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Por Guardiana y Rympa, foto de portada de ElNacional.com (Bolivia)

Miércoles 6 de octubre de 2019.- La mañana de este martes, Bolivia se enfrentó al Tercer Ciclo del Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas. No le fue bien. Si en 2010 solo 57 países le habían hecho recomendaciones vinculadas al respeto de los derechos humanos, este martes lo hicieron 91 países sobre medio ambiente, la situación de los pueblos indígenas y quienes defienden los derechos humanos, además de solicitar que se proteja el trabajo de los periodistas y se respete la libre asociación.

¿Qué es este examen conocido como EPU? 

¿Qué es el Tercer ciclo del Examen Periódico Universal de la ONU? "El Examen Periódico Universal (EPU) es un proceso singular -explica la ONU en su portal- que incluye un examen de los expedientes de derechos humanos de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas. El EPU es un proceso dirigido por los Estados con el auspicio del Consejo de Derechos Humanos, que ofrece a cada Estado la oportunidad de declarar qué medidas ha adoptado para mejorar la situación de los derechos humanos en el país y para cumplir con sus obligaciones en la materia". 

Al ser una de las herramientas principales del Consejo, el EPU se concibió para asegurar un trato homogéneo a todos los países cuando se evalúan las situaciones de derechos humanos. El EPU es uno de los elementos clave del Consejo que recuerda a los Estados su responsabilidad de respetar y aplicar plenamente todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. El objetivo final de este mecanismo es mejorar la situación de derechos humanos en todos los países y abordar las violaciones de los derechos humanos dondequiera que se produzcan. En la actualidad, no existe ningún otro mecanismo universal como éste.

Comprende tres etapas: el examen de la situación de los derechos humanos del país revisado, la implementación por parte del Estado examinado de las recomendaciones que le hicieron y los compromisos que asumió de manera voluntaria y la tercera, la información en la siguiente revisión de la implementación de dichas promesas y de la situación de los drecho shumanos desde la última revisión.

Gobierno boliviano omitió información

Aunque en la intervención inicial de Alto Nivel, liderada por el Ministro de Justicia, Héctor Arce, se resaltaron algunos progresos frente a los derechos de los pueblos indígenas, el Estado Plurinacional omitió mencionar sobre el respeto a los derechos de defensoras de Derechos Humanos y del medio ambiente; la violación del derecho a consulta previa de los pueblos indígenas o el etnocidio de pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIAV).

El ministro de Justicia, Héctor Arce, fue el encargado de informar en la ONU (foto, captura).
Aumentan países que observan

No obstante, 91 países hicieron recomendaciones a Bolivia, entre ellos Canadá, Alemania, Austria, Francia, Bélgica, Perú, Nicaragua o Namibia, hicieron por primera vez recomendaciones sobre los mayores problemas que enfrentan hoy día los pueblos indígenas en Bolivia relacionados a la consulta previa en las actividades extractivas y de las mujeres indígenas defensoras de derechos.

Es destacable que los países que elevaron recomendaciones han aumentado desde los anteriores ciclos del Examen Periódico Universal. En 2014 solo 76 estados hicieron recomendaciones y en 2010, fueron 57.

Durante el diálogo, el Reino Unido y Alemania formularon preguntas al Estado Plurinacional de Bolivia. Específicamente en relación a los pueblos indígenas afectados por la explotación de recursos naturales, en casos como Jach´a Marka Tapacarí Condor Apacheta, Choquecota Marka del Suyu Jacha´a Carangas, Marca Quila Quila, Takana II y Takovo Mora.  Así como sobre planes para introducir una legislación integral sobre la contaminación causada por metales pesados ya que los niveles de emisiones de mercurio que generan las actividades mineras siguen en aumento. O las medidas para lidiar con la impunidad generalizada en caso de violencia a minorías.

Ajustar la normativa en minería e hidrocarburos

Dinamarca recomendó ajustar el marco legal del sector de minería e hidrocarburos de acuerdo con el convenio 169 de la OIT, incluso mediante la reforma de la ley de Minería 535 y el Decreto Supremo 2298 para garantizar el derecho al consentimiento libre, informado y previo.

Es destacable que 14 nuevos Estados de África, las Américas, Europa, Asia y Oceanía hicieron recomendaciones a Bolivia en relación a su situación de derechos humanos de pueblos indígenas y quienes abogan por sus derechos.

Suecia pide revisar una ley y un Decreto

En este sentido, destacamos que Suecia haya recomendado la revisión de la Ley 351 de Otorgación de Personalidades Jurídicas y el Decreto Supremo 1597 porque restringen los derechos de la sociedad civil a la reunión y asociación pacíficas; asegurar que los defensores de los derechos humanos y los derechos ambientales, incluidos los críticos con las políticas y opiniones del gobierno, puedan realizar sus actividades sin intimidación.

La ley 351 ya había sido observada en Bolivia más de una vez y por más de una organización y abogado. Ya el exdefensor del Pueblo, Rolando Villena, había observado que vulneraba el derecho a la libre asociación, garantizada por la Constitución boliviana e incluso presentó un recurso de inconstitucionalidad, pero el Tribunal Constitucional rechazó la objeción.

Ahora las  ONG, fundaciones y organizaciones sin fines de lucro deben adecuar sus normas internas y si no finalizan el trámite perderán sus personerías jurídicas sin reclamo posterior.

En agosto de 2015, el Gobierno amenazó con echar de Bolivia a las ONG CEDLA, CEDIB y a las fundaciones Tierra y Milenio porque supuestamente hacen política en lugar de investigación.

Piden proteger el trabajo de periodistas

En el mismo sentido la República Checa insistió en las recomendaciones del ciclo pasado relacionadas con la protección al trabajo de periodistas, defensores de derechos humanos, pueblos indígenas y ONG.

Precisamente, al respecto en los últimos días se han producido nuevas agresiones a periodistas de Bolivia, sobre todo desde que el 20 de octubre se produjeran las elecciones nacionales que dieron lugar a acusaciones de fraude contra el MAS.

Sin embargo, actualmente la falta de protección al trabajo de quienes son periodistas continúa. El 28 de octubre, la Defensora del Pueblo de Bolivia, Nadia Cruz, exigió a las autoridades que garanticen la seguridad de los periodistas en el país. A pesar de ello, no solo han continuado las agresiones, sino que han aumentado como ocurrió este martes 5 de noviembre en La Paz.

Este último martes, periodistas de medios de información como El Deber, Página Siete y las redes de televisión privadas Unitel, ATB y de radio Líder 97 sufrieron agresiones físicas y verbales de parte de sectores afines al Gobierno. Por ello, algunos medios como Página Siete decidieron replegar a su personal de ese lugar.

Leer también: https://guardiana.com.bo/especiales/oficialistas-y-opositores-intercambian-acusaciones-de-racismo-y-disciminacion/

Ministro de Justicia: "Absoluta libertad de expresión"

El ministro de Justicia, Héctor Arce, dijo durante su informe ante la ONU que en Bolivia existe "absoluta libertad de expresión", pese a que "una infinidad de medios de comunicación miente descaradamente". E incluso aseguró que no hay periodistas procesados o presos.

"En nuestro país -dijo el Ministro de Justicia de Bolivia- contrariamente a lo que se dice, existe la más absoluta libertad de expresión. Esa libertad de expresión se traduce en el hecho de que varios medios de comunicación faltan a la verdad descaradamente, yo no voy a mencionar aquí quienes son. (Pero) se han dado que infinidad de medios de comunicación tergiversan la noticia".

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