe una violación de los derechos humanos fundamentales de las personas, especialmente de aquellos grupos sociales vulnerables, situación no reparada por el sistema judicial del Estado, pues los jueces y tribunales extreman todos sus esfuerzos para denegar la tutela o protección de los derechos, haciendo primar el formalismo procedimental frente a la verdad material.

Por ello, los conflictos y controversias no son resueltos de manera razonable, justa ni con la oportunidad debida, al contrario, existe una lamentable retardación de justicia. En definitiva, no existe seguridad jurídica, ni ciudadana. 

La crisis estructural que atraviesa el sistema judicial hace que la justicia se debata entre los que detentan el poder y los que no detentan, siempre y cuando los administradores de justicia sean creyentes de su fe y capacidad para poder resolver dichas controversias que se originan por aquellos que son incapaces o buscan el ilícito para enriquecerse a costa de los más necesitados.

Ante esta situación, ese partido indica que la injusticia está por encima de la justicia según los siguientes razonamientos: un elevado número de bolivianos y bolivianas no puede acceder a los servicios judiciales, debido a la falta de juzgados y tribunales de justicia. Indica que de 337 municipios que conforman el Estado boliviano, solamente 180 cuentan con esos servicios, siendo esta una de las causas para que el Estado básicamente no garantice a todas las personas lo siguiente: acceso a los juzgados y tribunales, en igualdad de condiciones; obtención de una sentencia o resolución debidamente motivada en Derecho en un plazo razonable y no garantiza la ejecución de la sentencia emitida por los jueces y tribunales. 

FRENTE PARA LA VICTORIA

El Frente Para la Victoria (FPV), que propone a Chi Hyun Chung como candidato a la Presidencia, expone su propuesta sobre el sistema judicial con el subtítulo “Por una justicia oportuna y transparente”. Lo más parecido a una modificación de los recursos financieros de justicia está resumido en la propuesta para “mejorar la infraestructura de los locales judiciales” sin entrar a explicar cómo ni con qué recursos.

La carrera judicial y la elección de jueces no son objeto de tratamiento en la propuesta, cuyo eje central gira alrededor de buscar la transparencia mediante procesos de información a los usuarios: el uso de notificaciones electrónicas y hacer que las sentencias sean públicas.

ALIANZA 21- LIBERTAD  Y DEMOCRACIA

Con relación a los presupuestos, de manera general la Alianza 21, que tiene como candidato a la Presidencia a Tuto Quiroga, indica en su Programa de Gobierno que se aplicará el concepto de gestión por resultados (plan-presupuesto-ejecución-seguimiento-evaluación), que parte de la idea de que todo lo que haga el sector público tiene que beneficiar a la población.

Con respecto al sistema de justicia, plantea acciones –dice– para asegurar su transparencia e independencia: implementar un sistema de selección y elección por méritos de magistrados de los tribunales Constitucional y de Justicia. La medida incluye a los que aspiran dirigir la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General.

Señala que la meritocracia sería la vara que mediría la capacidad de los futuros jueces y también de los conductores del Ministerio Público.

Propone desarrollar la carrera judicial y fiscal que asegure la permanencia en sus funciones solo de los buenos profesionales. Los otros serán apartados de sus cargos y reemplazados. Además, prevé capacitaciones y evaluaciones permanentes.

No se lee nada concreto con relación a la sobrecarga procesal. Pero se plantea reformar el Código Penal para reestructurar “el catálogo de delitos” y racionalizar el sistema de penas, y el Código de Procedimiento Penal “equilibrando la rapidez de las decisiones de los jueces con la justicia de esas decisiones y agilizando la atención de los conflictos penales de menor cuantía”.

Promete adaptar el sistema de justicia a las nuevas tecnologías para permitir el acceso a la información, y mejorar la gestión y el desempeño judicial con la digitalización de registros, celebrar audiencias por videoconferencias… También ofrece democratizar el uso de medios alternativos de solución de controversias.

Plantea empoderar al ciudadano sobre sus derechos a la transparencia institucional, la petición y la rendición de cuentas, y también a las universidades públicas y privadas para ejercer control social de las decisiones judiciales.

La punta del ovillo...

Por todo lo visto y expuesto se puede decir que cuando el MAS asumió el poder en Bolivia el 22 de enero de 2006 se encontró con un Órgano Judicial y un guardián constitucional que le mostraban los dientes que, según Evo Morales, tenían los colores de partidos como ADN, MIR y MNR.

La aprobación de la nueva Constitución en 2009 fue la llave que les permitió a Evo Morales y a su entorno asumir el control de la justicia después del 16 de octubre de 2011 con las primeras elecciones judiciales que sirvieron como argumento para cambiar de golpe a las autoridades judiciales. Aunque ni en esos casos se aconseja a nivel internacional llevar adelante tal medida de forma abrupta y total.

Tanto analistas bolivianos como organizaciones internacionales opinaron que, en realidad, llevar a las urnas la elección de autoridades judiciales no fue una buena idea, peor tomando en cuenta que quienes hicieron la lista de los "elegidos" fueron parlamentarios de un Órgano, el Legislativo, sobre el que el MAS también tenía control. Así, los postulantes que se ofreció a la población con el rótulo de transparencia e independencia fueron, en realidad, azules afines al MAS.

El 16 de octubre de 2011, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Agroambiental fueron pintados de azul.

A quienes estaban más abajo, jueces y juezas, se les puso la etiqueta de "provisionales" y se los dejó en el limbo hasta hoy porque desde ese lugar es mucho más fácil manejarlos. Con ello, adiós cualquier viso de independencia. Se sabe que hasta el 2018, el 80 por ciento de jueces y juezas eran aún provisionales.

Pero tomar el control de la justicia presentaba otros problemas más, uno de ellos la presencia molestosa y curiosa de periodistas que ponían en peligro los planes del MAS de incluir una agenda secreta del poder en la nueva Constitución que le permitiera al entonces presidente Evo Morales quedarse por mucho tiempo en el poder.

Por ello, tres meses antes de las elecciones judiciales de 2011, se aprobaron normas que evitaron a las y los periodistas averiguar más sobre el pasado de los candidatos azules y, al final, tales comicios terminaron siendo lo menos informado de todo lo conocido sobre elecciones en Bolivia desde la recuperación de la democracia en 1982.

Esos fueron los inicios de una serie de persecuciones judiciales de adversarios políticos, de decisiones judiciales a favor de las reelecciones de Evo Morales y de un largo etcétera que algunos de los entrevistados por Guardiana explicaron. Sin embargo, este material es solo la punta del ovillo.

Los candidatos a la Presidencia no tienen un plan integral y completo que permita no solo reformar la justicia, sino independizarla totalmente, según los expertos y de acuerdo a la revisión de sus programas de gobierno.

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