Por Guardiana, fotos gentileza de Opinión (Bolivia)
Domingo 9 de marzo de 2025.- Milagros cumpliría 14 años este 2025 si su padre no la hubiese torturado, violado y asesinado. Fue el primer caso sentenciado como feminicidio en Cochabamba, gracias a la promulgación de la Ley 348 que hoy cumple 12 años.
Milagros era la hija de Karina y Juan Marcelo Arce (en expedientes no figura el segundo apellido del agresor). Él tenía una esposa de la que aún no se había divorciado y dos hijas fruto de ese matrimonio. Para él, Milagros era la prueba de su infidelidad.
Ambos tuvieron una relación de dos años cuando llegó el embarazo. Pero, su relación se fue deteriorando. Los papeles del divorcio prometido nunca llegaron a manos de Karina y tampoco el compromiso de cumplir la responsabilidad económica con la niña.
Era un martes 31 de julio del 2012 cuando Juan Marcelo le pidió a Karina que dejara a la pequeña —que en ese entonces tenía 14 meses— en su fuente de trabajo, el almacén de la Alcaldía de Cochabamba, ubicado en las instalaciones del colegio exMejillones, en la calle Baptista, del cual era el encargado. Supuestamente quería compartir más tiempo con su hija. Se quedó a cargo de ella desde las 14:30 hasta las 19:00 de ese día.
La Plaza 14 de Septiembre de la ciudad de Cochabamba fue el punto de encuentro para que Juan Marcelo entregara a la niña a su madre. Estaba envuelta en un aguayo, medio dormida. Karina no notó nada extraño hasta que llegó a su casa.
Ante el llanto constante de la niña, Karina la revisó y se dio cuenta de que tenía moretones en diferentes partes del cuerpo y una herida en el pie derecho. Inmediatamente llamó al padre para increparlo, pero éste negó cualquier tipo de maltrato y aseguró que se había caído mientras jugaba.
A la mañana siguiente, primero de agosto, Karina acudió a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia junto al abogado Alain Lora para presentar una denuncia contra el padre de Milagros.
El caso fue remitido al Ministerio Público para que inicie una investigación. La fiscal ordenó un examen forense. El resultado salió el mismo día y la conclusión contundente: Milagros tenía tres costillas fisuradas, parte del cuero cabelludo desgarrado, le faltaba una de las uñas del pie derecho y tenía una fractura del hueso fémur. La médico forense determinó 25 días de impedimento; tiempo que luego fue ampliado a 45 días por el tipo de lesiones.
El 3 de agosto el agresor acudió a la citación de la Defensoría de la Niñez y respondió escuetamente a las preguntas, sin aceptar su culpa: "No sé a qué viene esa denuncia porque mi persona la tuvo a la niña en mi trabajo y hay bastante gente y no podría hacer".
Después de la primera agresión a la niña, Juan Marcelo logró convencer a Karina para que desista de la denuncia, con la promesa de que daría 500 bolivianos de asistencia familiar y que cambiaría el trato hacia ella y Milagros.
El delito era grave, ¿por qué no hubo celeridad en la investigación? La denuncia estaba sentada en la Defensoría de la Niñez y el caso había sido remitido al Ministerio Público, existía un examen forense, ¿por qué no se aplicaron medidas de protección y se realizó un seguimiento al caso? ¿Cuál de las dos instancias incumplió sus deberes o fueron ambas?
Para el abogado Marcelo Berbetty Quiroga, quien fue el encargado de llevar el juicio contra Juan Marcelo por el asesinato de Milagros, la Fiscalía debió velar por la seguridad posterior de la menor y también de la madre, quien, según un familiar de Karina, era manipulada psicológicamente por su expareja y padre de su hija.
“La Fiscalía tendría que haber aplicado medidas de protección familiar, entre ellas, la prohibición de que el padre tenga contacto con la menor. Además, si la Defensoría de la Niñez hubiera realizado el seguimiento respectivo al caso, quizá Milagros todavía estaría entre nosotros”.
Abogado Marcelo Berbetty Quiroga
El retraso en la investigación queda reflejado en el hecho de que el juicio oral y el dictamen de la sentencia ocurrieron cuando la niña ya estaba muerta y el agresor había sido sentenciado a 30 años de cárcel.
El día en que murió Milagros
Desde la primera agresión grave a la niña pasaron seis meses... El lunes 14 de enero del 2013, Juan Marcelo se comunicó con Karina para pedirle que lo ayudara con un trámite de su línea telefónica que estaba a nombre de ella. Mientras tanto, él cuidaría de la pequeña en el almacén de la Alcaldía donde trabajaba. Ella accedió porque pensó que no tardaría más de dos horas en la diligencia. Dejó a Milagros a las 15:00.
Alrededor de las 16:30, un trabajador de la Alcaldía ingresó al almacén en busca del encargado. Allí encontró a Juan Marcelo con la niña entre sus brazos, desnuda y envuelta en una manta rosada, inconsciente. Según las investigaciones posteriores, su intención era deshacerse del cuerpo, pero al verse descubierto, pidió ayuda a ese compañero para que llame a un taxi y le dijo: "Mi hija se ha atorado con un chocolate y agua, mientras fui a comprar un pañal, no está respirando".
Al verlo tan nervioso, decidió acompañarlo al hospital pediátrico Manuel Ascencio Villarroel. Durante el trayecto, intentaron reanimarla, pero Milagros seguía inconsciente.
En Emergencias del hospital, los médicos que revisaron a Milagros detectaron signos de violencia física extrema por todo el cuerpo. Intentaron salvarla, pero la niña no aguantó y falleció a las 17:30 de ese lunes 14 de enero del 2013.
Mientras tanto, a esa hora, Karina llegó a la Alcaldía para recoger a su hija, donde le dieron la mala noticia. Desesperada acudió a Emergencias para verla, pero no pudo hacerlo porque Milagros, su niña de 20 meses, ya estaba muerta. A gritos, después de hablar con los médicos, acusó a Juan Marcelo: "Tú me la has matado. Tú violaste a mi hija".
El informe médico señalaba que Milagros había muerto por una hemorragia interna, la ruptura del hígado, del bazo y de las asas intestinales. Los múltiples moretones en su cuerpo, las heridas en sus partes íntimas y las costillas fisuradas eran la prueba del ataque violento y sádico que sufrió la niña.
Todos los indicios apuntaban a que el autor de la muerte era Juan Marcelo. Cuando la Policía llegó al hospital para realizar el levantamiento del cadáver, después de la denuncia de los médicos, lo primero que hizo fue detener al sospechoso para evitar su fuga.
Ingresa en escena la Ley 348 a dos meses de la muerte de Milagros
Con todos los antecedentes del caso, la Fiscalía realizó la primera imputación contra Juan Marcelo Arce por asesinato con agravantes y violación contra una menor, delitos tipificados en el Código Penal boliviano. El juez determinó la detención preventiva del acusado.
Por lo trágico y violento, el caso causó revuelo en la sociedad y la investigación contó con la ayuda de peritos del Instituto de Investigaciones Forense (IDIF) de La Paz, quienes recolectaron 18 muestras en la escena del crimen que ayudarían a identificar al autor de los hechos.
Durante su detención, Juan Marcelo nunca admitió su culpabilidad. Mantuvo la versión de que Milagros se había atorado con un chocolate y agua, lo que provocó una caída y su posterior muerte.
La investigación mostraba otra realidad, el padre la había golpeado e intentado asfixiar, le destrozó los orificios anal y vaginal con algún objeto (que nunca fue encontrado), la arrojó al piso y la pisoteó hasta dejarla moribunda.
A los dos meses de la muerte de Milagros, se aprobó y entró en vigencia en el país la Ley 348, la norma que combate y sanciona la violencia contra las mujeres. Ante este panorama, el abogado de la madre, Marcelo Berbetty Quiroga, solicitó una nueva imputación para que el delito fuera retipificado como feminicidio. La solicitud fue aceptada y el caso tomó un nuevo giro.
A 14 meses del suceso, ocurrió un cambio inesperado, Juan Marcelo admitió haber asesinado a su hija y solicitó someterse a un juicio abreviado. Para Berbetty, este cambio radical en la postura del agresor, estuvo influenciado por su nuevo abogado defensor, quien lo habría convencido de que dijera la verdad.
30 años de cárcel para el padre agresor
El 22 de mayo del 2014 fue el día D, Juan Marcelo recibió la sentencia máxima de 30 años sin derecho a indulto, que debía cumplirse en la cárcel de El Abra. Ese día fue histórico, se hizo justicia con Milagros y la sentencia quedó registrada como la primera en Cochabamba por el delito de feminicidio.
Han pasado 12 años desde el hecho trágico. La vida de Karina nunca volvió a ser la misma. No se casó ni tuvo más hijos. Cada año, recuerda el cumpleaños de Milagros con una misa especial, en la que su familia la acompaña para brindarle su apoyo y consuelo.
Juan Marcelo cumple su condena en la cárcel de Chonchocoro (según datos del abogado), donde habría sido trasladado en 2018, después de un conflicto en El Abra. Él cumplió 46 años el primero de septiembre del año pasado y si no hubiese matado a su hija, ella cumpliría 14 este año.
La hora de las evaluaciones a 12 años de la Ley 348
Mucho se ha hablado y escrito sobre la Ley 348 desde hace años y hay coincidencia en afirmar que si bien hay aspectos que deben ser mejorados en la misma, el mayor problema siempre estuvo en su aplicación por los escasos y deficientes recursos humanos y económicos destinados a la misma. Eso sin contar la falta de transversalidad de otras acciones que debieron ser puestas en ejecución en la sociedad como, por ejemplo, campañas educativas de prevención y la puesta en marcha de una educación más inclusiva y equitativa. Incluso se aprobaron otras leyes posteriormente, en pos de hacer algunos ajustes, que también fueron puestas en tela de juicio, tal el caso de la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal que fue criticada por generar un vacío legal que beneficia a los criminales.
La representante de la Fundación Voces Libres y abogada del Observatorio de Justicia de esta institución, que brinda atención legal y gratuita a víctimas de violencia intrafamiliar y a familiares de mujeres que murieron en manos de feminicidas, Mercedes Cortez, realizó para Guardiana una evaluación sobre la aplicación actual de la Ley 348 que este año cumple 12 años de vigencia.
“Durante el 2013, año en que se aprueba la ley, hubo renuencia para aplicarla: por desconocimiento, porque estaba enraizada esa mirada de naturalizar la violencia a las mujeres. Hubo algunos casos de feminicidios que fueron juzgados con causales de asesinato, homicidio culposo u homicidio por emoción violenta”.
“Con el tiempo se fue unificando y, creo que a partir del 2015, comienzan a tipificarse los feminicidios con mayor seguridad y transparencia. Sin embargo, en los últimos dos años, he visto que otra vez se está intentando retrotraer la aplicación de esta ley. Hay casos que son feminicidios y no han sido juzgados como tales: por ejemplo, el caso de una señora de la tercera edad que fue violada y asesinada por un enajenado mental de su pueblo y el delito fue tipificado como homicidio”.
“Pienso que el trasfondo, concluyó Cortez, es invisibilizar la muerte de las mujeres, porque la cifra de feminicidios que se publica anualmente cuenta y es una vergüenza para el gobierno de turno mostrar que los casos siguen aumentando en lugar de reducirse”.
En la siguiente infografía se podrá ver el número de feminicidios en Bolivia desde la aplicación de la Ley 348 el año 2013. El año 2018 fue el más sangriento.
¿Y la salud mental?
El abogado Eduardo Mérida, quien atendió varios casos de feminicidios en Cochabamba, indicó que la atención de la salud mental en casos de violencia intrafamiliar es un asunto pendiente en la Ley 348.
“Las familias son el núcleo de la sociedad. Cuando al interior de ellas se presentan casos de violencia de diferente índole, es importante que se realicen intervenciones —una especie de consejería— que permitan diagnosticar los problemas psicológicos en sus integrantes, para encontrar los mecanismos que permitan afrontar y solucionar esos problemas”.
Es innegable que cada persona tiene experiencias de vida diferentes, que —muchas veces— se arrastra traumas de infancia que pueden afectar negativamente en las relaciones interpersonales; por eso, según Mérida, es urgente que los municipios habiliten centros gratuitos de atención integral para las familias donde exista violencia intrafamiliar.
El abogado explicó que en varios países apenas se presenta una denuncia de este tipo, hay una intervención profesional de psicólogos y trabajadores sociales que atienden a los miembros de la familia y brindan ayuda para un manejo integral que combata la violencia. “En nuestro caso, no existe esta instancia en la normativa legal, a las autoridades nos les interesa y todo se quiere solucionar con la cárcel”.
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