Por Guardiana (Bolivia), fotos portada RPP
Jueves 25 de marzo de 2021.- El delito de terrorismo en el Código Penal boliviano es una figura jurídica amplia y ambigua, lo que en derecho se conoce como un tipo penal abierto que se presta a toda clase de arbitrariedades y así, en este escenario, una conducta cualquiera podría ser tipificada como acto terrorista y la persona acusada podría recibir una sentencia de 15 a 20 años de prisión.
El director para la Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, dijo en entrevistas con medios de información y en su cuenta de Twitter que fruto de esa ambigüedad es que se pudo abrir un proceso contra el expresidente Evo Morales, en 2020, y lo propio sucede actualmente contra la exmandataria Jeanine Áñez, en ambos casos sin evidencias plenas.
La abogada constitucionalista boliviana Soraya Santiago coincide con ese diagnóstico. Dijo a Guardiana que organismos internacionales se manifestaron en sentido de que Bolivia debiera tipificar de manera clara y objetiva el delito de terrorismo.
Vivanco y César Muñoz Acebes, investigador de Human Rights Watch, escribieron una columna de opinión titulada La justicia como revancha, publicada en el diario español El País. El texto inicia así:
“Es paradójico que la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, esté detenida, entre otros, por el delito de 'terrorismo'. Durante su gobierno, que terminó en noviembre, los fiscales usaron la misma definición de 'terrorismo', que es excesivamente amplia y ambigua en la legislación boliviana, para perseguir a su antecesor, Evo Morales. Ambos casos ponen de manifiesto los riesgos que entraña un sistema de justicia que responde al poder de turno, y la necesidad urgente de impulsar una reforma profunda".
El artículo 133 del Código Penal, relacionado con el delito de terrorismo, fue modificado mediante Ley 262 del 31 de julio de 2012, durante una de las administraciones de Evo Morales.
En líneas generales, ese artículo señala que será acusado de terrorismo quien cometa delitos contra la seguridad común, la salud pública o atente contra los medios de transporte; o contra la seguridad e integridad de jefes de Estado extranjeros u otras autoridades para intimidar o mantener alarma en la población u obligar a un gobierno u organización internacional realizar un acto o abstenerse de hacerlo; subvertir o alterar el orden constitucional o deponer al gobierno elegido.
También será acusado de terrorismo quien se apodere de una aeronave en vuelo o buque mediante la violencia, el que cometa un atentado violento o quien entregue, coloque, arroje o detone un artefacto explosivo en un lugar público. Se sanciona a quien promueva, crea, dirija, forme parte o preste apoyo a una organización destinada a la realización de las conductas tipificadas en este artículo 133.
Al final menciona que las conductas que busquen reivindicar los derechos humanos, sociales u otro derecho constitucional no serán sancionadas por el delito de terrorismo.
¿QUÉ DICE LA RESOLUCIÓN DE APREHENSIÓN?
Los fiscales redactaron la orden de aprehensión de Jeanine Áñez sobre la base de la denuncia de la exdiputada del MAS Lidia Patty Mullisaca. En el documento se lee que el caso fue abierto contra Luis Fernando Camacho (gobernador electo de Santa Cruz) y otros.
Luego se hace una relación de hechos. El primero es que Camacho declaró ante los medios de información, el 5 de noviembre de 2019, que había llegado a La Paz después de haber superado el bloqueo "gracias al apoyo de la Policía y de militares, quienes le brindaron paso para sus hangares, por lo que se presume que un golpe de Estado estaba en desarrollo".
También se recuerda que el 8 de noviembre se inició el motín policial en la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) de Cochabamba y que se sumaron otras unidades en otros departamentos con la misma consigna, "conforme a lo planificado por el Sr. José Luis Camacho y Luis Fernando Camacho y otros". José Luis Camacho es el padre de Fernando.
En el documento se asegura que a las 17:00 del 10 de noviembre de 2019, Luis Fernando Camacho se trasladó hacia la plaza Murillo custodiado por policías y civiles, ingresó a Palacio de Gobierno y dejó una carta en la que recomendaba la renuncia de Evo Morales.
También se rememora que a las 16:34 de ese mismo día, el entonces comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, general Williams Kalimán, leyó un pronunciamiento en el que comunicaba a la opinión pública que ante la escalada de conflictos y velando por la seguridad de la población se ha sugerido a Evo Morales que renuncie a su mandato. Hace notar que lo hizo de conformidad al artículo 20 de la Ley Orgánica de las FFAA.
Dicho artículo señala: Las atribuciones y responsabilidades fundamentales del Alto Mando Militar son:
- Definir los principios básicos doctrinarios que rigen la vida Institucional de las Fuerzas Armadas.
- Analizar las situaciones conflictivas internas y externas para sugerir ante quien corresponda las soluciones apropiadas.
- Fiscalizar el manejo de los recursos financieros y el patrimonio de las Fuerzas Armadas.
- Determinar los objetivos de las Fuerzas Armadas a fin de alcanzar la seguridad, la Defensa y el Desarrollo Nacional.
La resolución de aprehensión asegura que tanto a Policía como las Fuerzas Armadas decidieron no obedecer a la autoridad electa y, al contrario, recibieron órdenes para custodiar a personas como Fernando Camacho y otras sin tener competencia ni facultades jurídicas para hacerlo y que, más bien, usurparon funciones públicas.
El documento agrega: "Por todos los actos sediciosos, conspirativos, por ende terroristas de estos sujetos, en fecha 10 de noviembre del 2019, el presidente Juan Evo Morales Ayma, con el riesgo eminente (sic) de perder la vida y velando por el pueblo boliviano para que no sean masacrados, humillados, para que sus hermanos ministros, alcaldes, familiares y otros no sean castigados en represalia por el golpe que se gestaba en su contra, obligado por las circunstancias de un golpe estaba consumado, contra su voluntad y por el bien mayor que es defender la vida de los bolivianos renuncia a la Presidencia del Estado boliviano..." (se copió tal cual está escrito).
Relata que también dimitieron el exvicepresidente Álvaro García Linera, la expresidenta del Senado Adriana Salvatierra y el expresidente de la Cámara de Diputados Víctor Borda. Se asegura que estas renuncias obedecieron a razones de seguridad personal y familiar.
LISTA DE DENUNCIADOS
Líneas más abajo se lee el subtítulo sobre elementos de convicción sobre la probable participación de un grupo de personas entre las que no figura el excívico cruceño Luis Fernando Camacho. Una sola mujer está en la nómina de acusados por terrorismo, sedición y conspiración.
El texto a continuación dice que en las investigaciones preliminares y preparatorias se han acumulado "indicios que ilustran de manera suficiente la probable participación" de Arturo Murillo Prijic, Palmiro Gonzalo Jarjuri Rada, Jorge Gonzalo Terceros Lara, Jorge Pastor Mendieta Ferrufino, Jorge Elmer Fernández Toranzo, Jeanine Áñez Chávez, Yerko Martín Núñez Negrete, Luis Fernando López Julio, Álvaro Rodrigo Guzmán Collao y Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo.
LA VISITA DEL AÑO 2020
Human Rights Watch visitó Bolivia en febrero de 2020 para investigar los hechos de violencia registrados después de que Evo Morales renunciara a la Presidencia, el 10 de noviembre de 2019 y saliera del país rumbo a México y luego a Argentina.
El Movimiento al Socialismo se proclamó ganador de la contienda electoral de octubre, a la que la oposición calificó de fraudulentas. Una comisión de la OEA le puso la misma etiqueta a los comicios.
Días después de la dimisión de Morales y otras autoridades políticas del oficialismo que por sucesión constitucional debieron hacerse cargo del país, la senadora opositora Jeanine Áñez asumió la Presidencia en un régimen transitorio que debía entregar el poder a un gobernante electo en las urnas.
En su visita, HRW entrevistó a decenas de personas y entonces llegó a la conclusión de que no había sustento en las acusaciones de terrorismo y otros delitos que el gobierno de Áñez y sus colaboradores atribuyeron al exmandatario y sus seguidores.
Analizó 21 casos, pero no encontró evidencia consistente en las denuncias, más bien sí pudo verificar atropellos al debido proceso, vulneraciones a la libertad de expresión y el abuso de la detención preventiva, y pidió a la Fiscalía levantar los cargos por terrorismo contra Morales. Este y sus excolaboradores más cercanos no fueron detenidos.
La tortilla dio la vuelta, cuando el masista Luis Arce Catacora venció en las elecciones de octubre de 2020. Decenas de detenidos fueron liberados por la Fiscalía.
El 10 de marzo de 2021, Áñez fue detenida y acusada de terrorismo, sedición y conspiración, junto con dos de sus exministros por los hechos de 2019 que llevaron a la renuncia de Morales. Hoy, están con detención preventiva. El gobierno del MAS alega que hubo golpe de Estado y no fraude.
Además, el Ministerio de Justicia presentó cuatro acusaciones para juicios de responsabilidades que ya fueron aceptadas por la Fiscalía General. Todavía está pendiente otra denuncia penal.
En otro mensaje de Twitter, Vivanco asegura que en el caso contra Jeanine Áñez no hay evidencias de terrorismo y esto hace despertar sospechas de que se trata de un proceso con móviles políticos.
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