Miriam Telma Jemio, La Paz (Bolivia)
Cada tres horas, una adolescente de entre 15 y 19 años se embaraza en Bolivia. Este dato, contenido en el informe de población de este año del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), ubica a este país en el segundo lugar de fecundidad de América Latina, después de Honduras. La defensa de los derechos y la libertad de decidir de todas las personas es un asunto pendiente. En Bolivia, el tema se aborda en normas como la Constitución y una ley dirigida a las y los jóvenes; sin embargo, las mismas no se han plasmado en políticas y acciones concretas y sostenibles.
Los principales problemas son la ausencia de una educación integral sobre derechos sexuales y reproductivos en el sistema educativo; la falta de acceso a los métodos anticonceptivos de manera sostenida en el sistema de salud; el hecho de que los recursos para prevención no están bien establecidos y existen sectores de la población con creencias culturales contrarias a abordar el tema de la sexualidad. Para el UNFPA, la falta o mal uso de métodos anticonceptivos es la causa principal del embarazo en la adolescencia.
Las últimas estadísticas en la región establecen que hubo descenso en los embarazos de jóvenes de 15 a 19 años, pero aumentó en menores de 15 años. “Sigue en aumento en donde todavía no llega la educación sexual integral, donde todavía no llegan los anticonceptivos, donde los padres siguen con pautas culturales muy fuertes”, lamenta Ana Angarita, representante del UNFPA en Bolivia.
Esta problemática no es reciente, ya en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD) en El Cairo, en 1994, se realzó el empoderamiento de la mujer y la necesidad de mejorar la situación de las niñas, junto al derecho a la salud sexual y reproductiva como estrategia importante para la reducción de la pobreza, mejora de la salud y la calidad de vida.
Ha pasado un cuarto de siglo desde entonces y en Bolivia “hay avances, pero hay mucho por hacer”, dice Ana Angarita. Una de esas mejoras es que la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en su artículo 66, garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.
Para Mónica Novillo, directora de la Coordinadora de la Mujer, los derechos sexuales y reproductivos se han quedado en la Constitución, es decir, que no se han hecho efectivos como los otros derechos de las mujeres contemplados en la Carta Magna. Por ejemplo, el derecho a una vida libre de violencia se institucionalizó en más de una normativa: la Ley 348 o Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia; la Ley 263 contra la Trata y Tráfico de Personas y la Ley 243 contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres.
En abril de 2004, el Legislativo aprobó la Ley Marco sobre Derechos Sexuales y Reproductivos, sin embargo, el entonces presidente Carlos Mesa no la promulgó y la devolvió con observaciones que no eran puntuales. En ese entonces, quien dirige la Oficina Jurídica para la Mujer, Julieta Montaño, denunció que Mesa fue presionado por el Nuncio Apostólico, en concordancia a la fuerte campaña que hizo la Iglesia Católica para frenar la aprobación de la norma. En una entrevista con Guardiana publicada el 22 de julio, Montaño contó que luego en el Gobierno de Evo Morales tampoco quisieron aprobarla con el argumento de que no darían luz verde a leyes producidas por el neoliberalismo y que ellos, el MAS, harían dicha normativa, lo que hasta 2019 no ocurrió.
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“Hay -explica Novillo- una serie de normas que se ha desarrollado, pero los derechos sexuales y reproductivos se han quedado en el artículo 66 de la Constitución y no han avanzado en el reconocimiento de cuáles son esos derechos, de qué estamos hablando, y tenemos una muy débil política pública para garantizar los derechos sexuales y reproductivos en el marco de las políticas de salud”.
Novillo considera que las consecuencias se ven en el aumento del embarazo adolescente porque las y los jóvenes no están recibiendo la información necesaria desde el sistema educativo o desde el sistema de salud que les permita planificar su vida.
Considera que el Estado tiene que trabajar con los padres y madres, que son los que se oponen a que se incluya en la currícula educativa temáticas relacionadas a derechos sexuales y reproductivos. “Los padres de familia -dijo Novillo- salen a las calles para hacer campañas contrarias y ultra fundamentalistas evitando, así, que se encare de manera frontal el problema del embarazo adolescente. Evitan que les llegue la información oportuna en la edad adecuada”.
Está comprobado, según Novillo, que si el sistema educativo da información que les permita a las y los jóvenes tomar decisiones, estos tardarán más en iniciar su vida sexual, porque no los sorprende y se empoderan los niños y las niñas, los y las jóvenes con sus derechos sexuales y reproductivos para tomar decisiones por sí mismos.
Para Wilfredo Valle, responsable de Planificación de la ONG Centro de Capacitación y Servicio para la Mujer (Cecasem), existe una normativa favorable para trabajar en prevención como son la Constitución y la Ley 342 de la Juventud que en diferentes artículos señala que se tiene que promover el ejercicio de los derechos y, también, el Plan Plurinacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes y Jóvenes (PPEAJ) 2015-2020; aunque lamenta que no se implemente en el área rural.
Cecasem comenzó a trabajar con proyectos productivos y de empoderamiento económico de las mujeres y, en ese contexto, se percató de que las participantes abandonaban el proyecto porque quedaban embarazadas de manera precoz para hacerse cargo de sus bebés. Por ese motivo, dicha organización incursionó en proyectos de salud sexual y reproductiva enfocados en la prevención y dirigidos principalmente a las y los estudiantes de secundaria.
A Cecasem le tocó sortear nuevas reglas impuestas por el Ministerio de Educación, pero ya está transversalizando el tema a través de los Proyectos Socioproductivos con la implementación de rincones de aprendizaje, para lo cual dota de material didáctico y guías a los maestros, por ejemplo títeres y videos. De hecho, ha desarrollado una metodología propia.
“Buscamos -explica Valle- no crear resistencia en los padres de familia. En las comunidades rurales, tienen la idea de que se lleva a los jóvenes a un despertar en el tema sexual. En Quiavaya (La Paz), estamos trabajando seis años y hay mucha resistencia. El machismo es muy fuerte y hay una cultura de adulto centrismo. Los jóvenes están invisibilizados, aunque tienen derechos, no se les reconocen”.
Cecasem trabaja además en la prevención de la violencia contra la mujer y sí incluye a los estudiantes de Primaria, que no participan en los temas de salud sexual que algunas ONG consideran que deberían estar incluidos.
“Cuando hablamos de las niñas, la educación sexual tiene que iniciarse en edades tempranas porque eso ayuda también a prevenir la violencia sexual, porque gran parte de los embarazos que se registran son producto de violencia sexual, de agresores del entorno familiar”, explica Novillo, quien tiene la seguridad de que la educación sexual desde temprana edad, incluso desde la primera infancia, ayudaría a prevenir la violencia sexual y los embarazos no deseados.
Novillo y Valle coinciden en que se deben asegurar los servicios de salud para que acudan las y los jóvenes, con personal que entienda sus problemáticas y puedan responder a sus necesidades de información. “Para que tengan acceso -añade la Directora de la Coordinadora de la Mujer- a anticonceptivos eficaces, modernos y gratuitos y, al mismo tiempo, a educación sexual integral en la escuela. Todavía no tenemos una articulación (entre salud y educación), por eso tenemos embarazos adolescentes, en algunas regiones más que en otras, con tasas de fecundidad muy altas: jóvenes de 19 años ya tienen hasta tres hijos”.
“Hay diferencias significativas entre población rural versus población urbana, la urbana tiene mayor acceso y facilidad de consultar en internet y acercarse a un servicio, a diferencia de áreas rurales, donde es difícil acceder a servicios de salud y educación” (Ana Angarita, representante del UNFPA en Bolivia).
Esa realidad es con la que está lidiando Cecasem, que ahora está trabajando en Quiavaya (La Paz) y San Borja (Beni). Tras brindar información sobre la normativa en temas de derechos de las mujeres a vivir libres de violencia o de acceder a sus derechos sexuales y reproductivos, la organización ve que existe poca capacidad de responder, por ejemplo, en el servicio de salud.
“Trabajamos en el fortalecimiento de capacidades del personal de salud, pero luego de un tiempo los cambian y otra vez se tiene que empezar”, lamenta el responsable de Planificación de Cecasem. Finalmente, los jóvenes y las mujeres les increpan porque no hay dónde ejercer los derechos indicados en las normas porque, por ejemplo, no hay una casa de acogida o el servicio de salud no tiene anticonceptivos.
Comprar condón en un supermercado es más fácil que hacerlo en una farmacia. “Eliges el que quieres y pagas. No tienes que preguntar a nadie el precio ni explicar cuál quieres como en la farmacia. En el súper es levantar lo que quieres comprar y pagar”, dice Ramiro, que cursa el tercero de secundaria en la ciudad de La Paz. No sucede lo mismo con sus pares de Quiavaya donde no hay supermercado ni farmacia.
A estas dos situaciones se enfrentan los jóvenes que ya llevan una vida sexual activa. El acceso a métodos anticonceptivos todavía está restringido a una gran mayoría por diferentes razones, así como la falta de información sobre su uso.
Los avances
- En un recuento realizado por el UNFPA, a propósito de sus 50 años, se resalta la aprobación de la Constitución Política del Estado de 2009, cuyo artículo 60 garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.
- La Constitución incluye también un catálogo de derechos para las mujeres, por ejemplo el artículo 15 establece el derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad; el artículo 45 señala el derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural, con especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal; el derecho a no ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos y se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad.
- Desde la gestión pública se buscó incorporar elementos de la salud sexual y salud reproductiva en la política “Salud Familiar, Comunitaria e Intercultural” (SAFCI), que priorizó actividades de promoción y prevención de la salud familiar, obviando la salud reproductiva y la anticoncepción como una intervención preventiva.
- Este marco constitucional permitió posteriormente la aprobación del Decreto Supremo 066 que instauró el Bono Juana Azurduy para favorecer el acceso de las mujeres en el área rural a un parto institucional en el servicio de salud pública.
- El Ministerio de Justicia aprobó el Plan Quinquenal de Igualdad de Oportunidades “Mujeres construyendo una nueva Bolivia para vivir bien”, a objeto de transversalizar el enfoque de género y desarticular los mandatos coloniales y patriarcales.
- En Bolivia, se aprobaron el Plan “Hacia la salud universal” (2010); la Ley 045 contra el Racismo y toda Forma de Discriminación (2010); la Ley 070 de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez (2010), la Ley 243 contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres (2013) y la Ley 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, esta última reconoce 16 formas de violencia, incorpora en el Código Penal la tipificación de feminicidio y crea la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV).
- En 2013, se aprobó además la Ley 342, Ley de la Juventud, que tiene por objeto garantizar a las y los jóvenes el ejercicio pleno de sus derechos, incluido el derecho a solicitar y recibir información y formación, en todos los ámbitos de la salud, derechos sexuales y derechos reproductivos.
- El 2014 marca un hito fundamental para los derechos sexuales y derechos reproductivos con la inclusión del implante subdérmico y el condón femenino en la oferta del sistema público de salud y con la Sentencia Constitucional 0206/2014 que da el derecho a las mujeres a acceder a la interrupción legal del embarazo producto del delito de violación sin autorización judicial. Además, el Ministerio de Salud aprobó el Procedimiento Técnico para la Prestación de Servicios de Salud para la Interrupción Legal del Aborto (ILE), en el marco de dicha sentencia.
- En materia de niñez y adolescencia, se promulgó la Ley 548 del Código Niña, Niño y Adolescente (2014), que faculta a las y los adolescentes a acceder a los servicios de salud sexual y salud reproductiva. El marco legislativo referido a jóvenes y adolescentes favoreció el desarrollo de intervenciones del UNFPA para estas poblaciones. Se organizaron los Consejos Municipales de la Juventud con los gobiernos municipales. Se instalaron, hasta el 2015, las unidades municipales de la juventud en 14 municipios. En 2015, se aprobó el Plan Plurinacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes y Jóvenes 2015-2020.
- En 2016 se aprobó la Ley 897 de Identidad de Género, que norma el cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen de personas transexuales y transgénero en toda documentación pública y privada vinculada a su identidad, permitiéndoles ejercer de forma plena el derecho a la identidad de género.
- En 2017, se aprobó el Código del Sistema Penal, que incluye varias medidas para facilitar a las mujeres el acceso a la justicia; sin embargo, por la presión del sector médico, fue abrogado en 2018.
- En 2019, con la Ley 1152 del Sistema Único de Salud (SUS) se garantiza la atención de servicios de salud sexual y reproductiva para hombres y mujeres que no cuentan con ningún tipo de seguro a corto plazo.
- En marzo de este año, se creó el Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización “Ana María Romero”, como una demanda de la agenda de despatriarcalización y descolonización de las organizaciones sociales de mujeres y se declaró como prioridad nacional la lucha contra la violencia hacia las mujeres y la prevención del embarazo en adolescentes.
- El Gobierno incluyó el tema de derechos sexuales y reproductivos en la Ley de la Juventud y luego lanzó el Plan Plurinacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes y Jóvenes (PPEAJ)
Los retos
En julio de este año, el Gobierno emitió un decálogo de 10 pactos para luchar contra los feminicidios que será ejecutado por el Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización. Su directora Tania Sánchez señaló, en un evento público, que la agenda de despatriarcalización prioriza como uno de sus ejes el fortalecer el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, además de poner especial atención a la disminución de los embarazos de adolescentes.
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"Esta tarea -dijo Sánchez- no se hace solo con políticas o con acciones específicas, es una tarea multidimensional que hay que trabajar en torno a la prevención de la violencia, al ejercicio de todos nuestros derechos, a la salud, a la educación, al vivir bien. Esa tarea es la sumatoria de nuestros esfuerzos de todos y todas que en el país han contribuido desde distintos espacios”.
La Directora de Servicio de la Mujer adelantó que este año, junto a las organizaciones de mujeres y la Asamblea Nacional, se fortalecerá a una delegación país para que participe en el encuentro de Nairobi, en noviembre, y el que se desarrollará en Beijing el próximo año. “Para que pueden participar, aprender y compartir estos logros del país. Pero también nuestro desafío es aprender y ver cómo podemos recuperar las experiencias para seguir fortaleciendo y seguir avanzando”.
La Representante del UNFPA en Bolivia remarcó que para no dejar a nadie atrás, “tenemos que profundizar y ser creativos y abordar las desigualdades sociales económicas, culturales y políticas. Tenemos que tomar medidas contundentes, mediante las cuales pongamos un alto a la violencia que acaba con la vida de las niñas, adolescentes y mujeres”.
Angarita manifestó que el UNFPA quiere que en la cumbre mundial en Nairobi, los estados, las autoridades, la academia y la empresa privada ratifiquen su compromiso de cumplir con la agenda de Cairo del acceso y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, porque hay deudas con la población de mujeres y jóvenes.
“Es tiempo de avanzar y cada día más para que el artículo 66 de la Constitución sea una realidad”, remarcó Angarita, para quien es importante que eso se “traduzca en políticas con presupuesto, en accesos a anticonceptivos, en educación sexual integral”.
La agenda pendiente
En el recorrido histórico de los 50 años de la UNFPA se ven los avances pero hay mucho por hacer, dice Celia Taborga, representante auxiliar de UNFPA.
“Los derechos sexuales y reproductivos no se ejercen de la misma manera, no todas las personas pueden acceder, es más, la mayoría de la población está al margen como la población indígena, las personas con discapacidad. Para las adolescentes, para las diversidades sexuales ejercer sus derechos está limitado”, remarca.
En su análisis identifica seis temas pendientes:
1. Debemos transformar el imaginario sobre la sexualidad porque hasta ahora está entendida como solo con fines procreativos. Se nos niega, con este imaginario, el deseo, el placer como el fundamento básico del ejercicio de la sexualidad.
2. Todavía no estamos asegurando temas como la anticoncepción. Y también está pendiente el bajar las tasas y eliminar, ojalá, las muertes maternas prevenibles.
Viendo las cifras, el 24,3 % de la población en 1994 tenía la necesidad insatisfecha de planificación familiar, en 2016 era el 23,2. Es decir, esa necesidad insatisfecha bajó apenas en 1%.
En la población adolescente está peor: en 1995 el 30, 2% tenía la necesidad insatisfecha y en 2016, era el 48.1%.
Esto nos muestra que todavía persisten las barreras económicas, culturales y normativas.
3. Se requiere enfrentar la violencia en razón de género en todas sus formas que persisten día a día en el país.
4. Debemos proteger a las niñas y adolescentes de embarazos no deseados, de relaciones sexuales impuestas, de abuso, de violaciones y de uniones forzadas. En nuestro país el 80% es producto de violencia sexual, que la ejercen quienes supuestamente debían protegerlas.
5. Reconocimiento a la diversidad sexual humana, los derechos sexuales y reproductivos de las personas que tienen otra identidad de género que el patriarcado no toma como normal.
6. La necesidad de una educación integral sobre la sexualidad que responda a la diversidad de seres humanos que existen y que responde de una manera más abierta y más clara a una concepción sobre la sexualidad.
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