Guardiana/Cochabamba (Bolivia)
Durante los primeros 40 días de 2019, Jefferson Nascimento, especialista en derecho internacional y activista de derechos humanos, registró mediante monitoreo de noticieros televisivos, prensa y otras fuentes 138 asesinatos de mujeres por motivos de género y 77 tentativas de homicidio. Hasta el 28 de abril, ya tenía registrados 620 intentos de feminicidio, la mayoría consumados. A esa cifra hay que añadir el hecho de que Brasil concentra el 40 por ciento de los feminicidios en Latinoamérica.
El 27 de febrero de este año, la Sexta.com publicó que cada hora 536 mujeres sufren una agresión física en Brasil. Más de 16 millones de mujeres, el 27,4 por ciento de las brasileñas, sufrieron algún tipo de violencia, según las cifras del Foro de Seguridad Pública, que señalan que el 76,4 por ciento de esos ataques provenían del círculo de las víctimas. Las más afectadas, hasta un 42 por ciento del total de las agredidas, son víctimas de entre 16 y 24 años. Además, un 28 por ciento son mujeres de raza negra.
En 2018, de acuerdo con el Foro Brasileño de Seguridad Pública, se registraron 1.173 casos de feminicidios, lo que representa un aumento del 11 por ciento con relación a 2017, cuando hubo 1.047 casos. Dentro de las motivaciones analizadas en estudios de diversas organizaciones contactadas por CNN, se encuentran el odio y desprecio buscando controlar la voluntad de la mujer a nivel mental, físico, emocional, moral y sexual.
El estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE) informó que la población de Brasil llegó a 208.494.900 habitantes en julio de 2018. En elecciones, ellas representan el 52,5% del electorado, es decir, 77,3 millones de los 147 millones de votantes habilitados para votar en ese país.
La abogada Silvia Pimentel, profesora de Derecho en la Universidad Católica de São Paulo e integrante del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas (Cedaw), dijo a IPS que “el principal factor es que las mujeres ya no aceptamos los papeles sociales que nos impone la sociedad patriarcal y machista. Algunos hombres reaccionan con violencia”. Y el temor de esta especialista es que la proliferación de armas, fomentada por el decreto que firmó Bolsonaro el 7 de mayo, convierta en fatal gran parte de la violencia machista que sufren las mujeres en Brasil.
¿Existe una ley contra la violencia?
Brasil cuenta desde 2006 con la ley Maria da Penha, nombre de la farmacéutica que quedó parapléjica después de que su exesposo intentara matarla en dos ocasiones. La primera vez le disparó con un arma de fuego mientras ella dormía simulando un asalto, causándole paraplejia irreversible; y en la segunda intentó electrocutarla. Al final y después de tanto exigir justicia, a él le dieron ocho años de prisión, de los cuales estuvo máximo dos tras las rejas.
Dino Caprirolo y Laura Jaitman explican que con esa ley fue la primera vez que la violencia doméstica y familiar se tipificaba como un crimen y una violación a los derechos humanos en la legislación brasileña. Se define a la violencia doméstica y familiar como cualquier acción u omisión basada en el género que le cause muerte, lesión, sufrimiento físico, sexual o psicológico, y daño moral o patrimonial a las mujeres. Esto incluye tanto el ámbito de la unidad doméstica definido como el espacio de convivencia permanente, así como el ámbito de la familia entendida como la comunidad formada por individuos que tienen ese vínculo y en cualquier relación íntima de afecto independientemente de la convivencia.
La Ley María da Penha establece tribunales especiales y condenas más estrictas para los agresores, pero también una multiplicidad de instrumentos de prevención y atención a las víctimas. Entre las actividades de prevención se prevé incorporar la temática en los currículos de las escuelas, en los medios de comunicación, la realización de campañas, investigaciones y recolección de datos. Se establece la implementación de atención policial especializada para las mujeres, en particular en las Comisarías de la Mujer, y en otros hogares y centros de auxilio. Se prevé la capacitación de las fuerzas de seguridad para atender estos casos y la coordinación entre el Poder Judicial, el Ministerio Público, y las áreas de seguridad, asistencia social, salud, educación, trabajo y vivienda.
Sin embargo, no era suficiente y, por eso, Brasil introdujo en marzo de 2015 el feminicidio en su Código Penal. La entonces presidenta brasileña, Dilma Rousseff, dio luz verde a tal normativa que agravaba las penas para quienes asesinen a una mujer por razones de género que van de 12 a 30 años de cárcel dependiendo de factores como si una mujer es asesinada estando embarazada, o enfrente de sus hijos u otros familiares o si la víctima es una mujer menor de 14 años, mayor de 60, o es una persona con discapacidad.
¿Víctimas encuentran justicia?
En agosto de 2018, EFE denunció que únicamente el 8 por ciento de los municipios brasileños cuenta con comisarías especializadas en atención a la mujer, lo que hace necesaria la capacitación de los agentes en todo Brasil para identificar el maltrato y el delito de feminicidio y estimular así la producción de estadísticas más precisas.
"Hacer una denuncia en la comisaría de la mujer a veces es muy complicado, a veces las mujeres necesitan una medida de protección y no la ofrecen. Hemos verificado que las mujeres están hablando más, pero todavía no se sienten seguras para proceder a la denuncia", explica a Efe Marcia Victoriano, socióloga y directora de la ONG Nova Mulher.
En su informe anual de enero de 2019, la ONG Human Right Watch (HRW) denunció que en Brasil, un país con más de 200 millones de habitantes, solo existen 74 abrigos de emergencia para mujeres víctimas de maltrato y subrayó "que la policía no investiga miles de casos de violencia doméstica".
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación con los feminicidios en el país y denunció que "las mujeres asesinadas habían anteriormente denunciado a sus agresores, enfrentado graves hechos de violencia doméstica o sufrido ataques o tentativas de homicidio anteriores".
Pese a admitir que la ley que tipifica el feminicidio en Brasil "representó un paso fundamental para visibilizar el carácter discriminatorio que tienen los asesinatos de mujeres en razón de su género", la Comisión señala como "indispensable reforzar las medidas de prevención y de protección".
La falta de información completa
Si bien existen trabajos académicos de investigadores e incluso tesis doctorales sobre por qué sigue escalando la violencia hacia la mujer en Brasil, lo cierto es que uno de los problemas con el que tienen que lidiar quienes intentan dar explicaciones es la falta de información sobre los mismos casos. Quienes han intentado evaluar bases de datos que contienen información sobre feminicidios se han encontrado con una serie de problemas como la calidad de los datos porque en algunos casos no contextualizan cada caso y eso dificulta comprender la dinámica del crimen, entre otros varios problemas que no permiten mirar los feminicidios de forma más profunda.
Al respecto, la iniciativa multilateral Open Gobernment Partnership dice en Datos abiertos sobre feminicidios en Brasil (12 de abril de 2018): “Las mujeres negras de Brasil son sujetas a opresión de género y racial al mismo tiempo y son las principales víctimas de varios indicadores de violencia. Según Bruna Cristina Jaquetto Pereira, investigadora visitante de la Universidad de California en Berkeley, “la violencia en Brasil no es un fenómeno que afecta a todos por igual.” Por el contrario, la violencia muchas veces tiene que ver con el género y la raza”. El “Mapa do Violência” demuestra que la cantidad de muertes violentas al año aumentaron en un 54% entre el 2003 y el 2013. Como referencia, en el mismo periodo, la tasa de asesinato de mujeres blancas se redujo en 9.8%.
Sin embargo, muchas bases de datos de Brasil no categorizan adecuadamente los homicidios de mujeres según su raza o clase, lo que podría contribuir a difundir información equivocada que ignora el aspecto interseccional de los feminicidios. A pesar de la importancia de incluir el desglose de datos por raza y etnia en las bases de datos, nuestra investigación confirmó que solo tres de las bases de datos analizadas incluyeron filtros relacionados con dichos criterios.
Otro factor preocupante son los datos sobre violencia en contra de la población transgénero. A pesar de que este tipo de información es fundamental para desarrollar políticas públicas efectivas para luchar contra la violencia de género, en nuestra investigación no fue posible identificar víctimas transgénero”.
Esta falta de datos no permite levantar investigaciones como la realizada en 2017 en España por 18 universidades, donde 500 personas revisaron uno a uno cientos de “homicidios de pareja” para determinar con mayor precisión el perfil de los victimarios, entre otras cosas. Según las primeros análisis del minucioso trabajo, habría un 20% de agresores que podrían considerarse "sociópatas", hombres con dificultades de integración social, con antecedentes penales o policiales; un 30% que serían inestables emocionalmente. Y un 5% podría clasificarse como psicópatas.
El 8 de marzo de 2017, El País de España publicó el artículo: “¿Qué significa ser mujer en Brasil”. En el país más grande de Latinoamérica, las afrodescendientes y las indígenas siguen estando en desventaja, especialmente en las regiones más pobres, según un nuevo informe del Banco Mundial titulado Retrato de género en el Brasil de hoy.
"La lucha contra las desigualdades raciales y geográficas es fundamental para lograr la igualdad de género, pues es difícil - y en algunos casos imposible - mejorar los indicadores de progreso de las mujeres en su conjunto si ciertos grupos se quedan atrás", escribieron las autoras. "Haríamos un flaco favor si se establecen metas para las mujeres en general cuando se sabe que las no blancas y las residentes del norte, noreste y medio oeste están por debajo de la media", agregaron.
Casos que impactan
El 28 de abril de 2019 se produjo uno de los casos que durante lo que va de este año causó mayor impacto. Una joven embarazada fue encontrada muerta en un terreno estéril en Perus, al norte de Sao Paulo. Diana Pereira da Trindade, de 24 años, fue asesinada por un albañil de 35 años.
El 22 de julio de 2018, una abogada de 29 años llamada Tatiana Spitzner fue agredida por su esposo. Cámaras de seguridad del edificio en el que vivían captó las escenas que muestran que después de ser golpeada durante 20 minutos, fue arrojada desde el cuarto piso. Luego el hombre bajó, subió el cuerpo en el ascensor y una vez que limpió el mismo y su mano de la sangre derramada, se cambió de camisa para intentar huir. Lo atraparon. Se trataba de un caso más donde ya se tenía como antecedente la violencia.
Causó indignación en las redes sociales el hecho de que nadie hubiese acudido a los gritos de auxilio de la joven mientras era golpeada. Por ello, su familia creó una cuenta en redes sociales para incentivar la lucha de las mujeres en contra del feminicidio: "La violencia deja marcas, no verlas deja feminicidios", dice el perfil en Instagram.
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