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Por Carlos Tellería, Cochabamba (Bolivia)

La violencia machista mata el sueño de las mujeres de gozar de una vida libre de agresiones; las pandillas las utilizan para sus fines criminales y la legislación les tiene preparado un boleto a prisión a las embarazadas que aborten, incluso si en sus entrañas llevan el fruto de un abuso sexual.

Así se pinta el cuadro para ellas en El Salvador, un pequeño país centroamericano de 6,4 millones de habitantes y 21.040 kilómetros cuadrados de superficie. Es uno de los más violentos del mundo con una tasa de medio centenar de asesinatos por cada 100.000 habitantes.

En solo una semana de julio de 2019, tres mujeres fueron asesinadas por sus parejas. Sofía Nicole Guzmán, de 23 años, falleció el martes 9. En su cuerpo había señales de estrangulamiento. El principal sospechoso es su pareja, Jorge Luis Salazar Melara, de la misma edad, quien apareció muerto, colgado de un árbol.

Dos días después, el diario La Prensa Gráfica publicaba el reporte policial de feminicidios entre enero y julio: 149 casos hasta esa fecha (34 registrados en enero, 25 en febrero, 19 en marzo, 31 en abril, 19 en mayo, 18 en junio y 3 en los primeros 10 días de julio).

El 15 de julio, hubo otro feminicidio.  Keni Guadalupe Larios, de 35 años, murió a tiros efectuados por su esposo J F M.

Al día siguiente, Martha Elisa de Campos, de 39 años, falleció a causa de las lesiones de arma blanca que le propinara su esposo.

El presidente salvadoreño Nayib Bukele fue muy criticado en las redes sociales porque había utilizado el término "feminicidio pasional” para referirse a este caso. Los usuarios no podían comprender cómo era posible que un dignatario de Estado utilice ese tipo de expresiones.

Cuatro meses antes, el Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer (Isdemu) había indicado que un feminicidio no es un crimen pasional ni agresión doméstica, sino “la expresión más brutal  de odio contra las mujeres y es el resultado de un continuum de violencia que causa daños psicológicos, físicos y emocionales”.

UN CASO EMBLEMÁTICO

La muerte de la periodista Karla Turcios, en abril de 2018, llevó al gobierno del entonces presidente Salvador Sánchez Cerén a declarar alerta nacional contra los feminicidios. El principal sospechoso del crimen fue pareja de la fallecida durante siete años.

Foto de archivo de la periodista Karla Turcios (eleconomista.net).

El cuerpo de la comunicadora fue hallado en una zanja, al lado de una carretera, en el municipio de Santa Ana. Tenía señales de estrangulamiento y la cabeza estaba envuelta con bolsas de plástico.

El grupo de amistades y compañeros del Grupo La Prensa Gráfica dijeron, en su momento, a la Fiscalía que Huezo dejaba a Karla en su fuente laboral y la esperaba afuera.

Un mes después de los sucesos, la Fiscalía General de la República abrió las puertas de la Dirección Nacional de la Mujer, Niñez, Adolescencia, LGBTI y Grupos Vulnerables como parte de sus estrategias de lucha contra la violencia ejercida hacia esas poblaciones.

La coordinación de los asuntos relacionados con la violencia de género, en este caso los feminicidios, fueron encomendada a Ana Graciela Sagastume. A ella le parecía extraño que una mujer joven (33 años) no tuviese vida social. El portal noticioso BBC decía que se estableció que Huezo tenía el control físico, emocional y económico de Karla.

El dictamen de acusación presentado en febrero de 2019 por la Fiscalía General señala que Mario Huezo es culpable de haber cometido el delito de feminicidio agravado.

El Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer (Isdemu) calcula que 67 de cada 100 mujeres sufren violencia en el país y que solo el 6% presenta una denuncia. Este dato es de septiembre de 2018.

El 95 por ciento de los crímenes con víctimas mujeres queda sin castigo, según la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa).

DAÑOS MÚLTIPLES

En un documento del Programa de las Naciones para el Desarrollo (PNUD) y difundido en enero pasado por los medios de información, como El País de España, se describe la experiencia de múltiples atropellos a María, una mujer salvadoreña de 35 años y tres hijos.

Ella no conoció a su padre. Su primer trabajo en el mercado de San Salvador, la capital del país, lo realizaba cuando tenía seis años de edad. A los 12 fue abusada sexualmente y quedó embarazada. Tuvo que dejar el hogar luego de que se madre se casara por segunda vez… su padrastro se negaba a hacerse cargo de ella y su bebé.

Tuvo su segunda hija, pero el padre de la pequeña murió asesinado. Tuvo el tercer hijo, con su tercera pareja, pero se separó por violencia familiar.

El PNUD hace cálculos. Si en El Salvador las mujeres tienen una esperanza de vida de 75 años, María pasó casi la mitad de su existencia rodeada de situaciones violentas. En este país el 93% de las víctimas de delitos sexuales son mujeres y el 43% de ellas son menores de edad.

Una marcha de mujeres salvadoreñas, en mayo de 2018 (foto de La Prensa Gráfica).
UNA LEY ESPECIAL

En 2012 entró en vigencia la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. En ella se fijan las acciones que el Estado pondría en marcha, por ejemplo la creación del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu), que es la institución rectora de la norma para asegurar su cumplimiento, coordinar acciones, formular políticas públicas y convocar en carácter consultivo a la sociedad civil, organismos internacionales y de cooperación.

La ley ordena que la política nacional debe contener programas de detección, prevención y erradicación de la violencia, atención a las víctimas, protección de sus derechos, seguridad ciudadana, formación y capacitación para la inserción laboral y generación de ingresos de las mujeres, además del desarrollo de investigaciones.

Asimismo, prevé la creación de unidades especializadas en diversas instituciones como el Órgano Judicial, la Fiscalía General, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Policía Civil, el Instituto de Medicina Legal, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y otras.

La norma también dispone la creación de casas de acogida para las mujeres víctimas de la violencia de género.

El artículo 9 de la ley especial describe siete tipos de violencia:

  • Violencia Económica
  • Violencia Feminicida
  • Violencia Física
  • Violencia Psicológica y Emocional
  • Violencia Patrimonial
  • Violencia Sexual
  • Violencia Simbólica

Además, toma en cuenta tres modalidades de la violencia: comunitaria, institucional y laboral (artículo 10).

ALGUNAS SANCIONES EN LA LEY

Art. 45. Feminicidio

  • El delito de feminicidio motivado por odio y menosprecio a la mujer recibirá una sanción de 20 a 30 años de prisión.

Art. 46. Feminicidio Agravado

  • El delito de feminicidio será sancionado con pena de 30 a 50 años de prisión en los siguientes casos:
  • Si fuere realizado por funcionario o empleado público o municipal, autoridad pública o agente de autoridad.
  • Si fuere realizado por dos o más personas.
  • Si fuere cometido frente a cualquier familiar de la víctima.
  • Cuando la víctima sea menor de 18 años de edad, adulta mayor o sufriere discapacidad física o mental.
  • Si el autor se prevaleciere de la superioridad originada por relaciones de confianza, amistad, doméstica, educativa o de trabajo.

Art. 48. Suicidio feminicida por inducción o ayuda

  • La persona que indujera a una mujer a quitarse la vida o le ayude a cometer suicidio recibirá una condena de 5 a 7 años de prisión.
PANDILLAS EN ESCENA

Otro fenómeno que azota a El Salvador son las pandillas que se caracterizan por la extrema violencia con la que actúan. Hace un año, una investigación periodística difundida por la BBC revelaba que mujeres jóvenes son buscadas por pandilleros para que se hagan cargo de los hijos de ellos.

Damary es el nombre de una de esas madres a la fuerza. Una noche, un pandillero joven tocó a la puerta de casa y le entregó una niña de unos cinco días de nacida. También le dio en sus manos un teléfono y al acercárselo al oído, ella escuchó la voz de un pandillero privado de libertad, lo reconoció cuando le ordenó que cuidara a la bebé, que ya sabía de quién era… que la estaban vigilando.

La muchacha, que ya tenía una hija de tres años, se resignó a su suerte y con su madre al lado resolvieron criar a las dos niñas, aunque ninguna tenía empleo. A la niña entregada que ya cumplió dos años, tuvo que inventarle un nombre y una fecha de cumpleaños.

En otro caso, María se hizo cargo de un niño de ocho años. La orden y la amenaza eran prácticamente en el mismo tono. Le dijeron que conocían a su familia. A Marcela le dejaron a Tony, un niño de cuatro años.

Al final del material periodístico se hace notar que los nombres de las personas entrevistadas fueron cambiados por seguridad.

Presuntos pandilleros detenidos en El Salvador, en 2018 (Foto de Telemundo).
VIUDAS NEGRAS

Las pandillas también secuestran. Y cuando en su poder tienen a mujeres en edad de casarse, hacen que ellas consigan contraer nupcias con hombres que después eran asesinados para cobrar el seguro de vida.

Las mujeres eran captadas con avisos de empleo. Una de ellas, identificada como Mónica, aceptó trabajar en el servicio doméstico y viajó de sus tierras rurales a San Salvador. Unas semanas más tarde, fue llevada a otra casa donde le amenazaron con matar a su familia si no cumplía sus órdenes: casarse con un hombre que no conocía y convencerlo de que contrate un seguro de vida.

Unas semanas después el marido era asesinado por pandilleros. La viuda debía fingir, llorar a mares para no despertar sospechas. El reporte publicado por la BBC, en junio de 2019, indica que los seguros eran contratados por montos de entre 15.000 y 30.000 dólares.

El Informe Mundial 2019 de la organización Human Rights Watch es categórico cuando asegura que las pandillas, conocidas como maras, ejercen el control territorial y extorsionan en todo el país.

 “Estos grupos –señala el documento– reclutan por la fuerza a niños y niñas y someten a esclavitud sexual a mujeres, niñas y lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (LGBT). Las maras son responsables de asesinatos, desapariciones, violaciones sexuales y desplazamientos de quienes les muestran resistencia, incluidos funcionarios gubernamentales, miembros de las fuerzas de seguridad y periodistas”.

ABORTO PROHIBIDO                      

La legislación salvadoreña contra el aborto es implacable. Luce un rostro duro desde 1998, cuando se decidió eliminar tres casos en los que era posible hacer esa práctica: violación, peligro para la madre y la inviabilidad de la vida del feto, según el diario español El País.

El aborto es completamente prohibido. El Código Penal no hace diferencias. El artículo 129 de ese cuerpo legal señala que un homicidio puede ser catalogado como homicidio agravado con una pena de cárcel de 30 a 50 años, si fuese cometido en circunstancias determinadas.

El numeral 2 de ese código señala textualmente que se considera homicidio agravado “cuando el homicidio ocurriere, en su caso, para preparar, facilitar, consumar u ocultar los delitos de secuestro, violación, agresión sexual, robo, extorsión, actos de terrorismo, asociaciones ilícitas, comercio ilegal y depósito de armas, contrabando, lavado de dinero y activos…”.

 La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto había contabilizado, hasta junio de 2019, unos 148 casos de mujeres procesadas. Esta organización sacó de prisión a 36 de ellas tras haber conseguido que se revisara la sentencia.

En marzo de 2019, la agencia noticiosa EFE informaba que El Salvador, Chile, Nicaragua, Honduras, Haití, Surinam, Andorra y Malta son los únicos países del mundo en los que hay una prohibición absoluta del aborto.

Sin embargo, en Chile rige una ley desde 2017 que despenaliza el aborto en tres causales: si la vida de la madre está en peligro, embarazo por violación y la inviabilidad fetal.

Las historias de las detenidas son estremecedoras. Kenia tenía 19 años cuando perdió a  su hijo y su placenta colgaba de su cuerpo. Pidió ayuda a un policía, pero terminó tras las rejas. Salvadora, en cambio, cuenta que se despertó temprano y cuando iba a comprar maíz sintió que algo le bajó. Le dieron 30 años. Recuerda que su abogado no había estudiado bien el caso. En el juicio dijo que fue violada, pero la denuncia jamás se investigó.

Los familiares de las detenidas no las visitan. Salvadora cree que su ausencia obedece a que no tienen dinero para viajar hasta la cárcel.

Foto principal: PNUD

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